Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- El expediente del maestro tzotzil Alberto Patishtán Gómez contiene al menos 40 irregularidades que debieron haber sido detectadas por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del vigésimo circuito con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que el jueves se negaron a otorgarle la libertad, aseguró el abogado Julio Hernández Barros, coredactor de la Ley de Víctimas y académico de la Universidad Iberoamericana (UIA).
Hernández Barros, quien ha revisado el expediente junto con la defensa de Patishtán, adelantó que ya trabaja en los argumentos para pedir al Presidente Enrique Peña Nieto el indulto para el profesor, a pesar de que tanto él como sus familiares han expresado que no optarán por esta vía, ya que el hacerlo significaría pedir perdón por un delito que no cometió.
Alberto Patisthán, lleva 13 años preso en la cárcel de El Amate de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; el jueves pasado recibió la noticia de que el recurso de apelación que había interpuesto le fue negado. El Tribunal de Circuito de Tuxtla Gutiérrez determinó que Patishtán deberá permanecer otros 47 años más detenido para cumplir una condena de 60 años por el asesinato de siete policías en una emboscada en el año 2000 en la comunidad de El Bosque.
Ese año varias personas se organizaron para protegerse de una serie de homicidios ocurridos en la comunidad de El Bosque. Los cuerpos aparecían en las carreteras. Patishtán se acercó a las autoridades para trabajar sobre la seguridad; sin embargo, el entonces Gobernador de Chiapas, Roberto Albores Guillén, y el Presidente municipal, Manuel Gómez Ruíz, no hicieron nada. Luego, varios ciudadanos levantaron una denuncia contra los dos y buscaron crear un consejo y destituir al Alcalde.
Gómez Ruíz buscó calmar a la gente. Pero el 12 de junio de ese mismo año, ocurrió otra emboscada al mediodía en la tierra de Las Lagunas de Las Limas, en el municipio El Bosque. Hombres encapuchados dispararon más de 100 veces y como resultado dejaron a siete policías estatales muertos, incluidos Francisco Pérez Morales, jefe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), y el jefe la Policía Municipal de El Bosque, Alejandro Pérez Cruz.
Un elemento estatal sobrevivió en la emboscada, Belisario Gómez Pérez, así como el hijo del Presidente municipal, Rosemberg Gómez Pérez. De inmediato comenzaron a señalar a presuntos culpables, donde se mencionó al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), grupos paramilitares como habría ocurrido tres años antes en Chenalhó, Acteal, e incluso se dijo que había sido el Ejército Popular Revolucionario (EPR).
El profesor Alberto Patishtán fue detenido aunque no pertenecía al EZLN, ni al EPR o siquiera ejerciera alguna ideología política expresa.
Los magistrados Freddy Gabriel Félix Fuentes, Manuel de Jesús González Suárez y Arturo Eduardo Centeno Garduño declararon infundado el reconocimiento de inocencia que había alegado la defensa legal del maestro tzotzil.
LA LISTA DE ANOMALÍAS
Según Hernández Barros, en el expediente existen anomalías “tan obvias” que difícilmente pudieron haber sido ignoradas por los magistrados. La primera de ellas es que los testigos que acusaron a Patishtán señalaron en un primer momento que todo los participantes en la emboscada iban encapuchados; posteriormente dijeron que sí los habían podido reconocer y uno de ellos era el maestro tzotzil.
Otra de las irregularidades que “queda bastante clara” es que algunos de los fallecidos, a la hora del enfrentamiento desempeñaban otras actividades.
La detención del maestro se realizó sin orden de aprehensión.
“Este Primer Tribunal Colegiado Federal de Chiapas ha sido indolente, insensible y poco receptivo con un problema social”, destacó el abogado.
También resalta que en este caso no ha habido respeto al debido proceso, el cual debe garantizar el acceso a una adecuada defensa.
Recordó que desde su aprehensión, Alberto Patishtán ha cambiado de abogado defensor en distintas ocasiones y un adecuada defensa debería de conducir a la anulación del juicio, “pero ninguna autoridad hizo notar esta situación; cuando la adecuada defensa no está presente, las autoridades tienen la facultad de examinar las pruebas aún, bajo la suplencia de la queja que significa que la autoridad judicial podrá suplir la defensa del imputado; en ninguna etapa se notó la suplencia de la queja”, observó Hernández Barroso.
“Había flagrantes contradicciones entre las declaraciones que existían y algunas inverosímiles”, agregó.
Los magistrados que ratificaron la condena en contra de Patishtán, dijo, tenían la oportunidad “histórica” de haber recibido el reconocimiento internacional por respetar las garantías individuales y de comunicar que en México no se va a permitir que se viole la Constitución.
“Cuando se violan los derechos de Cassez, de Caro Quintero, de Salinas… están muy preocupados, pero cuando se violan los derechos de un indígena tzotzil, esa preocupación deja de estar presente.
“Hay una enorme omisión del Poder Judicial de no haber revisado las pruebas y de no haberse percatado de lo irregular del proceso”, expresó y acusó a los magistrados de ser una autoridad “indolente” e “inflexible” que se escuda en argumentos “legaloides de baja calidad para negar el reconocimiento de inocencia”.
EN MANOS DE EPN
Tanto Hernández Barros como Pablo Reyna, coordinador del Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas de la Universidad Iberoamericana, consideraron que ahora, el que se haga o no justicia en el caso Patishtán, está en manos del mandatario Enrique Peña Nieto, toda vez que el indulto presidencial es una de las pocas opciones que quedan para obtener la libertad del maestro tzotzil.
Según explicó Reyna, jurídicamente aún existen tres caminos que le podrían dar la libertad a Patishtán: Que el Legislativo “decante” una amnistía, que el caso vaya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el indulto presidencial.
“Pero el indulto implicaría que el estado perdona a Patishtán y ahí hay un tema complicado porque perdonaría a alguien que no cometió ningún delito”.
Sobre esta última posibilidad señaló que el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, le pidió al Comisionado para Diálogo de los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz que analizara los tres escenarios.
Por su parte, Hernández Barroso, adelantó que ya está trabajando en la justificación para el indulto, toda vez que “la autoridad ejecutiva está mucho más interesada en al libertad de Patishtán que la propia autoridad judicial, hay que hacer un estudio a conciencia del indulto para que el Presidente de la República pueda tener la facultad necesaria para que así sea”.
