De 2015 a 2020, en México la industria automotriz vendió 1.5 millones de autos de baja seguridad, es decir, sin estándares mínimos como control de estabilidad, frenos ABS, cinturones de seguridad de tres puntos, bolsas de aire y sistema de retención infantil, los cuales las armadoras cumplen sólo en los vehículos exportados, documenta El Poder del Consumidor, parte de la Coaliación Movilidad Segura.
Ciudad de México, 3 abril (SinEmbargo).– Víctimas indirectas de la violencia vial dijeron a la industria automotriz y de transportistas, la cual se opone a que la Ley General de Movilidad regule los dispositivos de seguridad en autos como sucede en Estados Unidos y Europa desde hace una década, que una vida vale mucho más que sus intereses económicos, ya que los siniestros de tránsito, además de generar dolor, también implican mayor pobreza para los familiares que cargan con los costos de hospital, funeral y juicios.
«Vale más una vida que mil vehículos, vale más la historia de vida de cada persona que el interés de la industria. Dice que venden autos de calidad, pero eso sólo es propaganda falsa. Tenemos que empezar a preocuparnos por lo que realmente importa: la vida», dijo Esther Soto, hermana de Gabi Soto, una ciclista víctima de un siniestro de tránsito en Oaxaca en diciembre de 2020.
Después de un largo proceso legislativo impulsado por la Coalición Movilidad Segura desde 2014 para evitar muertes viales, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial fue aprobada esta semana en el pleno de la Cámara de Diputados. Pero se regresó al Senado por reservas a los artículos 7 y 54 solicitadas por la industria automotriz y de transportistas, referentes a la regulación de estándares de seguridad de los automóviles y tráileres de doble remolque.
Como víctima indirecta, compartió Esther, «es un dolor» que no sabe cuándo terminará, se imagina que nunca le va a dejar de doler la muerte de su hermana porque, afirmó, es una situación demasiado traumática.
«Nadie merece esto, recibir la noticia ni mucho menos morir por un siniestro vial y muchas veces el auto, que te venden como que te cuida es mentira, porque también es un arma homicida», aseguró.
La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) celebró en un comunicado la aprobación «en lo general» de la Ley y reiteró «su compromiso con la seguridad de las y los mexicanos». Por su parte, la Coalición integrada por víctimas de siniestros de tránsito, organizaciones civiles y académicos dijo:
«Ninguna muerte o discapacidad ocasionada por siniestros de tránsito –considerada una epidemia silenciosa por la Organización Mundial de la Salud– debe ser normalizada y las personas debemos de contar con sistemas de movilidad seguros […], que se regulen los factores de riesgo vial como niveles de alcohol, cascos para motociclistas, sillas de retención infantil, cinturón de seguridad y límites de velocidad».
De 2015 a 2020 en México se vendieron 1.5 millones de autos de baja seguridad, es decir, sin estándares mínimos de seguridad establecidos por Naciones Unidas como control electrónico de estabilidad, frenos ABS, cinturones de seguridad de tres puntos, bolsas de aire y sistema de retención infantil, los cuales las armadoras cumplen sólo en los vehículos exportados, como ha denunciado durante años El Poder del Consumidor.
La Coalición ha documentado que en México cada año mueren 16 mil personas a causa de siniestros de tránsito, es decir, 44 personas al día o quedan con alguna discapacidad. Desde la voz de personas que han perdido a seres queridos por la violencia vial, Alma Chávez enfatizó el costo económico que implica desde la hospitalización, las terapias intensivas, los juicios, la funeraria hasta la falta del proveedor principal.
Se calcula que esta pérdida por la inseguridad vial, a parte del dolor, enfermedades mentales y desintegración de las familias, impacta casi en un 3 por ciento del PIB; un mundo de dinero, dimensionó.
«No podemos beneficiar a los particulares y pagar como víctimas, no podemos proteger la economía de un sector poderoso como lo es la industria automotriz y de transportistas y no se puede hacer a un lado la economía de las familias. Genera mucha pobreza, se quedan sin casa, sin auto y a veces sin trabajo por un siniestro, ya sea por la muerte del proveedor o una discapacidad total», dijo Alma.
Stephan Brodziak, coordinador de Seguridad Vehicular de El Poder del Consumidor, abundó que la NOM-194 sólo regula el impacto frontal y lateral, pero no mandata el número de bolsas de aire necesarias para evitar la muerte de los pasajeros porque la industria automotriz mexicana «está protegiendo su bolsillo». Sigue en espera de publicarse su actualización en el Diario Oficial de la Federación.
«Con dos bolsas de aire se cumple la normativa, pero los vehículos que se exportan a mercados mejor regulados como el estadounidense y el partícipe del foro de la ONU como la Unión Europea, cumplen con otras especificaciones de impactos que requieren más bolsas de aire», planteó. «En México nos lo debemos en parte por la interferencia de la industria automotriz, que nos sigue discriminando con el amparo de las autoridades».
La esperanza, afirmó, es que con la Ley General de Movilidad la ciudadanía tenga la base jurídica para exigir una seguridad vial mucho mayor por el derecho a la movilidad y no como «un lujo» para más ganancias a las armadoras.
«Cuando alguien busca comprar un vehículo con ciertos estándares de seguridad equiparables a las normativas de la ONU, no sólo paga por eso, sino también por vestiduras en piel, rines de ciertas apariencias y medidas, quema-cocos… elementos que empacan como un lujo para obtener una mayor ganancia», dijo.
Y abundó: «Con la Ley le reducimos la posibilidad de exigir costos a los consumidores por tecnologías que en realidad tienen que ver con la protección de la vida de ocupantes y de otros usuarios de la vía».
LA BATALLA PRÓXIMA
El dictamen aprobado por la Cámara de Diputados regresará al Senado donde en la Comisión de Movilidad presidida por la Senadora Patricia Mercado deberán analizar y discutir las modificaciones aprobadas y trabas de la industria automotriz.
Alma Chávez, integrante de la asociación de familiares de víctimas viales, compartió que sienten «temor» que los intereses económicos sean más importantes para los tomadores de decisiones que la vida de miles de personas, las cuales pueden salvarse si la industria automotriz integra las medidas de seguridad como lo hace con los autos que exporta a otros países.
«La siguiente semana daremos la batalla para que las bancadas de los legisladores entiendan por qué deben revisarse muy bien esas reservas y votar por la vida. Históricamente se han vendido autos inseguros en el país e históricamente hemos sido consumidores de vehículos de agencia de segunda y ¡ya basta!, los gobernantes deben de velar por nuestra salud y vida de los ciudadanos», afirmó.
Esther, hermana de la ciclista Gabi, también recordó que la aplicación y homologización de la Ley General de Movilidad para salva vidas de usuarios de las calles y carreteras ahora será responsabilidad de los congresos estatales y los gobiernos locales.
«Esta Ley es una puerta que se abre para la sociedad mexicana que puede ayudar a prevenir y ser un salvavidas de la infancia, de la juventud, en las calles donde diario muere alguien por algún siniestro vial», afirmó.
