Dos policías de Oaxaca son desnudadas y sometidas a tocamientos por retener a un funcionario

19/04/2016 - 8:54 am

La DDHPO acusa a Jorge Alberto Gamiño García, Regidor de Hacienda, al comandante Pedro Francisco Cruz y a la policía primera encargada de Vialidad, Flor de María Peralta, de violar los derechos humanos de dos agentes de tránsito a quienes además acusaron de robo bajo amenaza de ser despedidas.

Dirección de Seguridad Pública, Transporte y Vialidad de Santa Lucía del Camino. Foto: Gobierno de Oaxaca.
Dirección de Seguridad Pública, Transporte y Vialidad de Santa Lucía del Camino. Foto: Gobierno de Oaxaca.

Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) investiga el caso de dos agentes de tránsito que fueron obligadas a desnudarse y someterse a tocamientos en todo el cuerpo por órdenes de autoridades municipales de Santa Lucía, luego de que las dos policías intentaron infraccionar a un funcionario durante un operativo de alcoholimetría.

La madrugada del pasado 16 de abril las agentes participaban en dicho operativo en Santa Lucía del Camino, Oaxaca, donde le marcaron el alto a un vehículo tipo Atos, cuyo conductor tenía aliento alcohólico, por lo que le solicitaron mostrar sus papeles, pero el infractor se negó de manera agresiva y se identificó como chofer del Regidor de Hacienda del municipio, Jorge Alberto Gamiño García, quien ocupaba el asiento del copiloto.

Las policías viales declararon que los hombres les ofrecieron dinero para dejarlos ir, y aunque en un inicio se negaron, al darse cuenta de que eran personas influyentes permitieron que el vehículo pasara el filtro sin mostrar sus documentos. Sin embargo, el funcionario acudió a la Dirección de Seguridad Pública, Transporte y Vialidad para presentar una queja contra las agentes, a quienes acusó de haberle quitado dinero.

Los policías de tránsito en Santa Lucía tienen como instrucción que si los interceptados en el alcoholímetro son funcionarios del municipio y no pasan la prueba o cometen alguna otra infracción sólo les hagan recomendaciones, pero sin que sean detenidos.

Tras la denuncia, el director de Seguridad Pública, Transporte y Vialidad, Pedro Francisco Cruz, ordenó a otros policías de tránsito a detener y revisar a las dos agentes, quienes fueron sometidas en el mismo lugar del operativo, las revisaron con tocamientos en todo el cuerpo y las obligaron a quitarse botas, calcetines, suéter y billeteras, sin encontrar el dinero que buscaban.

Después, las trasladaron en una patrulla a las oficinas del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino. Una vez allí, les ordenaron desvestirse completamente para después ser obligadas a hacer sentadillas. Posteriormente las regresaron a donde se encontraban realizando el alcoholímetro.

En esa ubicación, el comandante Francisco Cruz les pidió que entregaran el dinero argumentando que aún podía hacer algo para que no las corrieran, de no ser así debían solicitar su baja voluntaria antes de que procedieran contra ellas, “porque se iban a manchar sus documentos”.

Aunque las agentes negaron haber tomado dinero del Regidor, fueron obligadas a firmar dos hojas que sólo tenían inscrito sus nombres completos.

El expediente DDHPO/943/(01)OAX/2016 de la Defensoría acusa a Jorge Alberto Gamiño García, Regidor de Hacienda, al comandante Pedro Francisco Cruz y a la policía primera encargada de Vialidad, Flor de María Peralta, de violar los derechos humanos de las dos agentes bajo abuso de autoridad.

La Defensoría solicitó al encargado de la presidencia municipal de Santa Lucía del Camino, Carlos Girón Navarrete, instruir a los servidores públicos involucrados para que en un plazo de cinco días hábiles emitan un informe detallado para dar seguimiento al caso.

También demandó la adopción de una medida cautelar, consistente en instruir a esos servidores públicos para que se abstengan de causar actos de molestia a las agraviadas que carezcan del debido fundamento y motivos, y específicamente que eviten coaccionar a las peticionarias para que renuncien a su empleo.

De igual manera, solicitó que de no existir impedimento legal se permita el ingreso de las denunciantes a su centro de trabajo, ya que de lo contrario los funcionarios municipales podrían incurrir en responsabilidad administrativa o incluso penal, según lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca.

 

Redacción/SinEmbargo
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