Grupos civiles denunciaron que el freno a la tipificación como delito a las peleas de perros a nivel nacional proviene de la Senadora priista Ivonne Álvarez, quien además es Secretaria de la Comisión de Justicia. Acusaron que el equipo de la legisladora dijo a los activistas que la PGR considera que la tipificación de este delito en el Código Penal Federal sería inoperante, a pesar de las advertencias que detrás de esta práctica criminal se han detectado una serie de delitos como apuestas, narcotráfico, tráfico de armas, pornografía infantil y trata.
Ciudad de México, 31 de marzo (SinEmbargo).– La iniciativa de reforma al Código Penal Federal que busca tipificar como delito la organización de peleas de perros fue turnada a la Comisión de Justicia del Senado de la República, presidida por la Senadora panista Pilar Ortega Martínez, donde se encuentra estancada y sin avances, denunció Antón Aguilar García, director de la organización Humane Society International (HSI) México.
En entrevista para SinEmbargo, Aguilar Martínez destacó que la oposición para que las peleas de perros sean consideradas un delito en todo el territorio nacional proviene de la Senadora priista Ivonne Álvarez García, quien además es Secretaria de la Comisión de Justicia.
El activista dijo que el equipo de la legisladora de Nuevo León les aseguró que en consultar a la Procuraduría General de la República (PGR), la instancia federal consideró que la tipificación del delito en el Código Penal Federal sería inoperante, pues no “encaja” en los supuestos previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
«De la noche a la mañana se bajó el tema de la agenda y ya no se discutió a solicitud de la Senadora Ivonne Álvarez, del PRI. La Senadora no nos quiso recibir, pero su equipo nos informó que la PGR solicitó bloquear el proceso de dictamen y enterrar la iniciativa», detalló el activista.
El pasado 8 de diciembre, la Cámara de Diputados votó a favor de tipificar las peleas de perros como delito; después, el tema fue turnado al Senado de la República, con lo que el país entero sancionaría la actividad que envuelve otras ilícitas como la trata de personas, pornografía infantil y tráfico de armas y drogas. No obstante, la organización denunció que el dictamen se encuentra «congelado».
«[Aprobar el dictamen] es muy útil para la PGR y la Policía Federal porque es una herramienta más para que ellos combatan al crimen organizado que está metido hasta la coronilla en estos espectáculos crueles. Allí hay armas, hay drogas y trata de personas», subrayó.
Ante la situación, Aguilar externó su preocupación, ya que el presente periodo legislativo concluye a finales de abril y a partir del siguiente periodo que arranca en septiembre toda la atención se centrará en las elecciones presidenciales y la oportunidad de avanzar en el tema se perderá.
«Estamos muy preocupados porque el periodo de sesiones concluye el 25 de abril y si esto no se aprueba antes de esa fecha, o sea en menos de un mes, entonces lo más probable es que la iniciativa muera porque a partir del próximo periodo, la actividad legislativa se va a reducir al mínimo porque toda la atención ya se concentra en las elecciones presidenciales de 2018», alertó.
Cabe mencionar que los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en su momento se pronunciaron a favor y únicamente Juan Romero Tenorio, de este último, votó en contra.
El pleno cameral aprobó el dictamen a fin de adicionar el artículo 419 Bis al Código Penal Federal, para sancionar con seis meses a cinco años de prisión y el equivalente de 200 a dos mil días de multa a quien posea, críe o entrene a los animales con el propósito de hacerlos participar en riñas.
También, a quien organice, promueva, patrocine o venda entradas para asistir a peleas de perros; posea o administre una propiedad donde se realicen; permita que menores de edad las presencien, y los realice con fines de lucro. Las mismas sanciones se incrementarían hasta en una mitad si se trata de servidores públicos y se impondría un tercio de la pena a espectadores o asistentes a peleas de perros.
De acuerdo con la agencia encuestadora Parametría, el 99 por ciento de los mexicanos condena las peleas de perros y el 85 por ciento cree que los organizadores deberían ser sancionados.
El 18 de julio pasado, la ONG lanzó la petición en línea ¡Pídele a los legisladores federales que prohíban y penalicen las peleas de perros en todo México! y hasta el momento ha recabado más de 210 mil firmas.
Ante este panorama, Aguilar hizo un llamado a Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia, y a la Senadora Ivonne Álvarez, secretaria de la Comisión, a que el dictamen mencionado se apruebe y se someta a votación del pleno «cuanto antes».
«Es muy lamentable que esté detenido por una Senadora priista, cuando ya lo votaron a favor 291 diputados, cuando ya se recolectaron más de 200 mil firmas. El papel de los legisladores es ser representantes populares, no necesariamente ejecutadores de inercias burocráticas, de representar los intereses de burocracias que no quieren trabajar o que no ven el valor agregado que esto ofrece», destacó.
