“Derivado de las diligencias realizadas en la investigación, se tienen datos de que el menor puede ser originario de un estado de la Unión Americana, por lo que ya se solicitó información a la Embajada de Estados Unidos en México y estamos en espera de la respuesta», informó hoy la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).- Anthony, el niño de cuatro años que fue encadenado y torturado en la Ciudad de México, podría ser de los Estados Unidos, informó hoy la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
El martes 27 de junio, el pequeño fue rescatado por autoridades de la delegación Gustavo A. Madero (GAM) y de la PGJ.
Anthony fue encontrado desnudo, con cinta canela alrededor del cuello y encadenado por los pies a una banca dentro de una casa ubicada en la colonia Gabriel Hernández de la GAM. Además, el niño presentaba daños severos de desnutrición, golpes en la cabeza y quemaduras de cigarro en la espalda.
Las autoridades detuvieron a Juan Carlos Loaeza y a Olivia Castro, de 33 y 32 años de edad, respectivamente, quienes dijeron ser los tíos del menor.
Sin dar más explicaciones, los adultos comentaron que el papá del niño se los encargó.
Al momento de su rescate, el infante comentó que su padre lo golpeaba con una lámpara. Después, las autoridades capitalinas se lo llevaron para realizarle estudios para determinar su edad, el grado de desnutrición, el daño psicológico y si sufrió abuso sexual.
El operativo en el que se detuvo a los supuestos tíos del menor. El rescate se realizó luego de que en uno de los recorridos que realizó el Delegado, Víctor Hugo Lobo, por la colonia, recibiera una carta con la denuncia del cautiverio de Anthony.
“Tras ser rescatado el menor de edad y con el objeto de proteger y restituirle sus derechos, la delegación Gustavo A Madero, en coordinación con la Procuraduría capitalina, ingresó al niño a un hospital privado para su inmediata atención. No obstante lo anterior, esta dependencia a través de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, le brindará asistencia integral, psicológica y jurídica», expuso la PGJ en conferencia.
“Derivado de las diligencias realizadas en la investigación, se tienen datos de que el menor puede ser originario de un estado de la Unión Americana, por lo que ya se solicitó información a la Embajada de Estados Unidos en México y estamos en espera de la respuesta», profundizó la información.
La Procuraduría “solicitará a un Juez vincular a proceso a los imputados, y de encontrarse penalmente responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad con el fin de causar un daño, podrían alcanzar hasta 60 años de cárcel».