Martha Tagle Martínez, Diputada federal del partido Movimiento Ciudadano, dijo que la situación de violencia feminicida por la que atraviesa el país requiere de medidas emergentes, y el planteamiento anunciado hoy por el Presidente Andrés Manuel López Obrador no va en ese sentido porque no es ninguna novedad o algo extraordinario a lo que ya está estipulado en la Ley.
“La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece muchas de las acciones que hoy se anunciaron. Me parece que hace falta ser mucho más claro en la emergencia”, expuso la legisladora federal.
Ciudad de México, 6 de marzo (SinEmbargo).– El Plan Emergente para Garantizar la Integridad, Seguridad y Vida de las Mujeres y las Niñas en México presentado hoy por el Presidente Andrés Manuel López Obrador sólo es un planteamiento con puntos muy generales, e incluso ya establecidos en la Ley, por lo que aún debe clarificar los lineamientos para erradicar la violencia contra las mujeres, coincidieron representantes de organizaciones civiles y expertas feministas.
María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (ONCF), Lulú V. Barrera, fundadora del colectivo Luchadoras, y Elena Contreras, representante de Las del Aquelarre –colectivo feminista que ha participado en los trabajos de la solicitud de la Alerta de Género en la Ciudad de México–, así como la Diputada federal, Martha Tagle, resaltaron que será necesario que el Gobierno tome en cuenta la experiencia de las organizaciones civiles y colectivos, y que trabaje de la mano con ellas para avanzar en la ruta contra la violencia feminicida en el país.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador; la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman, dieron a conocer el plan integral con el que buscan prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en México. Anunciaron una serie de medidas que se basan en la coordinación de los tres niveles de Gobierno; atender recomendaciones internacionales; identificar zonas de riesgo; un registro nacional del transporte público y concesionario, así como campañas permanentes de prevención.
PLANTEAMIENTO AMBIGUO
María de la Luz Estrada, Lulú V. Barrera y Elena Contreras consideraron que el Plan contra la Violencia hacia las Mujeres sólo muestra aspectos generales que no permiten definir o esbozar cuáles serán los métodos de acción para tratar la problemática.
“Son líneas muy amplias que no necesariamente nos dan elementos para saber si la política será suficiente y adecuada”, expresó Lulú Barrera.
Para Martha Tagle Martínez, Diputada federal del partido Movimiento Ciudadano, el planteamiento no presenta grandes novedades o algo extraordinario a lo que ya establece en la Ley General de Víctimas.
“La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece muchas de las acciones que hoy se anunciaron […] varias de las cosas ya están en la Ley, no es nada nuevo a lo que ya está en la Ley. Seguimos sin sentir dónde está el tema emergente, porque al final de cuesta eso está en la Ley y es lo que tienen que hacer las instituciones”, declaró la Diputada Tagle.
Las representantes de organizaciones feministas junto con la Diputada de Movimiento Ciudadano insistieron que falta clarificar cómo planean enfrentar el problema.
“Me parece que hace falta ser mucho más claro en la emergencia y no tenemos una claridad de este Plan, que debería ser implementado de manera emergente ante una situación de lo que se vive en el país. No hay algo muy concreto por donde avanzar”, abundó la congresista.
Lulú Barrera añadió: “en realidad, el documento que ha circulado son 10 diapositivas que no profundizan sobre los abordajes”.
María de la Luz Estrada explicó que en «los cómo estará la certeza” de saber si las autoridades realmente quieren cambiar: “que ya salgamos de la simulación y realmente se puedan hacer acciones de fondo, es decir, entiendo que es un plan de urgencia contra el feminicidio donde se plantearon temas también muy generales”.
Elena Contreras, del Colectivo feminista Las del Aquelarre, destacó que al Plan la falta un eje que considera toral para erradicar la violencia de género: la educación.
La activista consideró que el planteamiento está incompleto en materia de prevención “toda vez que no incluyen a los hombres en las fórmulas y es necesario tomar en cuenta que son los hombres los que ejercen en su mayoría la violencia de género”.
Explicó que es necesario que la Secretaría de Educación Pública (SEP) sea incluida a la estrategia porque “un plan emergente debe tener miradas integrales, e históricamente la SEP nunca ha realizado una revisión de sus planes de estudios, la transversalización del enfoque de género y derechos humanos es indispensable, especialmente en la educación básica, por ello no es descabellada la idea de que se soliciten acciones integrales”.
APLAUDEN EL RECONOCIMIENTO
María de Luz Estrada, directora del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (ONCF), comentó que el anuncio es importante porque se trata de un reconocimiento donde el Estado admite que falló en términos de política para el tema de feminicidios.
“El Estado no había asumido su rectoría y entiendo que ellos [el Gobierno] lo que dicen es que el Estado tiene que asumir la responsabilidad y garantizarles a las mujeres una vida libre de violencia”.
Para Lulú Barrera la presentación del Plan fue un acto político que era urgente para decir que sí tendrán una política en la materia, pero sigue en elaboración.
“Creo que necesitamos es saber y tener indicadores concretos acerca de cómo cada acción va a cambiar cada cosa en particular”, dijo.
El Colectivo Las del Aquelarre aplaudió la adopción del paquete de servicios a mujeres víctimas de violencia, sin embargo, aclaró que es necesario que haya una vigilancia permanente para garantizar su correcto funcionamiento.
La Diputada Martha Tagle coincidió que el Estado, –todos los poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial – dejaron de hacer sus obligaciones en materia de violencia contra las mujeres, sin embargo, reiteró que la situación actual, [el alto nivel de violencia feminicida] requiere un Plan Emergente, con medidas extraordinarias, y el planteamiento anunciado hoy por López Obrador, no va en ese sentido.
“Todas las acciones anunciadas tienen que ver más con lo que establece ya por obligación, pero necesitamos un Plan Emergente, porque a las mujeres las están matando día a día”.
En México 66 de cada 100 mujeres en México sufren violencia en el país y se asesina entre nueve a 10 mujeres y niñas cada día. Cada 160 minutos son privadas de la vida una mujer o una niña, pues en el 2018, el feminicidio alcanzó la “escalofriante” cifra de 3 mil 580 víctimas, de acuerdo a las cifras que presentó hoy la titular del Segob, Olga Sánchez Cordero.
PUNTOS CLAVE
La revisión a las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y la auditoria a los casos de feminicidios son dos puntos del Plan Emergente para Garantizar la Integridad, Seguridad y Vida de las Mujeres y las Niñas en México que resaltaron las activistas entrevistadas.
El Plan contempla una revisión a las AVGM que ya han sido decretadas en el país, conformar un grupo técnico y crear un mecanismo de seguimiento y evaluación del cumplimiento de las medidas de la AVGM.
Sobre este punto, María de la Luz Estrada manifestó que las autoridades “sí recogieron las demandas hechas por las organizaciones en relación a la urgente necesidad de evaluar los impactos que han tenido las medidas [emanadas de las AVGM]».
“Porque hasta ahorita no ha habido ningún dictamen para evaluar los resultados de la AVGM, lo cual era responsabilidad de la Comisión Nacional de Víctimas (CONAVIM)”, institución que, por cierto, actualmente sigue acéfala.
Elena Contreras también reconoció el punto propuesto y agregó que es necesario que establezcan indicadores de resultados “y que el cuerpo técnico que se pretende integrar entregue cuentas de su desempeño y de todas y todos los servidores públicos en la ruta de los feminicidios”.
A nivel nacional, de las 33 solicitudes de declaratoria de Alerta de Violencia de Género, sólo ha sido declarada en 17 estados.
El Plan de Gobierno federal también instituye una auditoría a los casos de feminicidio, violencia sexual, violencia familiar y desapariciones, a fin de identificar líneas de investigación y problemas estructurales.
“Vemos con buenos ojos la auditoría a los casos de feminicidio existentes, pero habría que ampliar la lupa. Uno de los grandes problemas en el acceso a la justicia de las mujeres es la inadecuada atención a los casos de feminicidios que invisibilizan el problema”, opinó Elena Contreras.
En este punto, la feminista expuso que es conveniente que se endurezca el tratamiento a las y los servidores públicos, a jueces y magistrados, que no cumplan con su obligación.
“La sanción, remoción e inhabilitación permanente es necesaria en muchos de los casos registrados, porque es el primer obstáculo de las mujeres y sus familiares para el acceso a la justicia”, especificó.
Lulú Barrera dijo en materia de auditoria esperan que esto sea “una oportunidad para obtener justicia en muchos casos que están congelados”.
PIDEN INCLUSIÓN DE ORGANIZACIONES
Las entrevistadas y la diputada concordaron en que es necesario que el Ejecutivo tome en cuenta a las organizaciones civiles y a las defensoras para aprovechar el conocimiento, así como la experiencia que tienen estos colectivos y agrupaciones que han trabajado en busca de erradicar la violencia de género desde hace varios años.
“Todas las organizaciones que hemos participado en esta lucha hemos estado llenado estos vacíos –del Estado, en sus tres niveles– para tratar de responder a los problemas, porque al final el Estado no lo ha hecho”, explicó Luz Estrada, del ONCF.
La activista agregó que esperan que pronto el Gobierno de a conocer el Plan de fondo y la estrategia, es decir, la ruta para combatir la violencia de género, para que ellas puedan conocer cómo se va a operar y cuál será la intervención tanto de las autoridades y de las víctimas y colectivos.
“Creo que esta construcción que ellos van a empujar debe de involucrar a la sociedad civil experta en la materia, porque al final de cuestas es la sociedad la que ha estado en terreno”, reiteró Luz Estrada.
Elena Contreras hizo una petición en el mismo sentido: “que se integre a la sociedad civil, incluidas las colectivas de feministas, pero no sólo las de élite, sino a las que sabemos la agenda porque la vivimos diariamente”.
En tanto que Lulú Barrera apuntó: «creo que cualquier acción [del Gobierno] debe de estar fundamentada en datos que ya tengamos sobre violencia […]”.
