Mientras el Senador chileno Guido Girardi recibe de FAO el mayor reconocimiento a la protección de la seguridad alimentaria por el etiquetado de advertencia establecido a alimentos y bebidas en Chile y, posteriormente, en Perú y Uruguay, algunos legisladores mexicanos se unen a las empresas de la chatarra y los refrescos para bloquear que esta exitosa política de salud pública llegue a la población mexicana sumergida en asa emergencias epidemiológicas de obesidad y diabetes.

En el Congreso mexicano comienza a pasar lo que en el parlamento europeo ocurrió hace aproximadamente nueve años y que fue considerado el mayor cabildeo que habían sufrido los parlamentarios de la Unión Europea. En 2010, los parlamentarios del Reino Unido presentaron al Parlamento Europeo la propuesta de un etiquetado de advertencia a los alimentos altos en azúcares, grasas, sal y calorías para que fuera establecido en esa región del mundo. Varios miembros de ese parlamento declararon que nunca antes habían vivido un cabildeo de la magnitud que vivieron contra este etiquetado por parte de las grandes corporaciones de alimentos y bebidas, encabezadas por Nestlé.

La semana pasada se comenzó a vivir en la Cámara de Diputados de México una situación similar: un grupo numerosos de mercenarios/cabilderos de la industria de los alimentos ultraprocesados y de las bebidas endulzadas, así como de asociaciones empresariales, se lanzaron sobre los legisladores de la Comisión de Salud y sobre los coordinadores de las bancadas para evitar que fuera aprobado un dictamen que establece, en la Ley general de Salud, la necesidad de un etiquetado frontal de advertencia.

No sabemos el monto de la inversión que estará realizando la industria contra la propuesta de un etiquetado frontal de advertencia en México, apenas comienza esta etapa. Llevan años haciéndolo, cooptaron autoridades de Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para que quedara el etiquetado que querían, para que tres de los ministros de la Suprema Corte votaran a favor de ese etiquetado, cooptaron el servicio de funcionarios de la Secretaría de Salud para crear un organismos de evaluación de las políticas contra la obesidad que quedó en manos de las propias empresas.

Lo descrito por los parlamentarios europeos es similar a lo que está ocurriendo en México, el país con uno de los mayores consumos de comida chatarra y bebidas azucaradas en el mundo y, por lo tanto, con una de las mayores incidencias de sobrepeso, obesidad y diabetes. Esta situación está descrita, de manera excelente en la última parte del documental de la televisión francesa, doblado al español por la televisión estatal de España, Sobredosis de Azúcar, que muestra cómo la interferencia de la industria corrompe a la ciencia y a los legisladores.

El Observatorio Europeo de Corporaciones señala que la gran industria de alimentos invirtió ¡¡mil millones de euros!! para evitar que el etiquetado de advertencia pudiera pasar y establecer el etiquetado conocido como GDA, que posteriormente fue instituido como obligatorio en México, gracias al contubernio de la Cofepris y la Secretaría de Salud de Peña Nieto. Este etiquetado, diseñado por la industria, está comprobado que no es entendible por los consumidores e induce al consumo de altas cantidades de azúcar.

En el Parlamento Europeo se proponía en 2010 el etiquetado de advertencia llamado “el semáforo”. En el Reino Unido, “el semáforo” se estaba usando de manera voluntaria, es decir, no se había evaluado su efectividad porque no estaba en todos los productos, en realidad, en un porcentaje muy reducido. El único país que ha establecido el etiquetado del semáforo, como tal, es Ecuador y aunque es mucho más entendible que el GDA promovido por la industria, sus resultados han dejado que desear. Parte de la industria propone ahora el semáforo, pero adaptado al GDA, lo cual mantiene a los consumidores en la confusión. En los hechos, la industria lo que busca es que los consumidores no tengan información de lo que se llevan a la boca, por lo cual, siempre estarán proponiendo etiquetados que sean confusos o que, incluso, beneficien a los productos que comercializan.

Los organismos internacionales de Naciones Unidas, así como el Instituto Nacional de Salud Pública, grupos de expertos y organizaciones de la sociedad civil de interés público, proponemos un etiquetado frontal que simplemente presenta unas alertas al frente del producto que advierten al consumidor si el producto presenta altas concentraciones de los nutrimentos críticos asociados a las epidemias de obesidad y diabetes, es decir, advierte si el producto es alto en azúcares, grasa, sodio o presenta altas cantidades de calorías. Este etiquetado ya existe en Chile desde 2016, se estableció este año en Perú y ha sido aprobado en Uruguay.

Ninguna otra política ha logrado lo que el etiquetado de advertencia tipo chileno en cuanto a la reducción en el consumo de productos que presentan altas concentraciones de azúcar, grasas. sodio, calorías. Este etiquetado ha recibido el reconocimiento de organismos de Naciones Unidas como la OPS/OMS, FAO y Unicef, así como por organismos internacionales independientes como la Federación Mundial de Obesidad y el Fondo Mundial de Investigación en Cáncer, entre otros.

En referencia al etiquetado frontal, la semana pasada, se dieron eventos profundamente contrastantes. Mientras en Italia la FAO otorgaba el premio bianaual Jaques Diouf al grupo de parlamentarios y ex parlamentarios que encabezaron la Ley de Etiquetado de Chile, a través del autor de la Ley, el senador Guido Girardi; en México, unos legisladores de la 4T cabildearon en contra de sus propios compañeros de partido y de otros partidos, para boicotear una reforma a la Ley General de Salud que establece la necesidad de un etiquetado similar al chileno. Lo que parecía había terminado, la imposición de intereses económicos en el poder legislativo, se impuso nuevamente.

Detrás está el cabildeo de las grandes corporaciones, encabezadas por FEMSA-Coca Cola, que han encontrado aliados entre algunos legisladores, parte de ellos de la llamada 4T. Es así que hay legisladores que mantienen el vínculo entre el poder político y el económico, que actúan al servicio de los intereses económicos que se han opuesto a todas las políticas recomendadas por los organismos internacionales para combatir la obesidad y la diabetes. ¿Dónde está entonces la 4T para esos legisladores que sirven a la industria actuando en contra de la salud pública y actuando en contra de sus propios compañeros de partido?

Como la ex directora de la OMS, la Dra. Margaret Chan, y una larga lista de especialistas y órganos científicos han señalado: el principal obstáculo para enfrentar la epidemia de obesidad son las grandes corporaciones y una de sus estrategias es su cabildeo, influencia y manejo de legisladores en torno a su causa.

Si Calderón terminó su mandato con 500 mil muertes por diabetes en su sexenio y Peña Nieto con 600 mil, de no actuarse con políticas preventivas (regulación de etiquetados frontales, publicidad, escuelas y medidas fiscales), López Obrador terminara su sexenio con 700 mil muertes o más por diabetes, manteniendo a México como el país de gran población con mayor incidencia de muertes por diabetes en el mundo. Y el sistema de salud pública terminará en una situación aún más catastrófica que la que vivimos actualmente y millones más se sumarán a la pobreza porque la obesidad con sus enfermedades asociadas, como la diabetes, cardiopatías y diversos tipos de cáncer, afectan en extremo las finanzas de las familias más pobres, e, incluso, a las familias de clase media, pauperizándolas.

Alejandro Calvillo

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Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

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