Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).– Hace dos meses Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), salió de la Secretaría de Gobernación (Segob) con una propuesta para los ex trabajadores de la extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y la puso sobre la mesa: el gobierno de Enrique Peña Nieto proponía abrir un fideicomiso para asegurar el pago de los pensionados del movimiento.
En la asamblea empezó una discusión acalorada que se prolongó durante horas y alebrestó a la mayoría de electricistas dentro de la sede del SME y al exterior, sobre la calle de Antonio Caso, donde los miembros del gremio han tenido que sacar bocinas para seguir las reuniones debido a que el espacio es reducido para las 16 mil personas que se mantienen en resistencia.
Los agremiados gritaban en contra de la propuesta. Era cierto que los electricistas habían dado semanas atrás su respaldo a Esparza, quien con esa medida se consolidaba como un líder sui generis en el continente americano, pues había resultado electo otra vez como dirigente del SME para hasta 2015. Lo que lo hace sui generis es que ésta colectividad se había quedado en el aire, es decir no tenía representatividad ante ninguna instancia.
En ningún otro país de América se registra un modelo parecido.
Su liderazgo se había visto vulnerado desde la noche del 10 de octubre de 2009 cuando el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa envió a la Policía Militar a tomar las instalaciones de la compañía y mediante un decreto presidencial desapareció la empresa por “la comprobada ineficiencia operativa y financiera” que representaba: una perdida de 40 mil millones de pesos, supuestamente.
Los miembros del sindicato que lo mantuvieron en la representatividad impidieron que Esparza, un antiguo electricista que con un salario de 12 mil pesos se ha hecho de un rancho cerca de Pachuca, finos caballos y carros de lujo, se comprometiera con Gobernación a firmar la creación del fideicomiso con la que Peña Nieto se comprometía a pagar la pensión de mil 400 trabajadores, del total de los 16 mil en resistencia que habían cumplido más de 23 años de servicio en la LyFC.
El argumento para impedirlo fue el ejemplo reciente que se vive en el Fideicomiso de Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales) debido a los malos manejos y corruptelas. Ese fideicomiso fue constituido en 1997 con fondos provenientes de la privatización Ferronales, pero está al borde de la quiebra, lo que pone en riesgo los derechos laborales de más de 20 mil trabajadores del riel jubilados y pensionados.
Hasta 2001, ese fideicomiso contaba con cerca de 18 mil 300 millones de pesos y aseguraba el pago de las pensiones de los ferrocarrileros hasta 2032, pero los recursos desaparecieron y a partir de 2011 fue necesario asignarle en el Presupuesto federal más de mil 500 millones de pesos cada año, sin que haya nadie preso por la malversación de los fondos.
Por eso, el movimiento en resistencia logró la noche del miércoles, para mil 400 ex trabajadores de Luz y Fuerza, pensiones vitalicias con dinero pública: 15 mil pesos para cada uno de sus integrantes que rechazaron el bono de entre 350 y 500 mil pesos que ofreció el gobierno de Calderón después de tomar las instalaciones.
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La lucha del movimiento del SME no termina con la firma del convenio que beneficia a los ex empleados que se negaron a recibir su liquidación y que reunían los requisitos de jubilación.
El gremio tiene una nueva asamblea prevista a las 16 horas de este viernes en la sede de Antonio Caso para aprobar el contenido del documento (curiosamente este día se cumplen cuatro años de la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza) y los otros más de 14 mil trabajadores demandarán que no se conforme con la firma sino que Esparza mantenga un activismo hasta que el gobierno de Peña Nieto reinstale al resto de ex trabajadores de la empresa pública que no alcanzan jubilación y que son cerca de 14 mil.
“La otra fase es dar empleo a todos esos compañeros”, dijo a SinEmbargo Jaime V., uno de los mil 400 electricistas que resultarían beneficiados con el acuerdo entre Gobernación y el SME.
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Durante los cuatro años que lleva la resistencia, Jaime se ha mantenido en la lucha constante. La noche del 10 de octubre de 2010 se le había hecho tarde para ir a los 15 años de una sobrina cuando sonó su celular. Estaba en su casa de Nezahuálcoyotl y al escuchar la voz que le hablaba del otro lado del auricular sintió que se le aflojaron las piernas.
–La Policía acaba de tomar las instalaciones de la Compañía– escuchó y por un momento pensó que se trataba de una broma pesada.
Hacía pocas semanas que el electricista, un hombre de poco más de 50 años pero con una fortaleza envidiable, después de platicar con su esposa e hijos había llegado a la conclusión de jubilarse. Tenía 23 años y ocho meses cumplidos el día del decreto. Desde entonces se mantuvo en resistencia y en esos cuatro años intentó de todo un poco para sobrevivir.
El año pasado estaba trabajando. Una extraña propuesta, casi impensable, había llegado a su vida y no quiso dejar pasar la oportunidad. Aunque nunca había tomado un arma de fuego, por medio de un amigo le propusieron ser custodio de un empresario importante que vive en la Ciudad de México. Pronto le enseñaron a manejar una pistola y después de un breve adiestramiento ya andaba montado y siempre sentado con un giro de 90 grados en el asiento trasero de una camioneta blindada.
Tenía que conformarse con el pago de ocho mil pesos al mes sin seguridad social ni de accidente o muerte. Se levantaba todos los días temprano, se afeitaba, se ponía el mismo y único traje negro que tenía y se iba a trabajar hasta que un día no volvió más a custodiar a su patrón.
A la altura de Santa Fe, un comando armado le cerró el paso a la camioneta en que viajaba junto con otros tres hombres. Era un intento para secuestrar al hijo del empresario para el que trabajaba.
“Pero gracias a Dios” –dice– “algo le salió mal al conductor del comando y optaron por escapar”.
En la noche, cuando llegó a casa y contó la historia a su esposa, ella lo convenció de que dejara el trabajo. Desde entonces la ha ido medio pasando, haciendo “chambitas” de electricista y plomero aquí y allá.
Pero ahora que su caso junto con el de mil 399 jubilados está prácticamente resuelto (recibirá 7 mil 500 pesos catorcenales) dice que no dejará a sus compañeros solos y se mantendrá al llamado de su líder Martín Esparza para cualquier acción. Y aunque se resuelva el caso en favor de los otros 14 mil ex trabajadores de la LyFC seguirá viendo a Esparza como su máximo líder.
Entre los agremiados se habla que el Gobierno Federal va a crear una nueva empresa para dar servicio a la zona centro del país, debido a que a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se le ha complicado el mantenimiento y suministro.
“No es lo mismo atender una ranchería que dar servicio a este monstruo que es la Ciudad de México. En la variación de voltaje, en los alimentadores del centro del país los de la CFE no tienen experiencia”, dijo uno de los integrantes del SME consultados.
Lo cierto es que la reinserción laboral y productiva de todos los electricistas que no alcanzan jubilación es punto del acuerdo con Gobernación, de tal suerte que el SME ya solicitó una reunión política con el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), Víctor Fuentes del Villar.
Martín Esparza dijo que el objetivo con el SUTERM es plantear cómo, cuándo y dónde los trabajadores calificados pueden regresar a trabajar.
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Habrá que ver después del acuerdo al que ha llegado con Gobernación cuál va a ser la postura de Martín Esparza en torno a la Reforma Energética que propone Enrique Peña Nieto. En 2008, el líder del SME y todo el gremio rechazaron rotundamente el proyecto de Felipe Calderón, quien al igual que la propuesta del actual gobierno del PRI, contemplaba otorgar convenios a la iniciativa privada extranjera.
La posición de el Sindicato Mexicano de Electricistas y Esparza fue la siguiente: “El gobierno de Felipe Calderón ya tiene planchada la reforma energética, pero no podrá imponerla, porque nos vamos a aglutinar todos los sectores opositores a la privatización de Pemex y del sector eléctrico, y vamos a llevar a cabo una campaña de movilizaciones, incluso hay un acuerdo de asamblea, para llegar hasta la huelga de ser necesario”.
Esparza decía que las empresas trasnacionales ya se preparaban y se frotaban las manos frente a la apertura que les significará la reforma eléctrica, mientras se alistaba, aseguraba, el terreno para sacar adelante uno de los grandes objetivos de los gobiernos de derecha, que es entregar el petróleo y la energía al capital privado.
La decisión de Peña Nieto ha dividido a la clase política nacional. El lopezobradorista Ricardo Monreal, dijo: “Es correcto y acertado el acuerdo por el que se les reconoce a trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) la pensión acordada. Se trata de un derecho elemental para la clase trabajadora pues ha sido una lucha larga, difícil, desgastante y es apenas el inicio de sus demandas reivindicadoras.”
Mientras que el PAN reprobó la propuesta y los senadores de ese partido se lo echaron en cara al Secretario de Gobernación: “Le piden más sacrificios a los contribuyentes. ¿Van ustedes a imponer más impuestos para que su gobierno garantice la seguridad o para pagar chantajes de la CNTE o del SME? ¿Para eso quieren más dinero? ¿Para hacer política a billetazos?”, cuestionó desde tribuna Roberto Gil Zuarth durante la comparecencia de Miguel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.
En tanto, Esparza, quien además de sus propiedades también ha acumulado un patrimonio político: fue Diputado federal del PRD, convirtió en presidentes municipales en Hidalgo a su hermano Roberto (Tlahuelilpan), su primo Marco Aurelio Estrada (Tetepango) y su compadre, Claudio Cornejo (Tetontepec), ha mantenido, extrañamente, un perfil bajo en las últimas movilizaciones que se realizaron en la Ciudad de México con motivo de rechazo a las Reformas Hacendaria y Energética.
