Cae portón que cubría abusos del Ejército. “¡Vivos los queremos!”, retumba el reclamo

Frente a más militares que familiares de las víctimas, López Obrador sostuvo que la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento Histórico podrá consultar archivos de Seguridad Nacional para realizar acciones de reconocimiento y búsqueda en las instalaciones militares del país.

Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).– Casi todos los registros históricos sobre los abusos del Ejército mexicano en un siglo han tenido una dirección conocida: el Campo Militar Número 1, en la capital mexicana. Detrás del portón que deja fuera a los ciudadanos se esconden historias que quizás nunca sabremos aunque, a fuerza de la valentía de testigos y víctimas, se han podido medianamente dibujar. Fue un centro de tortura durante la “guerra sucia”. Fue un limbo para violar derechos humanos. Y se mantuvo cerrado décadas y décadas. Hasta ahora.

“¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, retumbó un reclamo que no es nuevo, que se escucha en las calles y que ha sido ignorado por todos los gobiernos. Sin embargo, la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador decidió abrir las instalaciones militares para facilitar las investigaciones sobre las atrocidades cometidas por el Estado mexicano en contra de los luchadores sociales.

“Soy hija de Lucio Cabañas. En noviembre de 1974 fueron aprendidos mis abuelos, mis primos, mis tíos y yo. Fuimos apresados y traídos al Campo Militar Número 1”, dijo Micaela Cabañas.

“A penas cumplía dos meses de edad. Mi madre fue torturada, violada y ultrajada. En algún lugar de este campo militar yo aprendí a caminar, aprendí a correr”, agregó.

En la ceremonia del anuncio de la apertura del Campo Militar #1 y acceso a los archivos de la represión, familiares de víctimas de la “guerra sucia” interrumpieron al titular de Sedena para exigir justicia y la presentación de sus desaparecidos. “¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!”.

Al inicio de su discurso, Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional, destacó al Campo Marte como «casa de los que portamos con orgullo el uniforme de la Patria». «Ha constituido parte fundamental de la estructura estratégica militar al servicio del país, para contribuir a la seguridad y al desarrollo del país», dijo en el arranque de su intervención Sandoval González.

«Los derechos a la memoria histórica, al acceso a la verdad, la reparación integral y la no repetición de los hechos, son derechos que como parte de las instituciones del Estado mexicano debemos hacer valer en estricto cumplimiento con la Constitución», continuó.

«Es importante mencionar que durante sus más de 100 años de historia, el Ejército y la Fuerza Aérea han permanecido cercanas al pueblo de México. Nuestro origen popular nos motiva a velar principalmente por las personas más vulnerables y desprotegidas», añadió el General.

En el momento en que Luis Cresencio Sandoval enfatizó que el Ejército «ha permanecido subordinado al poder civil», se volvieron a escuchar los gritos de reclamo por el accionar durante la «guerra sucia», puesto que se ha acusado en reiteradas ocasiones a las Fuerzas Armadas de graves violaciones a los derechos humanos de forma arbitraria.

«Reafirmamos el compromiso que tenemos con el pueblo de México de contribuir a la búsqueda de la verdad sobre los hechos que marcaron un hito en un sector de la sociedad de nuestro país», declaró al tiempo que subrayó que sólo se afectó a una parte de la ciudadanía.

Al final de su discurso, a pesar de los gritos y los intentos de interrupción, el Secretario continuó con su participación para resaltar que pondrán una placa de honor a los militares caídos y destacar la lealtad de las Fuerzas Armadas con el pueblo de México.

El anuncio del Secretario fue tomado como una provocación por parte de los familiares de las personas desaparecidas, quienes retomaron los gritos de «¡Fue el Ejército!», “¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!” y «¡Queremos a nuestros desaparecidos!».

Seguido del Secretario de la Sedena, habló el Presidente, quien le agradeció su «lealtad» por cumplir con las instrucciones presidenciales y el decreto. “Nos alivia a todos, es un acto de reconciliación nacional que necesitamos. No se le puede dar vuelta a la hoja así nomás, tenemos que conocer la verdad, toda la verdad y que haya justicia para que no se repitan actos oprobiosos, no vuelva a haber represión, autoritarismo, en nuestro país”.

Frente a más militares que familiares de las víctimas, López Obrador sostuvo que la Comisión podrá consultar archivos de Seguridad Nacional para realizar acciones de reconocimiento y búsqueda en las instalaciones militares del país, en aras de esclarecer las violaciones a los derechos humanos cometidas en la Guerra Sucia.

«Espero no en mucho tiempo, tener un relato completo, con acciones y recomendaciones que se deban tomar para que de esa manera honremos la memoria de quienes perdieron la vida, lucharon por un ideal y por quienes lucharon en cumplimiento de un deber”, dijo López Obrador.

La Comisión tendrá acceso a las instalaciones militares y archivos documentales, pero con el acompañamiento de algún elemento militar. La Sedena ha entregado apenas mil 653 documentos relacionados con movimientos sociales y políticos de 1965 a 1990, así como más 18 mil evidencias documentales para el caso Ayotzinapa.

El pasado 8 de abril, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer los resultados de un informe sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por parte del Estado mexicano en contra de ciudadanas y ciudadanos debido a su militancia política entre los años 1951 a 1965, las cuales representan “un auténtico genocidio“.

Por medio de un informe, la Comisión dio cuenta que el Estado mexicano reprimió movimientos sociales y violentó los derechos humanos de las personas que formaban parte del Programa de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM), el cual sostuvo la candidatura de General Miguel Henríquez Guzmán hace 70 años.

Dentro de los resultados del trabajo de la CNDH se dio cuenta de que en los 14 años comprendidos entre 1951 a 1965 se tiene el registro de 217 muertos, 211 heridos, entre 395 y 595 desaparecidos y tres mil 416 detenidos arbitrariamente. La mayoría de los hechos ocurrieron en manifestaciones o en eventos relacionados con su militancia política. En comparación, las cifras de la llamada “Guerra Sucia” de las décadas de 1960 a 1970 arrojaron un saldo hasta 1978 de entre 489 y 532 casos de desaparecidos, y aunque se siguen documentando ambos casos, los números son más bajos.

El pasado 6 de octubre, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto presidencial para crear la nueva Comisión para el Acceso a la Verdad, que tiene la tarea de investigar los abusos y violaciones graves a los derechos humanos que tuvieron lugar entre 1965 y 1990.

En el DOF se detalló que la Comisión para el Acceso a la Verdad tiene el objetivo de que se haga justicia por 25 años en los que cuerpos policiales y militares torturaron, asesinaron y desaparecieron a cientos de personas, y que se repare a las víctimas por esos crímenes de Estado.