Ciudad de México, 24 de junio (SinEmbargo).– El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) determinó reservar por dos años la información de la averiguación previa que la Procuraduría General de Justicia Militar instruyó por el caso Tlatlaya, donde 22 civiles murieron a manos de militares, debido a que se trata de delitos del fuero militar (desobediencia) y ya ha sido consignada al juez castrense.
Los consejeros determinaron reducir el tiempo que fue clasificado como reservado por parte de la Sedena, de 12 a 2 años o menos en dado caso de que en la sentencia del caso hubiera causa Estado.
El proyecto propuesto por el Consejero Francisco Javier Acuña Llamas fue aprobado en una cerrada votación de 4 a 3 y en él proponía que la argumentación de la Sedena para la reserva de la investigación era valida, por tratarse de delitos sólo del “índole de indisciplina militar y cuya etapa procesal continúa y aún hay un desahogo de pruebas”.
A su vez, la Consejera Arely Cano Guadiana consideró que el Ejército violó el desahogo procedimental pues no dio acceso a la averiguación previa para que el INAI verificará que en realidad está dirigida a los actos de indisciplina de los elementos castrenses y no a violaciones graves de derechos humanos, hecho que anularía la causal de reserva de la investigación.
“Es un hecho que al no haberse tenido una respuesta favorable para permitir a este órgano garante la diligencia de acceso a la información, el sujeto obligado no sólo dificultó el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales del Instituto, sino también ha soslayado la oportunidad de acreditar que las instituciones del Estado mexicano encargadas de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, así como de realizar acciones cívicas y obras sociales que tienden al progreso del país, están comprometidas con las mejores prácticas de rendición de cuentas y transparencia”, argumentó.
A su vez, Ximena Puente de la Mora, presidenta del INAI, apoyó el proyecto de Acuña argumentando que: “Al tratarse de delitos del ámbito castrense, que no violan los derechos humanos, se encuentra plegada al derecho de reserva invocado, ya que de lo contrario, se violentaría el derecho de los imputados a una defensa adecuada por el principio de presunción de inocencia”.
