En un contexto de violencia, impunidad, crimen organizado y desigualdad en que operan las empresas en México, se han registrado al menos 61 casos de abusos a derechos humanos relacionados con las actividades empresariales, incluyendo a compañías nacionales como Pemex, la CFE y Grupo Higa. De éstos conflictos, 11 se dieron en los rubros minero y cementero; nueve casos en el de hidrocarburos y otros ocho en hidroeléctricas y parques eólicos, documentó el Grupo de Trabajo de la ONU durante su visita al país el año pasado.
Ante este panorama, organizaciones civiles han dicho que los principales retos del siguiente sexenio son aplicar a las comunidades indígenas la consulta libre, previa e informada sobre su territorio; revisar el pago de la indemnización por las afectaciones; la regulación frente a las amenazas y la violencia contra los habitantes y sus defensores, así como dejar de estigmatizar a los pueblos sobre el supuesto rechazo al desarrollo.
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Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo).– Ante la mirada y las exigencias a nivel internacional, el siguiente Gobierno federal está obligado a, en su papel de regulador y no de aliado, establecer un equilibrio entre los derechos de las comunidades indígenas y el desarrollo que prometen los megaproyectos operados por las empresas.
Organizaciones civiles que han seguido el centenar de casos de conflictos han determinado la urgencia de respetar el derecho internacional a una consulta libre, previa e informada sobre el territorio de los pueblos para aprobar o rechazar los megaproyectos de energía (eléctrica, eólica y solar), minería, infraestructura e inmobiliarias principalmente en el norte y sur del país, para que no se instalen a través de engaños, simulación, amenazas, sobornos o pisoteo de amparos.
Sin embargo, en un contexto de violencia, impunidad, crimen organizado y desigualdad en que operan las empresas en México, solo será posible si éstas también aplican los más altos estándares en materia de derechos humanos y toman medidas especiales en situaciones de conflicto como lo exige el principio de debida diligencia.
«La inclusión de pueblos indígenas en la toma de decisiones dentro del modelo de desarrollo es una deuda histórica en el país”, afirmó Alejandra Ancheita, directora de la asociación ProDESC. «Que el Gobierno federal volteé a ver a los ejidos y comunidades. Es importante la opinión de los campesinos, ejidatarios y pequeños propietarios para que el proyecto de una nación pueda tener éxito», coincidió Diego Espinoza, miembro de la Central Campesina Cardenista que ha acompañado diversas afectaciones a comunidades.
De acuerdo con un informe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, sólo cinco de cada 50 compañías llevan acabo una consulta de manera adecuada, por lo que el resto no respeta lo establecido en el Convenio Internacional 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Para nosotros, los vientos son parte de nuestra identidad como comunidad. Para ellos es un bien para hacer negocio”, ha dicho Betina Cruz, habitante de Juchitán, Oaxaca. En el Istmo de Tehuantepec, donde pegan vientos fuertes, hay 25 parques eólicos ubicados en entre 70 y 100 mil hectáreas. Pero, dijo Cruz quien es miembro de la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (APOYO), en la mayoría no se realizó una consulta.
Sin embargo, no sólo no se aplican las leyes sino que el mismo marco regulatorio atenta contra los derechos humanos, ha advertido la investigadora Melisa Ortiz, del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.
El artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos y el artículo 71 de la Ley de la Industria Eléctrica no reconoce el derecho a negarse a la exploración y explotación de recursos en su territorio, el espacio físico donde se construye su identidad y actividades económicas-culturales. Además, este marco legal favorece el uso del suelo para proyectos sobre cualquier otro, por ejemplo para la agricultura, lo que vulnera otros derechos como el derecho a la alimentación y el trabajo, agregó en entrevista.
«Los grandes desafíos tienen que ver con las grandes desigualdades estructurales que, sobre todo, ponen en mayor desventaja a los pueblos y comunidades indígenas. La generación de desarrollo no acorta las desigualdades, sino las refuerza para que se den los recursos a las empresas», dijo Ortiz.
Además de la ausencia de la consulta previa, libre e informada, Diego Espinoza, de la Central Campesina Cardenista, ha resaltado que a pesar de las afectaciones medioambientales y sociales al dividir a las comunidades, no se ven retribuidas con un pago o con el supuesto desarrollo económico ofrecido al inicio de los proyectos.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos que visitó el país, advirtió el año pasado que además de violar el derecho a la tierra y el territorio; acceso a la información y el derecho al medio ambiente sano, empresas privadas como Grupo México, Grupo Higa, Grupo BAL, Bimbo, Goldcorp, TransCanada, Eólica del Sur y Cemex han realizado amenazas u hostigamiento contra los habitantes, al igual que las estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricididad (CFE), pese a que «el gobierno debe liderar con el ejemplo».
Este Grupo de Trabajo ha documentado, sin aclarar el periodo y basado en informes de un centenar de organizaciones civiles, que se han registrado 61 casos de abusos a derechos humanos relacionados con las actividades empresariales, de los cuales 11 se dieron en el sector de minería y cementeras; nueve casos en el de hidrocarburos y otros ocho en hidroeléctricas y parques eólicos. La mayoría de los abusos son al derecho a la tierra y el territorio (32 casos) y la falta de acceso a la información (28 casos).
Ante ello recomendó fortalecer los procedimientos de inspección de todas las autoridades a nivel nacional y estatal, especialmente a proyectos de gran escala y de la industria extractiva.
En el caso de la industria minera y de energía, Alejandra Ancheita, directora de la asociación ProDESC, expuso que el modelo económico de despojo ha generado al menos 100 conflictos por instalación de estos proyectos en los últimos años.
Tan solo en 2016 y lo que va de 2017, SinEmbargo ha documentado la falta de consulta libre, previa e informada a las comunidades durante la instalación de proyectos –de norte a sur– en Sonora, Coahuila, Durango, Zacatecas, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca y Chiapas.
Las consultas que se han realizado en Yucatán, Oaxaca y Sonora, ejemplificó un grupo de defensores incluyendo a Serapaz y ProDESC, además de dividir y confrontar a las comunidades indígenas, se realizan en el terreno de la simulación ya que no han sido libres ni previas porque mientras se llevan acabo ya han comenzado a instalarse las obras y en ocasiones se siguen operando.
En este marco, en verano pasado ocho organizaciones civiles que conforman el Grupo Focal anunciaron que después de dos años de trabajo se han salido del proceso para crear un Programa Nacional de Empresas y Derechos (PNEDH), ya que no avalan que la propuesta presentada por el gobierno mexicano ignore los estándares internacionales, entre ellos, acceso al remedio de daño y justicia ante la violación de derechos humanos durante la operación de proyectos.
La semana pasada, el 6 de noviembre, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juárez (Centro Prodh), expuso durante un foro que en el país hay una “gran oleada” de concesiones asociadas con temas extractivos, donde el factor común es un enfrentamiento entre comunidades e industrias, sin que exista una política de Estado que brinde protección a las comunidades afectadas, situación que las deja indefensas ante los poderes económicos y políticos.
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VIOLENCIA CONTRA DEFENSORES
Antes de que se instale un megaproyecto primero entra el crimen organizado a tratar de detener cualquier tipo de protesta social sea con mineras, obra hídrica o parque eólico, ha dicho Julio César Cervantes Ortega, basado en su experiencia de acompañamiento a comunidades a través de la organización Central Campesina Cardenista.
«El Gobierno que entre va a tener el reto de tratar de controlar este extraño comportamiento empresarial que participa en las mismas zonas donde el crimen organizado tiene mayor injerencia», ha dicho.
En este contexto de violencia, otro de los retos del próximo sexenio, aseguró la investigadora Melisa Ortiz, es controlar las agresiones contra las comunidades y los defensores de sus derechos, quienes han acusado de procesos judiciales que favorecen más a las empresas que a las comunidades.
Entre 2010 y 2014, se han reportado un total de 615 casos de violaciones a derechos humanos cometidas contra defensores de derechos humanos, incluyendo 36 asesinatos, documentó el Grupo de Trabajo de la ONU. Pero con demasiada frecuencia los casos permanecen impunes, sin sanciones ni investigaciones efectivas.
Un informe de Red TDT ha documentado que durante este sexenio de los 302 casos registrados de agresiones contra defensores de derechos humanos, 23 hechos contra defensores (8 por ciento del total) están relacionados con la implementación de la Reforma Energética y de los más de mil afectados 273 indígenas han sido víctimas.
Sara Méndez, de Código DH en Oaxaca, acusó que la tríada (Oaxaca, Guerrero y Chiapas) sigue siendo la de mayor rezago en el país, zona donde ha habido un proceso de despojo de recursos naturales de propiedad comunal (sin consulta previa, libre e informada) “vendido como desarrollo”.
Melisa Ortiz también ha destacado la importancia de rechazar la idea de que los poblados indígenas no quieren el desarrollo. Por el contrario, están pugnando por uno sustentable, pero no bajo las condiciones donde sus derechos se ven vulnerados.
En esa misma línea consideró la importancia del respeto al principio rector de la “debida diligencia”, el cual obliga a las empresas a verificar que se estén respetando los derechos humanos de las comunidades donde se llevan a cabo sus proyectos, principalmente de los sectores de minería, energía, construcción y turismo.
Los consultados también han advertido que los megaproyectos que definitivamente deben cancelarse son los que implican fracking y minería de cielo abierto por representar graves daños al ambiente.
«Hay megaproyectos de infraestructura que pueden beneficiar en transporte o que tal vez no contaminen tanto, pero hay otros que deben ser completamente frenados como el fracking, minería en cielo abierto y trasvases de agua», aseguró Cervantes Ortega.
En la Cuenca de Burgos, al norte del país, se quiere implementar la técnica de extracción de fracking, «pero es una zona que no tiene agua, por lo que es inhumano pensar que pueda realizarse ahí».
La minería a cielo abierto también provoca contaminación y deja inservible al suelo. Documentó que hay dos minerías a cielo abierto en Veracruz muy cerca de la Planta Nuclear de Laguna Verde, «lo cual es completamente estúpido e irresponsable». La investigadora Melisa Ortiz también pidió descartar las minerías a cielo abierto por generar una gran devastación ambiental.
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CASOS DOCUMENTADOS POR SINEMBARGO
En los últimos dos años SinEmbargo ha documentado la violación a derechos humanos de comunidades indígenas por parte de empresas –algunas coludidas con el gobierno estatal– al menos en Sonora, Coahuila, Durango, Zacatecas, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca y Chiapas, donde se han impuesto parques eólicos, paneles solares, mineras, inmobiliarias, cerveceras o un gasoducto.
–Parques eólicos
En el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca hay agua y viento en cantidades importantes. En el 2002 se determinó que tiene un potencial para generar 33 mil mega watts de energía eólica, lo cual atrajo el interés de empresas. Ahora hay 25 parques eólicos ubicados en entre 70 y 100 mil hectáreas.
Desarrollos Eólicos Mexicanos (DEMEX), en el municipio Unión Hidalgo, en Oaxaca, instaló el Proyecto Eólico Piedra Larga, el cual provee de energía a Grupo Bimbo. La empresa, subsidiaria de la española Renovalia Energy, incumplió con los acuerdos, y los comuneros demandaron ante el Tribunal Agrario la nulidad del contrato. El proyecto eólico acumula ya varios años operando pese a que la sentencia sobre el caso será dictada hasta este mes.
Desde que arribó, la comunidad zapoteca sólo ha enfrentado engaños, intimidación, agresiones, contaminación inseguridad y violaciones a sus derechos humanos.
También en Unión Hidalgo, las empresas Eléctrica del Valle de México (propiedad de la paraestatal francesa EDF), GAMESA (eléctrica española) y Eólica Unión (oaxaqueña) buscan instalar tres proyectos eólicos y una subestación de almacenamiento de energía, sin antes haber consultado a los propietarios.
“No son proyectos de desarrollo para nuestras comunidades. No queremos ni necesitamos sus dádivas (renta de tierras). Vivimos de la pesca; somos campesinos”, aseguró Nashielli Valencia Nuñez, miembro de APOYO y habitante de Ixtepec. “Las empresas solo quieren llegar y adueñarse de todas nuestras riquezas para llevárselas incluso afuera del país”.
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–Paneles solares
Ezer May May, del pueblo mágico Izamal, Mérida, denunció que en Yucatán están en proceso nueve proyectos, entre eólicos y solares, y más de 20 empresas “están corrompiendo a las autoridades ejidales con prácticas clientelares: gorras, tortas y 800 pesos anuales por ejidatario. ¿Eso vale la tierra?”.
–Mineras
El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina ha registrado, de norte a sur del país, que 17 mineras canadienses han dañado a comunidades mexicanas, algunas de ellas con usos y costumbres propias.
La minera canadiense Excellon Resources violó un contrato con ejidatarios de La Sierrita de Galeana, en Durango, al explorar más hectáreas de las rentadas. La comunidad presentó una demanda para anular el acuerdo y recuperar sus tierras. Pero, ante la dificultad de negociar con la empresa, en 2012 establecieron un campamento que afectó las operaciones y ganancias de la compañía, por lo que, de acuerdo con un estudio de dos organizaciones y el Presidente del Comisariado Ejidal de la Sierrita, Excellon presionó al Gobierno estatal para que los desalojara.
Entre las mineras señaladas por los comuneros de dañar su comunidad y cometer otros actos de agresión en su contra destacan Metallica Resources en San Luis Potosí; Minefinders en Chihuahua; Great Panther en Guanajuato; BlackFire en Chiapas; Torex Gold en Guerrero; Alamos Gold en Sonora; Vista Gold en Baja California Sur; Continnum Resosurces en Oaxaca, Linea Gold Corp en Chiapas y Oaxaca; Gold Group en Veracruz; Almaden Minerals en Puebla; Fortuna Silver en Oaxaca; Araganout Gold en Baja California; Excellon en Durango; First Majestic Silver Corp en Coahuila y Zacatecas; Gabfer en Colima y Samalayuca en Chihuahua.
Pero no solo las canadienses han dejado su huella en las comunidades. A tres años del “desastre ambiental más grande en la historia de la minería en México”, el Río Sonora sigue contaminado a pesar de que lo niegue el gobierno estatal y la empresa responsable del derrame de 40 millones de litros de tóxicos, Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, aseguró el abogado del caso, Luis Miguel Cano.
El Juzgado Primero de Distrito de Sonora sentenció que el agua del río sigue contaminada. De acuerdo al monitoreo de los pozos, se detectaron dos pozos contaminados: el de la comunidad Sinoquipe con arsénico y en La Labor con manganeso, lo cual viola el derecho humano al agua para los alrededor de 500 habitantes de ambos poblados.
Además, el territorio de la comunidad indígena zoque, al norte de Chiapas, está plagado por seis proyectos extractivos que han amenazado sus 20 municipios en las últimas décadas, pero más a raíz de la Reforma Energética, aseguró uno de sus habitantes, Fermín Ledesma Domínguez. Pese a ello, no han recibido el derecho a la consulta.
Los otros proyectos extractivos que han dañado al territorio zoque, enlistó Fermín, es el ganadero; el hidroeléctrico (tres centrales desplazaron a 4 mil familias); el minero (once concesiones en siete municipios incluyendo la Minera Frisco de Carlos Slim Helú); el geotermoeléctrico y el extractivismo verde.
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–Saqueadoras de agua
Empresas inmobiliarias, refresqueras o cerveceras han despojado a comunidades de su agua para instalar y operar sus proyectos.
En la Ciudad de México, las inmobiliarias contaminan el agua, mientras colonos carecen de su acceso durante semanas y pueblos originarios de Álvaro Obregón, Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Tlalpan y otras delegaciones deben emplearla para sus cultivos ya negra o tratada.
Por ejemplo, desde febrero de 2016, vecinos de Coyoacán, al sur de la ciudad, han enfrentado fallas en el suministro de agua potable a raíz de la construcción de la empresa desarrolladora “Quiero Casa” en el manantial Aztecas 215 a pesar de 27 irregularidades expuestas en el “Manifiesto de impacto ambiental” publicado por la la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la capital.
En el Estado de México, los mexiquenses que se suministran del sistema de Tecámac corren el riesgo de quedarse sin el líquido por la reciente instalación de la planta de Grupo Peñafiel que absorberá del acuífero Cuautitlán-Pachuca millones de litros diarios. Esto, además de violar convenios internacionales sobre dar prioridad al uso doméstico, es “el reflejo del autoritarismo en la entidad en aras de negocios personales”, acusó José Antonio Lara Duque, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
Asimismo, habitantes de la comunidad nahua en San Pedro Tlanixco y de la otomí en San Lorenzo Huitzizilapan, en el Estado de México, han luchado durante años contra el intento del Gobierno mexiquense de privatizar su agua y bosques, símbolos de sus usos y costumbres, para instalar megaproyectos como desarrollos inmobiliarios, autopistas o campos de golf.
En San Pedro Tlanixco, cerca del Nevado de Toluca, a sus habitantes se les arrebató, en 2001 el uso del río Texcaltengo, que nace en su territorio, para entregarlo a empresas de floricultivo, algunas de capital extranjero. Seis de los habitantes que se manifestaron en contra fueron acusados de homicidio, a raíz de un accidente, y han vivido presos por más de una década.
En el caso de San Lorenzo Huitzizilapan, en el municipio de Lerma, son las autoridades locales priistas las que han intentado dividir a la comunidad para entregar su sistema autónomo de agua a la administración estatal, acusó uno de sus habitantes.
En el caso de las cerveceras, para que 180 países beban los productos de Grupo Modelo, cientos de personas de los municipios de Fresnillo y Calera, Zacatecas, de las zonas más áridas del país, enfrentan desabasto de agua. Alrededor de siete litros del vital líquido se usan para producir uno sólo de la bebida alcohólica. En Calera hay 370 pozos cuya perforación a más de 500 metros ha provocado sobreexplotación y desabasto del líquido vital.
Asimismo, en junio del año pasado el Alcalde de Zaragoza, Coahuila, Leoncio Martínez Sánchez, denunció que una planta de la empresa cervecera estadounidense Constellation Brands –dueña de Grupo Modelo– está secando ese municipio, lo que afecta a 3 mil personas de cinco colonias. Ante estos antecedentes, el Movimiento Mexicali Resiste se opone a la construcción de la cervecera Constellation Brands en Baja California, por lo que han sido víctimas de represión.
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–Gasoducto
Loma Bacúm, Sonora, una de las ocho comunidades yaqui [Cócorit, Tórim, Vícam, Pótam, Huibiris, Rahum y Belén], se ha levantado en contra de la construcción del gasoducto de la empresa Gasoducto Aguaprieta, filial de Infraestructura Energética Nova (Ienova).
Sobre ese suelo caliente resguardado por sus ancestros, se planea un proyecto energético desde la frontera con Estados Unidos a Sinaloa para proveer de gas natural a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El pueblo yaqui se opone a esa construcción por el riesgo de una explosión del metano que afectaría a unos 15 mil habitantes. Pero, además, por la falta de una consulta previa, libre e informada.
