Ciudad de México, 20 de junio (SinEmbargo).– En 12 años de operación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), el gobierno mexicano ha reconocido como refugiados a mil 756 personas de origen extranjero, poco más de la quinta parte de quienes lo han solicitado, de acuerdo con datos de dicha Comisión. En el panorama mundial, que registra 15.4 millones de refugiados y 937 mil solicitantes de asilo, la incidencia de México como país de acogida parece ínfima. En América, los países que más refugiados recibieron en 2012, de acuerdo con los datos de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), fueron Estados Unidos (262 mil 30), Canadá (163 mil 756) y Ecuador (55 mil 480). Carolina Carreño, encargada de la Coordinación de Atención y Servicios de la organización Sin Fronteras, considera que México sí podría tener más refugiados, pues tan sólo en el continente hay varios países donde se dan casos de movilizaciones forzadas –como Venezuela, Cuba, Colombia, Haití o la región centroamericana– por lo que hay una necesidad de asilo de esas personas. Carreño atribuye el que no haya más refugiados en México a que muchas personas desconocen que tienen esa posibilidad y a que el país no ofrece las mejores condiciones de vida para las personas refugiadas. «Las personas cuando salen de su país buscando una mejor opción de vivir, es en todos los sentidos, no sólo en el tema de seguridad; sino poder restablecer su vida, una vida digna, y desafortunadamente a veces aquí en México no se ha ido trabajando para que esas condiciones se den», dice. Los refugiados en México aún enfrentan dificultades para su integración, principalmente para acceder a empleos estables y bien pagados, costear viviendas de calidad, conseguir créditos en instituciones bancarias, además de que desconocen los programas y servicios a los que tienen acceso, señala el informe Ser una persona refugiada en México. Diagnóstico participativo 2013, elaborado por la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Hoy que se conmemora el Día Mundial de los Refugiados, según estipuló la Organización de las Naciones Unidas (ONU). SinEmbargo esboza un panorama del refugio en México, desde la institucionalización de la asistencia humanitaria hasta los retos que aún enfrenta esta poblacón, considerada por Naciones Unidas como una de las más vulnerables en el mundo. GÉNESIS DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN «Apenas tengo vagos recuerdos, pero mi mamá me ha contado por lo que tuvimos que pasar. Tuvimos que dejar nuestra vestimenta, que era nuestro corte y nuestro huipil, que nos representa como mujeres mayas en Guatemala. Tuvimos que dejar esa parte importante y, sobre todo, olvidar, porque eso fue lo que nos hizo llegar hasta acá. Olvidar nuestra lengua, el maya quiché, porque era nuestro único medio de comunicación entre nosotros. Pero al entrar a tierras mexicanas tuvimos que adaptarnos al español». Quien habla es Vilma, de origen guatemalteco pero naturalizada mexicana. Llegó a México por primera vez hace 30 años, huyendo de la guerra civil en su país natal. Para evitar el estigma por su condición, Vilma pide no publicar su nombre completo. Ella, junto con su madre, sus tres hermanas, dos tías y su abuela, fueron parte de ese exilio masivo de guatemaltecos (principalmente campesinos indígenas) que llegaron a México en los años ochenta, derivado del conflicto armado entre el Ejército y la guerrilla que asoló a Guatemala desde 1962 y durante las siguientes tres décadas. Durante el siglo XX en México se registraron otros refugios masivos sobresalientes, como el proveniente de la Guerra Civil española, durante la segunda mitad de los años 30; el provocado por la política macartista en Estados Unidos a finales de los 40 y principios de los 50; o el exilio chileno de principios de la década de los 70. Pero lo que distinguió al refugio guatemalteco de los años 80 fue que la llegada masiva de exiliados de ese país motivó la creación de la COMAR, no obstante que su institucionalización como instancia encargada de atender a la población refugiada y tramitar las solicitudes de refugio en el país ocurrió hasta 2002. El éxodo masivo de guatemaltecos también propició el establecimiento de la oficina del ACNUR en México, en 1982. Un año antes, el Ejército guatemalteco había adoptado una política conocida como «tierra arrasada», que consistió en masacrar a comunidades enteras, a fin de aniquilar todo aquello que pudiera representar un apoyo a la insurgencia. Esa táctica militar significó, entre otras cosas, la destrucción de viviendas y cultivos, así como asesinatos y violaciones tumultuarias, según el informe Guatemala: Nunca Más, del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI). El informe refiere que las zonas donde el éxodo fue masivo fueron San Marcos, Chimaltenango, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Huehuetenango y el norte de Quiché. Ahí, entre las viviendas que los militares quemaron, estaba la de la familia de Vilma. En su caso sí había una persecución deliberada, dice, pues sus tíos trabajaban en el Comité de Unidad Campesina, una organización campesina indígena que se unió a la guerrilla y entre cuyos fundadores estuvieron Vicente Menchú y su hija Rigoberta, Premio Nobel de la Paz. Según los datos del llamado Informe REMHI, hubo un millón de desplazados internos en Guatemala, y entre 125 mil y medio millón se refugiaron en otros países, especialmente México. La cifra de refugiados legales es de 45 mil, pero según ese informe hubo 150 mil más que llegaron al exilio sin papeles. Vilma y las mujeres de su familia se cuentan entre los refugiados que ingresaron legalmente, gracias a los contactos que sus tíos tenían con organizaciones en México. En cuanto pisaron suelo mexicano quedaron a merced de unas monjas católicas, quienes las condujeron a un campamento de refugiados en Chiapas, aunque el plan original era que ellas viajarían hasta el Distrito Federal, relata J., tía de Vilma. La mujer de 40 años pide que se le identifique sólo con la inicial de su nombre. «Llegar en ese proceso fue difícil porque no conoces a nadie, no entiendes a nadie, y tener que adaptarte nuevamente a lo que hubiera, porque finalmente no podías exigir nada en un país que no es tuyo», dice Vilma, quien tenía dos años de edad cuando llegó forzadamente a México. Ella alimenta sus pocos recuerdos con lo que le han contado su madre, sus tías y su abuela, todas mayas quiché. Aunque la lengua materna de Vilma es el maya quiché, por haber llegado tan pequeña a México conoció el español lo suficientemente pronto como para poder hablarlo sin dificultad. En cambio, las palabras de J. en ocasiones se enredan, a pesar de haberse acostumbrado a hablar en una lengua que no es la suya. Las mujeres fueron llevadas a un campamento para refugiados en Sinaloa, en el municipio chiapaneco de Frontera Comalapa. J. dice que ahí vivían 56 familias, la mayoría de ellas indígenas ma’am o tojolabales. El español se convirtió en la lengua común para comunicarse entre ellos, dice J., cuyo rostro moreno y alargado en poco se parece a la cara redonda y apiñonada de su sobrina. Los campamentos fueron dispuestos por el gobierno mexicano en Chiapas, Campeche y Quintana Roo para albergar a los guatemaltecos que huían de su país. El establecimiento de los refugiados en los campamentos significó pasar de una huida momentánea a una experiencia de larga duración, con una reorganización total de la vida, de las experiencias comunitarias, y la aparición de nuevos problemas familiares y culturales, refiere el Informe REMHI. Para la familia de Vilma y J., la experiencia en el campamento duró un año. J. recuerda que cuando llegaron lo primero que hicieron fue levantar su cabaña, de palos de madera y techo de palma. Las mujeres dormían sobre el piso de tierra. La falta de agua potable la resolvían aprovechando la cercanía de un río, dice J. Con el tiempo, se fueron haciendo de algunas pertenencias como trastes, cobijas, y hasta unos pollos. J. dice que en el campamento no había escuela ni una clínica. Además, no podían salir del campamento libremente, sino que había un encargado que decidía si alguien podían irse. No obstante que ya no estaban en Guatemala, dentro del campamento las familias vivían con miedo de que los persiguieran hasta ahí, por lo que organizaban brigadas de guardia nocturna, cuenta J. Al cabo de un año, el hermano mayor de J. las buscó y las sacó del campamento, no sin tener que sortear la negativa del encargado. Entonces viajaron a la capital del país, donde fueron recibidas por organizaciones y familias guatemaltecas ya asentadas, que los hermanos de J. conocían. «En aquél entonces empezó otra dinámica de nuestras vidas, empezar a ver qué vamos a hacer, qué sigue y qué hacemos. Yo empecé a estudiar la primaria», dice J., quien para entonces tenía 12 años. En Guatemala había estudiado sólo el primer año de primaria. Vilma y J. consideran que hay discriminación hacia los refugiados. Ambas piensan que, en su caso, a esa discriminación se suma la de ser mujeres e indígenas. Su temor a ser discriminadas explica que hasta la fecha mantengan oculto su origen en la colonia donde viven, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Ellas dicen que son de Chiapas. «Es muy triste seguir ocultando nuestra identidad, porque el racismo, la discriminación, no queda fuera de nosotros porque somos indígenas, porque somos mujeres”, dice Vilma. Pero la discriminación también viene de las instituciones, considera, pues a pesar de que ya es naturalizada mexicana, al hacer algunos trámites oficiales se le sigue considerando inmigrante. Además, dice que en la credencial de elector hay una clave para los naturalizados, lo que ella considera una etiqueta que, al distinguirlos del resto, los excluye. Desde 1987, J. participa en el Consejo de Integración Maya para la Educación y el Desarrollo, una organización que trabaja en sensibilizar a la población mexicana sobre los refugiados, mediante pláticas en escuelas públicas. Desde hace dos años, tía y sobrina hacen un trabajo similar en Casa Refugiados, una asociación que apoya la integración de migrantes y refugiados en la Ciudad de México. Sobre este trabajo, Vilma dice que “es para sensibilizar a los jóvenes estudiantes, para que ellos se den cuenta de que a pesar de que existen tantos problemas, hemos logrado superar muchas etapas de nuestra vida, hemos logrado reconstruir nuestra historia, pero ya sin dolor». UN PANORAMA DE CLAROSCUROS
A pesar de que México institucionalizó la atención y reconocimiento de los refugiados desde los años ochenta, fue hasta el 27 de enero de 2011 que el país tuvo una legislación en la materia, con la entrada en vigor de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. Carreño considera que la Ley es un avance importante, pero dice que llama la atención que, a pesar de ello, “el reconocimiento de personas refugiadas ha ido disminuyendo”. Entre las razones que Carreño considera posibles, está el que la ley establece un plazo de 30 días para solicitar el refugio y muchas personas lo desconocen, y que en las oficinas y estaciones migratorias, que son sitios donde los migrantes podrían recibir esta información, no se las brindan. «Creemos que se podrían estar perdiendo muchas personas la posibilidad de contar con la protección internacional, dice. La Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria señala que la condición de refugiado se reconocerá a todo extranjero que haya salido de su país por temor de ser perseguido por raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a un determinado grupo social o por sus opiniones políticas; que haya huido de su país de origen porque la violencia generalizada, una agresión extranjera, conflictos internos, una violación masiva de derechos humanos, u otra circunstancia amenacen su vida, seguridad o libertad; o porque por circunstancias que hayan surgido en su país o como resultado de sus actividades, sea perseguido o su vida, seguridad o libertad esté amenazada. Del año 2002 hasta abril pasado, 7 mil 871 personas de origen extranjero han solicitado la condición de refugiado ante la COMAR, de acuerdo con las estadísticas de la dependencia. Sólo mil 756 han sido reconocidos como refugiados, poco más de la quinta parte de los solicitantes. Hay otros 96 que han recibido protección complementaria, lo que significa que a la persona no se le otorga el refugio, pero no se le devuelve al país donde su vida corre peligro, de acuerdo con la Ley. Las estadísticas muestran que en los 12 años de operación de la COMAR, personas de 108 países distintos han pedido refugio en México. Las naciones con más cantidad de solicitantes son Honduras (1, 815) y El Salvador (1,292). En parte, esto puede explicarse por la cercanía geográfica, pero también por el problema de la violencia que esos países han sufrido en años recientes, dice Carreño. A pesar de que estos dos países concentran casi el 40 por ciento del total de solicitudes de refugio, no son los que tienen un mayor porcentaje de aceptación: únicamente el 15 por ciento de los solicitantes hondureños han conseguido el reconocimiento de refugiados, además de 54 personas a las que se les ha otorgado protección complementaria; mientras que sólo el 27 por ciento de los salvadoreños que pidieron refugio, lo consiguieron, y a cuatro más se les brindó protección complementaria. Por número de solicitantes, en tercer lugar están los cubanos (616), seguidos de los colombianos (579) y los indios (513). Proporcionalmente, de éstos grupos el que más ha recibido el estatus de refugiado es el de los colombianos. Los solicitantes de India no son los únicos peticionarios extra continentales. Los datos oficiales refieren cientos de casos de personas provenientes de Eritrea, Etiopía, Sri Lanka y Nigeria. En menor cantidad, hay registro de solicitantes de países como Somalia, Bangladesh, Iraq, República Democrática del Congo, Guinea, Zimbabue y Macedonia, por citar algunos. Carreño dice que los casos de solicitantes extra continentales suelen presentarse por tres situaciones: son personas que intentaban llegar a Estados Unidos pero son abandonados en México por quienes los trasladaban; son detenidos y durante la detención se enteran que pueden solicitar refugio; o desde sus países de origen se han enterado de que pueden solicitar refugio en México y les parece una buena opción. Para 2012, la ACNUR contaba 45. 2 millones de personas desplazadas forzosamente en el mundo, de los cuales 15.4 millones eran refugiados y 937 mil eran solicitantes de asilo. La oficina de Naciones Unidas lo consideraba el nivel más alto desde 1994. Ningún país de América figuraba ni entre los principales países de origen ni de destino de desplazados forzados. De acuerdo con el informe Ser una persona refugiada en México. Diagnóstico participativo 2013, uno de los principales obstáculos para los refugiados en México sigue siendo acceder a empleos estables y bien remunerados, lo que hace que muchos trabajen por su cuenta. Además, el documento migratorio no es aceptado por algunos empleadores, ni por algunas instituciones bancarias, lo que también limita sus posibilidades de acceder a créditos. El círculo se cierra porque al no tener cuentas bancarias se dificulta la posibilidad de se contratados, ya que no podrían recibir sus salarios mediante transferencias bancarias, un método de pago utilizado por muchos empleadores. El informe también detectó que la población refugiada conoce poco sobre sus derechos laborales, por lo que frecuentemente han sufrido abusos laborales como despidos injustificados, falta de prestaciones, acoso sexual, discriminación por su nacionalidad, salarios diferenciados por género y nacionalidad, falta de días de descanso, u horas extra sin pago, entre otras. El principal obstáculo para acceder a la educación son los requisitos exigidos para la inscripción escolar y la revalidación de estudios y diplomas extranjeros, sin tomar en cuenta las consideraciones especiales que implica la condición de refugiado, como haber tenido que huir del país sin posibilidad de llevar consigo todos sus documentos. Otra dificultad es hablar un idioma distinto al español y, en el caso de los adultos, la falta de tiempo para seguir estudiando. Debido a que muchas de las personas refugiadas residen en zonas inseguras de la Ciudad de México, son más vulnerables a ser víctimas de delitos, como asaltos, secuestros y robo de casa, según el informe. Además, algunas personas afirmaron recibir un trato discriminatorio por parte de cuerpos de seguridad pública, quienes constantemente les piden mostrar sus documentos. Carreño dice que si bien en México se reconoce la condición jurídica de los refugiados, aún hace falta trabajar en cómo integrarlos. «Es un reto todavía hablar de sensibilización hacia el tema de migración y de asilo, de ir quitando estos estigmas del miedo al otro, a lo desconocido, a lo diferente, creo que eso nos falta mucho por trabajar”, opina. ¿UN NUEVO ÉXODO?
Era la mañana de un día cualquiera en la vida de este joven de 27 años, repartidor de pan Bimbo en supermercados de San Pedro Sula, Honduras. Todo transcurrió con la habitual normalidad hasta que salió a la calle y mientras esperaba que pasaran por él para ir al trabajo, un grupo de pandilleros de la Barrio 18, una de las dos principales pandillas que hay en su país, lo abordaron. «‘Hey, ¿qué onda vato, te vas a unir o qué?'», recuerda que le dijeron. «Yo me les quedé callado, como me iban a recoger de ahí para mi trabajo, me subí [a la camioneta] y sólo me amenazaron. «Me dice: ‘A la vuelta’. Cuando llegué, en la tarde, agarra y me dice: ‘¿Sabes qué? O te vas de la casa o te unes a nosotros». Eso bastó para que este joven de piel morena, que por seguridad prefiere no publicar su nombre, decidiera que lo mejor sería huir del país esa misma noche. No lo consideró una resolución precipitada, dado que sabía de varios casos en su colonia que habían sido asesinadas por oponerse a sumarse a las pandillas o negarse a pagar la extorsión que reclamaban, dice. El caso que mejor recuerda es el de un tendero, a quien primero una pandilla se acercó para cobrarle «derecho de piso»; luego, otra pandilla comenzó a exigirle el mismo pago. Insolvente frente a dos extorsionadores, el tendero le dijo a uno de los dos grupos que ya le estaba pagando al otro y que no podía costear la extorsión de ambos. Al día siguiente, mientras estaba sentado frente a su local, los pandilleros lo mataron, según relata este joven hondureño. “O te extorsionan o te hacen que seas de la banda de ellos, de la misma banda de ellos. Si no les pagas, te matan; si no te haces de ellos, te matan. Entonces mejor te vas”, resume el joven la situación en su colonia. De acuerdo con el Informe Global de Homicidios 2013 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Honduras tiene una tasa de homicidios de 90.4 por cada 100 mil habitantes, la más alta de América. El joven hondureño dejó su país la noche del 11 de mayo pasado, aún vestido con el uniforme del trabajo y sólo con una muda extra de ropa y 2 mil lempiras (1, 256 pesos) que le prestó su hermana. Dice que en ese momento no tenía claro su destino final; sólo se aventuró en el camino hacia el Norte que ya había recorrido dos veces antes, siempre sin papeles migratorios. La primera vez fue en 2004 y consiguió subir hasta la frontera entre México y Estados Unidos, donde lo detuvieron y lo deportaron. En 2007 lo intentó de nuevo y lo logró. Vivió y trabajó en Texas hasta 2010, cuando fue detenido por conducir ebrio, dice. Pasó seis meses en prisión, para luego ser entregado a las autoridades migratorias y, de nueva cuenta, ser deportado a Honduras. Esta vez no estaba seguro de si volvería intentar cruzar hasta Estados Unidos; le seducía la idea de llegar únicamente al Distrito Federal. Desde Texas, una hermana le aconsejaba que la alcanzara. El joven hondureño dice que comenzó su travesía por México el 13 de mayo, en Ciudad Hidalgo, Chiapas. Desde ahí sorteó viajes en combis, trenes de carga y autobuses hasta llegar a la capital del país, moviéndose con sigilo para evitar ser identificado por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), que tan sólo en los primeros cuatro meses de este año detuvieron a 33 mil 742 migrantes que ingresaron de forma irregular al país. El 40 por ciento de esos migrantes detenidos eran hondureños, de acuerdo con la información del INM. El joven hondureño corrió con suerte, pues a diferencia de lo que le ocurre a muchos de los migrantes que a diario emprenden el mismo camino a través de México, no fue víctima de asalto o extorsión por parte de delincuentes, dice. En algún punto del viaje conoció a un salvadoreño, con quien llegó hasta la capital del país, cuenta. El salvadoreño, quien ya antes había viajado al Distrito Federal, lo llevó a Casa Tochan, un albergue que apoya a migrantes, refugiados o solicitantes, y víctimas de delito que tengan la intención de permanecer en el Distrito Federal. El albergue trabaja coordinadamente con la organización Sin Fronteras. El joven hondureño ha vivido en ese lugar desde entonces, hace ya casi un mes. Él no sabía que podía solicitar refugio, pero las organizaciones de apoyo a migrantes y refugiados lo han orientado al respecto. El pasado 6 de junio, acudió a la COMAR a solicitar el refugio y a partir de ese día comenzaron a correr los 45 días hábiles que el organismo tiene de plazo para tramitar su petición. Es decir, que tendrá una respuesta hasta el 8 de agosto próximo. Mientras ese día llega, él tiene que ir a COMAR todos los lunes, para dar cuenta de que está dándole seguimiento a su proceso. Durante los últimos años, ha aumentado el número de solicitudes de refugio, principalmente de jóvenes de Centroamérica, de quienes temen ser perseguidos por las pandillas en sus países de origen, de acuerdo con la Nota de orientación sobre las solicitudes de la condición de refugiado relacionadas con las víctimas de pandillas organizadas, elaborada por ACNUR en 2010. Las solicitudes de han presentado especialmente en Canadá, México y Estados Unidos, detalla el documento. La Nota sugiere que la interpretación de los motivos para acceder al refugio sea ampliamente flexible para abarcar a grupos emergentes y responder a nuevos riesgos de persecución, como son los jóvenes que tratan de resistirse a las pandillas en sus comunidades o quienes huyen de la violencia asociada a las pandillas. Mientras el joven hondureño espera una respuesta de la COMAR, pasa los días ayudando en los quehaceres del albergue y hablando con la familia que dejó en Honduras: sus padres, una hermana y una hija de un año y medio. Dice que a veces prepara la comida o sale con otros compañeros del albergue a jugar fútbol. Todo sirve para hacer más llevadero el tedio de la espera, sobre todo porque el joven hondureño está consciente de que existe la posibilidad de que su petición sea rechazada. Las estadísticas no son alentadoras al respecto: de las 1 mil 164 solicitudes de refugio que se hicieron entre enero y el 25 de noviembre de 2013, la COMAR sólo se lo otorgó al 21 por ciento. De los 455 hondureños que en ese lapso pidieron al gobierno mexicano que les concediera refugio, sólo 99 lo consiguieron; es decir, uno de cada cinco que lo intentaron. “Si me lo negara, pues no me quedara de otra que hablarle a mi hermana [que vive en Texas] y decirle: ‘Vamos a tratar de meternos a Estados Unidos’, porque sería más duro tratar de estar sin papeles aquí, por el trabajo, porque me hicieran lo que quisieran», dice el joven hondureño. Regresar a Honduras no es una opción para él.
