Río de Janeiro, 26 oct (EFE).- La Policía Federal de Brasil realizó hoy una gran redada contra un grupo de fabricantes de automóviles sospechosos de haber sobornado al Gobierno del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para obtener ventajas tributarias.
La Justicia emitió siete órdenes de arresto preventivo y la Policía pretendía llevar a la comisaría a otras nueve personas para interrogarlas y efectuar registros en 18 direcciones de cuatro estados, según un comunicado oficial.
Según informaciones de la Policía citadas por los diarios O Globo y Estado de Sao Paulo, que no han sido ni confirmadas ni desmentidas de forma oficial, una de las redadas se realizó en una oficina de un hijo del exmandatario, Luis Claudio Lula da Silva.
El consorcio de empresas es sospechoso de negociar sobornos con miembros del Ejecutivo para conseguir la firma de un decreto que fue aprobado en 2009 y que concedió descuentos de impuestos a la fabricación de automóviles.
Las empresas también son investigadas por manipular a su favor los procesos del Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF), el departamento del fisco encargado de multar a los defraudadores de impuestos.
Las irregularidades en los procesos del CARF son investigadas desde el pasado marzo y se han extendido a decenas de grandes empresas de diversos sectores.
El caso de los fabricantes de automóviles fue destapado el pasado 1 de octubre por el diario Estado de São Paulo, que divulgó mensajes entre las empresas, en los que se habla del pago de sumas millonarias a grupos de presión para que estos sobornaran a los políticos.
Los documentos publicados por el diario citan a las empresas MMC Automotores, subsidiaria de Mitsubishi, y el Grupo CAOA, fabricante y vendedor de marcas como Hyundai, Ford y Subaru.
El objetivo del grupo era la prórroga del plazo de un decreto que concedía importantes rebajas tributarias a los fabricantes de automóviles, calculadas en 1.300 millones de reales (unos 740 millones de dólares al cambio de la época) al año.
El Gobierno de Lula aprobó el 20 de noviembre de 2009 el decreto que prorrogó hasta 2015 los descuentos tributarios a la fabricación de automóviles, una medida que tenía como objetivo impulsar a ese sector, afectado por la crisis y considerado como uno de los pilares de la industria brasileña y uno de los que más mano de obra emplea.
El diario también sostuvo que la firma Marcondes & Mautoni, citada como la intermediaria del pago de sobornos, pagó 2,4 millones de reales (1,45 millones de dólares aproximadamente) en marzo de 2011 a la empresa de marketing deportivo del hijo de Lula.
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