En noviembre de 2018, el Instituto Estatal Electoral de Baja California recibió formalmente la solicitud por parte de grupos que juntaron más de 16 mil firmas para rechazar el arribo de Tenedora Inmobiliaria, S de RL, nombre legal de la cervecera, a la que acusan de tener intenciones “depredadoras” con el agua de Baja California. A partir de entonces inició una batalla legal entre los colectivos y Constellation Brands, que en reiteradas ocasiones se llevó a instancias revisoras estatales y federales.
La solicitud plebiscitaria que pretendía someter a consulta la instalación de la planta cervecera Constellation Brands en el valle de Mexicali, fue declarada intrascendente e improcedente por parte de consejeros del instituto.
Por Eduardo Villa Lugo
Baja California, 12 de marzo (Zeta/SinEmbargo).– Luego de meses de protestas, impugnaciones y análisis con diversos sectores, el Instituto Estatal Electoral (IEE) finalmente dictaminó la solicitud plebiscitaria para la instalación de la planta cervecera Constellation Brands como intrascendente e improcedente, lo que prácticamente entierra la posibilidad de someterlo a consulta para el proceso electoral de mediados de año.
Para el ex consejero electoral Rodolfo García, el órgano electoral actuó con “dolo”, pues retrasó la decisión para dejar a los colectivos defensores del agua en indefensión. Independientemente de ello, la iniciativa privada asegura que se sienta un precedente positivo para futuras inversiones, pero advierte, el proceso afectó la imagen de la ciudad y tomará entre 15 y 20 años recuperarla.
La solicitud plebiscitaria que pretendía someter a consulta la instalación de la planta cervecera Constellation Brands en el valle de Mexicali, fue declarada intrascendente e improcedente por parte de consejeros del IEE, quienes durante tres meses se envolvieron en un severo conflicto jurídico, social y político que, a juicio del ex consejero Rodolfo García, fue resultado de un mal manejo de las autoridades electorales en el tema.
En noviembre de 2018, el IEE recibió formalmente la solicitud de plebiscito por parte de grupos remanentes de las movilizaciones de enero de 2017 en Mexicali, quienes juntaron más de 16 mil firmas para rechazar el arribo de Tenedora Inmobiliaria, S de RL, nombre legal de la cervecera, a la que acusan de tener intenciones “depredadoras” con el agua de Baja California. A partir de entonces inició una batalla legal entre los colectivos y Constellation Brands, que en reiteradas ocasiones se llevó a instancias revisoras estatales y federales.
En dos maratónicas jornadas realizadas los días 3 y 4 de marzo, el IEE lapidó la ilusión de los colectivos y dio tranquilidad a la empresa, cuando cinco de los seis consejeros en posibilidades de votar, otorgaron su voto a favor del dictamen que rechazaba la consulta en las próximas elecciones; por los tiempos es prácticamente imposible que ingrese.
Pese al reclamo de cuatro partidos políticos -Movimiento Regeneración Nacional, Transformemos, PT y PRD-, los cuales calificaron de “deficiente” el actuar de la Comisión de Participación Ciudadana del IEE, los consejeros avalaron el dictamen de improcedencia e intrascendencia.
La intención del plebiscito era someter a consulta el otorgamiento de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por parte de la Secretaría de Protección al Ambiente (SPA), en 2015. Sin embargo, los consejeros consideraron que ello no es una acción de Gobierno, sino un procedimiento administrativo, por lo que no puede someterse a decisión popular.
Lo anterior fue expresado por el consejero Abel Alfredo Muñoz Pedraza, quien dijo que de llevar a cabo el plebiscito, se violaría el derecho a la propiedad privada de la cervecera.
Mientras los colectivos en defensa del agua aseguran que no “bajarán los brazos” y continuarán con el proceso ante instancias superiores, el titular de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación en Mexicali, Eugenio Lagarde, aplaudió la decisión, pero afirmó que el proceso dañó a la imagen de la ciudad ante inversionistas nacionales e internacionales, por lo que deberán pasar entre 15 y 20 años para recuperarla.
EL SILENCIO DE LOS CONSEJEROS
Cuatro de los seis consejeros electorales que votaron -Daniel García García se abstuvo por el vínculo familiar con los solicitantes-, no justificaron los motivos de la aprobación del dictamen que declaraba intrascendente e improcedente el plebiscito, lo que deja dudas sobre su razonamiento y los criterios tomados para rechazar la consulta.
Sólo Olga Viviana Maciel y Jorge Alberto Aranda -quienes votaron en contra y a favor del dictamen, respectivamente- expusieron su razonamiento, mientras que Clemente Custodio Ramos, Graciela Amezola Carrasco, Lorenza Gabriela Soberanes y Abel Alfredo Muñoz Pedraza, optaron por guardar silencio.
En la opinión del ex consejero Rodolfo García, resulta inadmisible la falta de transparencia que exhibieron los consejeros, tanto en la sesión de Comisión, como en el pleno, cuando se formalizó la aprobación del dictamen y el posterior rechazo al plebiscito.
Y es que era necesario explicar su voto por la importancia del tema, sobre todo después de los múltiples reclamos emitidos por los representantes de los partidos Morena, PRD, Transformemos y PT, aunado al rechazo al dictamen por parte de la consejera Olga Viviana Maciel Sánchez, quien consideró trascendente el tema para la entidad, debido a que Baja California está en alerta de sequía y la sobreexplotación de los mantos acuíferos, así como el crecimiento poblacional proyectado para 2030, podría provocar escasez de agua para ese año.
El mutismo se extendió desde la primera sesión, ya que el consejero encargado del proyecto, Abel Alfredo Muñoz Pedraza, se limitó a exponer el tema de manera general, pese a los reclamos de los representantes de partidos.
Al término de la primera sesión, Muñoz Pedraza fue buscado por los medios de comunicación para explicar el dictamen, pero se limitó a leer un documento en el que culpó a la legislación de acotar la participación ciudadana.
Sin permitir preguntas, aseveró que si bien el agua es importante, su trabajo es ser objetivo y Constellation Brands cumplió con los requisitos para instalarse, por lo que someter el caso a un plebiscito coartaría a un particular su derecho a la propiedad privada. Esta premisa fue expuesta también por el consejero Jorge Alberto Aranda Miranda durante su breve participación.
Una de las pocas sorpresas de la sesión del lunes 4 de marzo, fue el enérgico mensaje del comisionado presidente, Clemente Custodio Ramos, quien solicitó al Poder Ejecutivo clarificar el uso del recurso hídrico para Baja California y de dónde se obtendrá el agua para la planta cervecera.
Esto resultó lamentable, sorpresivo y contradictorio para el ex consejero, pues se supone que se emitió un proyecto y se ponderó toda la información posible sobre el tema central, que era la afectación del agua.
Si bien el argumento jurídico recae en la MIA, la realidad es que el debate era sobre la preocupación del vital líquido, por lo que es inconcebible que luego de tres meses de análisis, no tuviera conocimiento sobre si hacía falta o no el agua.
Rosendo López Guzmán, representante del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en el Consejo Electoral, fue uno de los más críticos al considerar que no se abordó el tema del agua como algo prioritario, y criticó que los peritos especializados en investigar el caso fueran agrónomos y no ambientales. La respuesta que recibió fue que ninguno de los especialistas del Poder Judicial pudo participar.
Aprovechó que ante los malos resultados de la comisión, votaría para no otorgarles recursos el próximo año, al ser dinero tirado a la basura.
De igual manera, de las más de treinta instituciones invitadas para participar en el tema, sólo once emitieron respuesta, por lo que -según el ex consejero- era obligatorio ciudadanizarlo más.
TODOS CONTRA LA LEY
El único punto de coincidencia es la desastrosa Ley de Participación Ciudadana de Baja California que data de 2001, la cual calificaron de ambigua y rebasada por la nueva realidad social, por lo que, de acuerdo al consejero Muñoz Pedraza, urge modificarla para dotarla de mayores herramientas y clarificar criterios.
De hecho tiene errores tan elementales como la ausencia del concepto de “trascendencia”, lo que deja demasiado a la interpretación. Sin embargo, se consideró que la Ley era puntual al establecer que sólo las acciones de Gobierno y no sus procedimientos administrativos pueden someterse a la consulta.
“No podemos desconocer la presunción de legalidad de la Secretaría de Protección al Ambiente. Por ende, aunque el agua es vital para la vida humana, la mayoría de la Comisión recae en uno de los supuestos de improcedencia en la Ley de Participación Ciudadana, ya que fue de obligatorio cumplimiento, debido a la normatividad ambiental”, señaló el consejero proyectista, para luego reiterar la urgencia de modificar la Ley en la materia.
Sobre ello, Custodio Ramos aseveró que por las características de la Ley se supo desde un principio que el plebiscito no procedería, ya que el otorgamiento de la MIA no es un acto de Gobierno, sino de un procedimiento administrativo. Sin embargo, tuvieron que mantener la ruta que trazó el Tribunal Electoral.
“En el pleno del Consejo, desde que llegó la solicitud estaba el debate o la no procedencia del plebiscito, se optó tratar de seguir con la Ley, que son sus tres etapas, se llegó la etapa del Tribunal y tuvimos la intención de revisar eso, decretar la improcedencia del proceso, pero escuchamos la sentencia de Sala Guadalajara, pues hay tres etapas y de verdad va en perjuicio de la propia institución”, expuso.
Para el ex consejero, estas acciones tibias fueron insuficientes para brindar certeza a la decisión del IEE, acusándolo de actuar de forma ”dolosa”, pues como órgano de participación ciudadana, debieron aconsejarlos sobre el procedimiento a seguir y no aceptar un recurso improcedente.
“Yo sí creo que cuando menos se actuó con dolo, porque si sé que no va a prosperar, por qué no decirlo. ¿Y qué sucedió? Perdieron tiempo, que es oro molido para ellos. Esto se vence el 30 de marzo”, apuntó el doctor en Educación.
Agregó que se generó un gran desgaste para el IEE, debido al trabajo extenuante para establecer si había o no materia de plebiscito, lo cual se habría evitado si el Gobierno del estado definiera organismos ciudadanizados que clarifiquen y vigilen el uso del agua, así se evitaría emprender un plebiscito “que no procede y los convierte en los malos de la película”.
El consejero presidente aseveró que los mecanismos ideales para combatir la instalación de la empresa cervecera son el amparo o la impugnación en los tribunales administrativos, y no una consulta de este tipo, pero ambos ya están fuera de tiempo.
Además, responsabilizó a los diputados por no dar trámite a una propuesta de Ley de Participación Ciudadana totalmente nueva, realizada en foros de consulta efectuados por el IEE; esta quedó “congelada” en la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, presidida por Andrés de la Rosa Anaya.
Zeta buscó al legislador para una entrevista, pero no pudo ser localizado.
Para Rodolfo García, otro defecto de la Ley es que cualquier tipo de consulta ciudadana debe focalizarse en las áreas afectadas y no ampliarse a todo el estado, pues la instalación de una cervecera es importante para los mexicalenses, pero no para los residentes de Ensenada o Tijuana. Como ejemplo citó la solicitud de municipalización de San Quintín, donde se ampliaron los parámetros para una decisión popular que compete sólo a una región geográfica.
“La Ley de Participación Ciudadana -dijo- debe partir de la sociedad organizada, la academia y los empresarios, para así alejar las manos de los legisladores en la redacción de la misma, de lo contrario se beneficiaría a los intereses de los partidos y no de la ciudadanía”, planteó.
RESISTENCIAS SIGUEN LA LUCHA
Enrique Gordillo, representante legal de la empresa cervecera, celebró la resolución del IEE. Sin embargo, consideró que ni siquiera debió darse entrada a la solicitud del plebiscito, pues no era materia de consulta, lo que generó un desgaste para todas las partes.
Agregó que hace varios años, cuando se solicitó la MIA, ciudadanos interpusieron recursos legales para combatirla, pero fueron desechados porque no acreditaron el interés jurídico.
Los representantes de la empresa señalaron que la “campaña de desinformación” se emprendió desde hace años, como el hecho que utilizarán 20 millones de metros cúbicos de agua, cuando en realidad sólo pretenden 1.75 al año. Este señalamiento fue realizado justamente por Hipólito Sánchez Zavala, representante de Morena.
En el mismo sentido se posicionaron los representantes de la iniciativa privada, a través de Eugenio Lagarde, quien declaró que de proceder el plebiscito se habría generado un antecedente negativo para Mexicali y la entidad para futuras inversiones.
A raíz de la decisión del IEE, los proyectos de gran calado en las grandes empresas se reactivaron, pues permanecieron “congelados” ante la incertidumbre generada en sus inversiones.
“Va a ser ahorita un tema caliente, vamos a tener que explicar cómo estuvo la situación, independientemente lo que pasó, lo que sí te puedo decir es que están empezando a reactivar las empresas, tanto mexicanas como extranjeras; lo vemos con las naves industriales en la ciudad”, indicó.
Por su parte, Martha Elvia García, una de las activistas contra la cervecera, anunció en conferencia de prensa un día después de la resolución que emprenderían acciones jurídicas y sociales para combatirla.
Primero interpondrán un recurso ante el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California y posteriormente ante instancias federales, sin importar que los tiempos no les den para incluirlo en los próximos comicios.
“Ellos debieron cumplir la Ley, pero se pusieron a interpretar la Ley, entonces ya calificarán su interpretación los que dicen el Derecho, ellos no están para eso, para realizar funciones político-administrativas; están para interpretar la Ley”, subrayó la activista, para agregar que buscaron por todas las leyes para ver cómo rechazar la solicitud, en vez de hacerlo al revés.
Sobre la decisión final de los consejeros del IEE, aseveró que no están sorprendidos, pues reconocieron los intereses particulares de los consejeros. Sin embargo, les otorgaron el beneficio de la duda para pasar a la historia, abriendo la posibilidad de la consulta, por lo que sólo queda decir que el IEE le quedó chico a la sociedad mexicalense.
