Caracas, 28 ene (EFE).- La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento) de mayoría opositora, aprobó que la Comisión Legislativa de Cultos y Régimen Penitenciario investigue lo sucedido en una cárcel del oriente del país en el que los presos realizaron un homenaje póstumo a un líder asesinado usando armas de guerra.

Durante la sesión legislativa de hoy se aprobó que esta comisión “asuma con toda amplitud la revisión y posibles responsabilidades sobre los acontecimientos en la cárcel de San Antonio en el estado Nueva Esparta”, en la isla de Margarita.

El diputado opositor Richard Blanco pidió que se transmitiera durante la sesión un video tomado por uno de los reclusos con su teléfono móvil, en el que se observa como un numeroso grupo de presos ubicados en el techo de la cárcel disparan al aire sus armas de guerra.

“En este momento uno se pregunta qué está haciendo la Guardia Nacional (GNB, policía militarizada) que vestidos de oliva permiten que dentro de esos centros penitenciarios existan armas como la R15, subametralladoras, (pistolas) 9 milímetros”, dijo Blanco.

“¿Cómo entran a las cárceles de Venezuela armamentos que le pertenecen a la Fuerza Armada Nacional?”, se preguntó el diputado.

La diputada opositora Delsa Solórzano recordó que de acuerdo con la Constitución venezolana solo el Estado puede poseer y usar armas de guerra y pidió que se cite al Parlamento al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, para que explique por qué este armamento se encuentra en manos de los presos.

Asimismo, Solórzano señaló que desde las cárceles de Venezuela se organizan secuestros y extorsiones y que estos recintos solo sirven como escuelas para delincuentes.

El parlamentario chavista Edwin Rojas dijo que su bancada también condena estos hechos “de manera enfática” al tiempo que señaló que la llamada “revolución bolivariana” que inició el fallecido presidente Hugo Chávez en 1999 se ha ido “construyendo sobre las cenizas de un sistema penitenciario” que ya estaba corrompido.

“Los diputados de la patria (…) rechazamos esos hechos y solicitamos que se nombre una comisión mixta, conjuntamente entre la comisión de asuntos penitenciarios (…) y la comisión de política interior donde vayamos a fondo y caiga quien caiga en las responsabilidades”, dijo.

Según un informe presentado en noviembre pasado por la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), más de 6 mil 500 presos han muerto en los últimos 16 años en cárceles de Venezuela, en las que el hacinamiento supera actualmente el 190 %, debido principalmente a la lentitud del sistema judicial.

En este documento, la OVP afirma que “la situación de degradación” del sistema penitenciario de Venezuela no solo se ajusta a la violencia derivada del uso de armas, sino también a las “precarias condiciones de las instalaciones”, la lentitud del proceso judicial y la mala alimentación. EFE