Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).- El Agente del Ministerio Público que llevó el caso del presunto fraude a casi siete mil ex trabajadores de la extinta Ruta 100, acusó al ex perredista Andrés Manuel López Obrador, a Marcelo Ebrard Casaubón y al actual Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, de hostigarlo, intimidarlo y cesarlo de sus funciones para impedir que consignara a 43 culpables que encontró en su investigación.
José Guadalupe Carmona Loaiza, ex agente del Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación para Delitos Financieros, no tuvo empacho en acusar en la sede de la Comisión de Derechos Humados del Distrito Federal (CDHDF) a los dos ex Jefes de Gobierno, López Obrador y Marcelo Ebrard, así como al actual mandatario Mancera de obstruir la justicia a miles de trabajadores.
“El asunto lo tomé en 2001 y mientras estaba recabando la información no había problema. El problema empezó cuando fue llegando y yo fui girando oficios y al ver que era muy seria, me llamó el procurador Bernardo Bátiz Vázquez y me solicitó que mandara la averiguación previa al no ejercicio, ante la negativa, me cambiaron de departamento y empezaron a hostigar”, dijo Carmona Loaiza.
El abogado aseguró que él llevó la investigación entre 2001-2012, pero no de forma continua, pues después de negarse a la petición de Bátiz Vázquez y de la gente cercana a López Obrador salió del caso y fue reasignado a otras áreas.
“En el caso de Andrés Manuel iba su secretaria particular directamente a ver el asunto conmigo, porque había la instrucción de que no avanzara. Yo ya tenía en tres años de investigación todas las pruebas para consignar”, dijo.
El ex agente del Ministerio Público dijo que encontró pruebas de en el caso de la Ruta 100 se cometió un fraude y que por daños y perjuicios los culpables debían alrededor de 15,000 millones de pesos.
“A mí no me dejaron consignar a 43 personas, entre ellos lo líderes: Ricardo Baco López, Gabino Camacho Barrera, Leonel Villafuerte Zabala, José Fernando García Guzmán y el Comité Técnico, así como al delegado fiduciario”, reveló.
Entre las pruebas que encontró se acredita el fraude genérico, explicó, pues engañaron a las víctimas haciéndoles creer que serían socios de varias empresas, sin embargo, las actas constitutivas estaban sólo a nombre de los defraudadores.
“La fiduciaria no constituye las empresas, las constituyen los defraudadores y de manera indirecta la fiduciaria es la socia. Las víctimas no tenían ningún control”, narró.
Después del primer cese durante el gobierno de López Obrador, a petición de los ofendidos el abogado volvió a tomar el caso, pero de nueva cuenta se enfrentó a las presiones del gobierno perredista de Marcelo Ebrard.
“Cuando salió Andrés Manuel yo creí que a lo mejor salía este caso, pero me encontré que no, primero con Miguel Ángel Mancera como Procurador y después tuve entrevista personalmente con Jesús Rodríguez Almeida cuando él fue nombrado Procurador de Justicia y me dijo que no era viable la consignación, porque él consideraba que estaba prescrita”, dijo.
Finalmente cuando el ex agente se negó a las peticiones del gobierno en turno, en mayo de 2012 fue cesado definitivamente de la PGJDF.
“Yo no pude tener el caso de manera continua, porque el método era poner a uno y a otro Ministerio Público. Cuando el agente ya más o menos estaba conociendo el caso, lo quitaban y ponían a otro. Yo finalmente fui cesado”, dijo.
Después de que el abogado salió de la procuraduría capitalina, enfrentó hostigamiento por parte de las autoridades.
“Me empezaron a llegar procedimientos administrativos. En siete años yo tenía limpio mi expediente, pero me fabricaron averiguaciones previas que no han procedido. Hace un año me buscaron mucho en mi casa, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Judicial. Tuve mucho miedo a represalias. Los agraviados del caso me buscaron y me pidieron que los apoyará aquí en la Comisión de Derechos Humanos y aquí estoy”, indicó.
MANCERA OMITE RECOMENDACIÓN
El caso de los ex trabajadores de la Ruta 100 se estudió y analizó por la Comisión de Derechos Humanos del DF y en 2011, el organismo emitió la recomendación 03/2011 sobre el retardo injustificado en la integración y determinación de la averiguación previa, así como la negativa a investigar diligentemente.
El caso data del año 1996, cuando la empresa se declaró en quiebra y dejó sin empleo a 12,004 trabajadores.
Para solucionar el conflicto se firmó un acuerdo político el 26 de abril de ese año entre el entonces representante de los trabajadores Leonel Villafuerte Zavala y el gobierno de la ciudad para liquidar al 72% de los empleados y entregar el 28% restante a través de 1,500 concesiones para prestar el servicio de transporte público en las modalidades de autobús y 1,000 concesiones para taxis.
Después 6,977 ex trabajadores aportaron entre 30 y 100% de sus liquidaciones para constituir el fideicomiso a través del cual se constituyeron las empresas Autotransportes Urbanos Siglo Nuevo, Servicios Metropolitanos de Transporte 17 de Mayo, Transportes Urbanos Nuevo Milenio, Sistemas de Transportes en Taxis y Grupo Metropolitano de Transporte, las cuales explotan los títulos de concesión que en un principio se otorgaron a los ex trabajadores de la empresa Ruta 100.
La investigación de la CDHDF encontró violación a los derechos humanos de los ex trabajadores por parte de los funcionarios de la PGJDF y emitió una recomendación dirigida al entonces Procurador de Justicia del DF, Miguel Ángel Mancera, hoy Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
Encontró que el MP a cargo del caso incurrió en un retardo injustificado de la integración de la averiguación previa y que actuó de forma incompatible con los estándares de la debida diligencia que rigen la conducta de la procuraduría.
La Comisión recomendó a la Procuraduría reparar el daño a los afectados inmediatamente y adoptar las medidas necesarias para que la indagatoria se integre y determine adecuadamente, la investigación de los hechos violatorios de los derechos humanos de los agraviados y la sanción a los funcionarios públicos involucrados.
La recomendación solicitó a la procuraduría el deslinde de responsabilidades de todos los agentes del Ministerio Público que tuvieron el caso y de los oficiales secretarios, así como que en un plazo de 30 días la Procuraduría del DF emitiera una disculpa pública por el caso Ruta 100.
Pero a pesar de que el documento se entregó en 2011, no tuvo éxito, dijo el ombudsman capitalino, Luis González Placencia.
“Se aceptó parcialmente pero no se cumplieron las resoluciones. No se ha determinado la responsabilidad de los funcionarios públicos que tuvieron que ver en el retraso del caso. En abril de este año la Comisión determinó como incumplida la recomendación y se avisó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y a la Procuraduría General de Justicia del DF”, indicó.
González Placencia dijo que ante la negativa de las autoridades capitalinas para otorgarles acceso a la justicia a los casi 7,000 ex trabajadores agraviados, la Comisión tomó la decisión de realizar un análisis y elaborar un expediente para llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Esta Comisión llega al límite de lo que puede hacer y ha aceptado acompañar a los agraviados a instancias internacionales para que se garantice el acceso pleno a la justicia. Estaremos trabajando con los abogados para preparar este análisis”, indicó el representante de los derechos humanos capitalino.
CONSECUENCIAS DE LA IMPUNIDAD
Los hechos relacionados con el quiebre de la empresa Ruta 100, tuvieron consecuencias graves, dijo José Alberto Soto Barros, uno de los ex trabajadores.
“Nos quedamos sin trabajo de la noche a la mañana, sin el dinero de nuestras liquidaciones y en la total pobreza. Muchos de nuestros compañeros tenían enfermedades degenerativas y murieron en condiciones miserables”, narró.
Soto Barros indicó que en muchos casos, los ex trabajadores emigraron a Estados Unidos y a sus pueblos de origen para buscar el sostén para sus familias.
“Los hijos ya no estudiaron, hay quienes no pudieron darles la secundaria, la preparatoria. Pasamos hambre, morimos en la frontera, nos deportaron, dejamos viudas. Esto fue lo que sucedió con varios compañeros a raíz de lo que nos hicieron”, relató.
Francisco Rentería, otro de los agraviados, dijo que las autoridades capitalinas sólo vieron en el caso Ruta 100, a un expediente más: “Sólo nos ven como un número, fuimos víctimas de un fraude y nadie nos hizo justicia y eso se llama impunidad”.
