Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).- El Estado Mexicano reconoció “errores” y dio una disculpa pública a la familia del líder triqui, Jacinto López Martínez, quien contaba con medidas de protección por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y que fue asesinado en Oaxaca en octubre de 2011.
En el acto que estuvo encabezado por Roberto Campa Cifrán, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se reconoció la responsabilidad del Estado en el incumplimiento de brindar protección a López Martínez, tal como lo ordenó la CIDH.
“En mi calidad de representante del Estado mexicano quiero expresarle una disculpa y hacer un reconocimiento público de la responsabilidad del Estado mexicano, por la responsabilidad en la violación a los derechos humanos del señor Antonio Jacinto López”.
En el acto la viuda de Jacinto López, Julia Vázquez, señaló como culpable directo de la muerte de su esposo al ex Gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz y entre lágrimas expresó las dificultades económicas que ha enfrentado su familia tras la muerte de su esposo.
“Ahorita está muy difícil mi caso, no puedo mantener a mis hijas, somos triquis, hablamos triqui, no puedo sacar adelante a mis hijos, tejo huipiles, gano miserias para mantener a mis hijas, pero si no hubiera hecho esto, quién sabe qué pasaría, gracias a que Ulises Rúiz logró asesinar a mi esposo”
El representante legal de la familia de López Martínez y presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Maurilio Santiago, declaró que este reconocimiento por parte del Estado no sólo es por la muerte de Antonio Jacinto también es un reconocimiento de los reclamos por todos los líderes sociales asesinados, desaparecidos y detenidos.
Durante el acto se firmó el “Acuerdo de solución amistosa” por parte de la señora Julia Vázquez y autoridades federales y estatales en el cual se comprometen a compensar de manera económica a la viuda, otorgamiento de becas a sus huérfanas, garantías de no repetición y atención médica.
Además, en dicho acuerdo, se establece la creación de un protocolo de lineamientos cautelares y un proceso abierto ante la sociedad civil.
Antonio Jacinto López Martínez fue asesinado de un balazo en la cabeza a los 39 años en en la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, perteneciente a la región de la Mixteca, luego de recibir varios amenazas después de ser designado como Alcalde de San Martín Itunyoso en 2004.
Tras los atentados López Martínez recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien otorgó medidas cautelares al activista y presentó ante el Estado mexicano una solicitud de medidas precautorias con el fin de garantizar la vida del líder triqui.
