Hace un mes la Fiscalía de la Ciudad de México despidió a más de 100 orientadores jurídicos, aunque la dependencia explicó que lo hizo en el marco de la creación de las Unidades de Atención Temprana, ellas y ellos siguen sin ser informados de las causas. Al no tener claridad, denuncian que los ceses se registraron como represalia porque desde l año pasado encabezaron exigencias para tener mejores condiciones de trabajo.
Ciudad de México, 22 de marzo (SinEmbargo).- Saraí García y Mario Ordoñez laboraban como orientadores jurídicos en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) donde llevaban meses exigiendo mejores condiciones como el uso de equipos de cómputo y sillas para sus lugares de trabajo.
«La repercusión fue nuestros despidos«, acusa Mario, quien forma parte del grupo de al menos 160 abogados expulsados por la dependencia en febrero. Otros extrabajadores acusan que el cese laboral es parte de una estrategia para «maquillar» los índices delictivos, pues con menos especialistas en leyes encargados del primer contacto con la ciudadanía prevén una disminución en el número de carpetas de investigación abiertas.
Del 12 al 14 de febrero, al término de sus turnos en ministerios públicos de la Ciudad de México, a más de 100 orientadores jurídicos se les entregó un documento donde se les informó de sus despidos por «pérdida de la confianza»; según sus denuncias, no les permitieron leer el oficio y algunos fueron obligados a firmarlo.
En el escrito, la Fiscalía capitalina justificó su decisión citando distintos dictámenes administrativos emitidos por la Dirección General Jurídico Consultiva, dos de ellos se identifican con los números SJL/D-39/2022 y SJL/D-04/2022, pero a más de un mes los extrabajadores desconocen su contenido.
Los abogados han pedido a la Fiscalía capitalina el acceso a esos dictámenes, por ejemplo, a través de la Unidad de Transparencia, pero ésta ha ampliado en dos ocasiones el término para contestar la petición.
«La FGJ pide que se extienda el plazo para responder porque no tiene la respuesta, parece que desconoce el dictamen por el cual nos cesaron de nuestras funciones. A nosotros en ningún momento nos llevaron a cabo un procedimiento administrativo», denuncia en entrevista la abogada Saraí García Cisneros.
Ella tenía seis años y medio trabajando como orientadora jurídica, un cargo para el que fue seleccionada luego de pasar filtros como entrevistas, exámenes de conocimiento y una capacitación en el Instituto de Formación Profesional. Las contrataciones de orientadores jurídicos comenzaron en 2015, después de que se oficializó la creación de los Módulos de Atención Oportuna (MAO) y de las Unidades de Mediación, esto en el contexto de la implementación del nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio.
En el Acuerdo A/005/2016 la entonces Procuraduría General de Justicia capitalina estableció que las y los orientadores jurídicos serían el primer contacto con usuarios en las Coordinaciones Territoriales así como en las fiscalías, ahí se encargaban de preguntar a la ciudadanía la razón por la que acudían, luego los guiaban para saber si los hechos que denunciaban constituían o no un delito y, según cada caso, las personas eran canalizadas.
La abogada Guadalupe Gómez Nieto, quien hasta febrero tenía tres años y medio de antigüedad en la Fiscalía, detalla que la función de las y los orientadores como primer enlace con el público provocaba tensión con agentes del ministerio público y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) pues, acusa, «hay policías que impiden que la personas denuncien delitos, como los robos, porque eso eleva sus estadísticas o porque significa más carga de trabajo para ellos».
«Nosotros estábamos como el freno entre Ministerio Público y entre policías de la SSC», agrega la especialista en derecho penal, por ello considera que el trabajo como orientadores «significaba una labor de riesgo”.
García Cisneros recuerda que desde los primeros meses de los MAO la relación con los policías fue difícil, porque, dice, se oponían a que asesoraran a las personas.
«A nosotros nos tocó en el año 2016 abrir el Módulo de Atención Oportuna en Iztapalapa 5 y yo fui una de esas víctimas de la SSC, me poncharon las llantas de mi coche y me rompieron el parabrisas por estar pasando a los ciudadanos con los policías [para iniciar sus denuncias]. También Ministerio Público estaba en contra de nosotros, nos cerraban sanitarios, no nos dejaban pasar, nos escondían las sillas, nos llegaban a quitar el material de trabajo, no nos dejaban entrar al estacionamiento».
Pese a que los abogados despedidos coinciden en lo constantes que eran las diferencias con los policías y personal ministerial, la Fiscalía calificó de «falsa» esa afirmación y la que relaciona los despidos con la intención de disminuir las estadísticas de ciertos delitos, para ello argumentó que no cuenta con denuncias de los exorientadores jurídicos, aunque grupos de mensajería internos a los que este diario digital tuvo acceso muestran que las y los abogados sí externaban a sus superiores jerárquicos los casos donde policías se negaban a iniciar denuncias.
«Nunca se inició carpeta de investigación ni expediente en la Unidad de Asuntos Internos en contra de personal Ministerial por denuncias realizadas por dichos Orientadores Jurídicos del MAO. Por el contrario, en la función de supervisión que se realizó, se identificaron practicas inadecuadas que impedían que las personas usuarias pudieran realizar las denuncias de los hechos posiblemente constitutivos de delito en su agravio, y dicho personal fue renuente a rendir testimonio en los asuntos en donde la Ciudadanía valientemente denunció esas malas prácticas», dijo la dependencia a SinEmbargo.
La FGJ-CdMx explicó que ahora, sin los orientadores jurídicos despedidos, el primer contacto con el público los realiza personal ministerial en las llamadas Unidades de Atención Temprana; aseguró que con esta decisión buscan no «re victimizar a las personas usuarias, con la finalidad de que dicho personal, decida rápidamente una ruta de derivación y explicar a la víctima que es lo que la Fiscalía General puede hacer por su caso».
Pero abogados como Mario Eduardo Ordoñez Almazán, quien trabajó en Módulos de Atención de distintas alcaldías, y Guadalupe Gómez ven con preocupación que la ciudadanía sea asesorada en primer lugar por ministerios públicos y policías.
Ordoñez Almazán puso como ejemplo que en los MAO los orientadores jurídicos también atendían casos de ciudadanos a los que policías les habían prometido iniciar carpetas de investigación en delitos como robos, incluso les entregaban hojas membretadas de la Fiscalía, pero al buscar los folios encontraban que las investigaciones no iniciaron.
«Consideramos que como ya no conveníamos a ese sistema, éramos personal incómodo. Ese es el fondo del problema, por eso consideramos que fueron los despidos», opinó Guadalupe Gómez, quien también acusó a la Fiscal Ernestina Godoy de ignorar a las y los orientadores jurídicos. «Nunca nos quiso escuchar, solamente escuchó la versión de Ministerio Público», agregó.
CAMBIOS EN LA FGJ-CDMX
El 14 de febrero la Fiscalía capitalina informó en un comunicado que los despidos de más de 100 orientadores jurídicos están relacionados con la creación de Unidades de Atención Temprana (UAT), que sustituirán a los MAO en todas las Coordinaciones Territoriales, la dependencia dijo a este diario digital que ello permitirá tener «personal con mayor sensibilidad y humanismo»
Sin embargo, aunque el Acuerdo FGJCDMX/06/2021, del 8 de febrero de 2021, establece las facultades que las UAT implementarán de manera paulatina hasta la desaparición gradual de los Módulos de Atención Oportuna, también instaura la creación de las Unidades de Gestión Administrativa de Casos No Penales (UGA), que sí contemplan operar con orientadores jurídicos.
En agosto de 2021, cuando los extrabajadores comenzaron a recibir cursos virtuales de capacitación sobre los cambios en la Fiscalía, sus superiores jerárquicos les pidieron mantener la calma y, a través de mensajes de texto enviados en grupos de mensajería activos con otros orientadores jurídicos, les aseguraron que las nuevas unidades serían operadas por integrantes de los Módulos de Atención Oportuna. Pero desde entonces un grupo de orientadores expresó el temor a ser relegados.
«[En los cursos virtuales] nos dieron la instrucción verbal de que ya no podíamos orientar a las personas, que teníamos que estar ahí como recepcionistas», recuerda Saraí García, una de las y los 17 trabajadores que en agosto del año pasado solicitaron al Coordinador General Jurídico y de Derechos Humanos, Jesús Sánchez Sánchez, mesas de diálogo para garantizar que serían designados a áreas donde pudieran desempeñarse según su experiencia como abogados.
De acuerdo con los extrabajadores, en los cursos les informaron que en el área donde trabajarían, llamadas Unidades de Atención y Seguimiento, ya no podrían orientar a las y los usuarios jurídicamente, tendrían que limitarse a hacer cinco preguntas clave; además, debían asegurarse de trasladar a los denunciantes a agencias especializadas si sus casos lo requerían, algo que en la práctica consideraban difícil porque en las fiscalías suelen faltar recursos humanos y materiales para efectuar esta labor.
Por ello, también pidieron su incorporación a las UGA por tener una preparación profesional más acorde con el área, pero, según dicen, no obtuvieron respuesta.
Un informe realizado por Édgar Téllez Padrón, Presidente del Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México, para analizar la transición de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía ya había alertado desde 2019 sobre la incertidumbre que los orientadores jurídicos del MAO sentían respecto al lugar que ocuparían en la nueva Fiscalía, de igual manera reconoció la falta de mobiliario básico como las sillas.
Por ello, en el informe se propuso a la Fiscalía capacitar a los orientadores jurídicos, darles mejores condiciones para trabajar e incluso considerar cómo podrían ayudarlos a crecer dentro de la dependencia. Una de las recomendaciones fue «promover esquemas de movilidad laboral de los orientadores jurídicos para su integración a la nueva estructura organizacional de la Fiscalía, por ejemplo, en las Unidades de Gestión Administrativa. Asimismo, es dable considerar su inclusión dentro del Servicio Profesional de Carrera».
Después de concretarse los despidos, el área de Comunicación de la Fiscalía de la Ciudad de México dijo aseguró que le ofreció a los orientadores jurídicos incorporarse al nuevo modelo de atención, pero no informó qué respuesta recibió del grupo de trabajadores antes de los despidos.
EXIGÍAN MEJORES CONDICIONES
Extrabajadores entrevistados por SinEmbargo consideraron que los ceses laborales también tendrían que ver con que desde hace meses habían hecho públicas sus exigencias por mejores condiciones de trabajo, lo que incluía peticiones por mejores equipos de cómputo y sillas para concretar sus turnos de más de 10 horas.
«Ya nos habíamos pronunciado directamente contra nuestras autoridades, nosotros demandábamos una mejor calidad de las condiciones y sillas porque algunos teníamos turnos de 12 horas por 36 de descanso, algunos de 24 horas laborando por 48 de descanso. Demandábamos más mobiliario porque es inhumanamente posible estar parado hasta 24 horas sin tener dónde sentarse», dijo el abogado Ordoñez Almazán.
Él formó parte de la comisión de extrabajadores que conversó con autoridades de la FGJ-CdMx luego de la protesta que realizaron el 14 de febrero para denunciar los despidos y recuerda que en la reunión, personal de la Fiscalía se negó a darles más detalles.
«Se negaron a explicarnos por qué fuimos despedidos, sólo nos dijeron: ‘Ustedes son abogados, saben cómo defenderse, entonces hagan lo conducente. Sin embargo, queremos decirles que ese cese de funciones es irrevocable», acusó el abogado.
PÉRDIDA DE CONFIANZA
El área de Comunicación de la FGJ-CdMx explicó a este diario que las y los profesionistas despedidos, al haber sido contratados como trabajadores de confianza, sólo tienen derecho a recibir la parte proporcional del aguinaldo y prima vacacional «ya que las demás prestaciones a las que tenían derecho les fueron pagadas hasta la fecha en que cesaron los efectos de su nombramiento».
También dijo que al no ser personal sustantivo ni de base su nombramiento podía darse por terminado «en cualquier momento» y defendió que el despido se «apegó en todo momento a la legalidad».
Sin embargo, 160 de los orientadores despedidos ya han enviado escritos a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Fiscal capitalina, Ernestina Godoy, para que conozcan su caso, de igual manera algunos se han organizado para iniciar juicios de amparo y laborales.
Otros extrabajadores, como es el caso de Mario Ordoñez, buscan que el dictamen con el que la Fiscalía capitalina justificó los despidos quede sin efecto para que él y sus compañeros recuperen sus empleos.
«Hay compañeros que se están inclinando por la materia laboral y están pidiendo que se les reinstale en otra área que se homologue a las tareas que hacían», explicó Ordoñez Almazán.
Por su parte, Guadalupe Gómez llamó a la Fiscal Ernestina Godoy a darles una respuesta pronta y no esperar a que concluya su gestión. «Las autoridades saben que un procedimiento laboral es largo.
Lo que tal vez cree la Fiscal es: ‘Bueno, un procedimiento laboral se tarda unos tres, cuatro años, yo ya salí en lo que se va a resolver, ya no es mi bronca y se la voy a dejar a la otra administración’, y eso es lo que no queremos. Queremos que haya expedita resolución a nuestras peticiones».
