Con la colaboración de Jorge Villareal
Las principales ciudades del país se han vuelto un botín de la especulación inmobiliaria y las grandes obras viales para el automóvil, sacrificando la planeación urbana y el transporte público. En la prensa está la constancia, día a día, de que las decisiones más importantes en las grandes urbes del país se han tomado sin consultar a la sociedad, y como en muchos casos han sido motivadas por los negocios bajo la mesa. En un país con un alto grado de corrupción, la máxima de que los “mejores negocios” de los políticos se realizan con grandes obras, el resultado se observa en sus ciudades.
La ciudad es el ámbito natural para la construcción de la democracia a partir dela participación ciudadana. Sin embargo, lo que vemos es que en México, con este tipo de prácticas, se amplía la brecha de representatividad y se merma de manera acelerada nuestra frágil democracia. Las decisiones sobre nuestro cuerpo, nuestra forma de vida, el manejo de los recursos o la forma en cómo queremos construir ciudades parecieran estar cooptadas por grupos de interés. En este sentido parece ira la aprobación fast track de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en el Senado de la República el pasado 29 de septiembre. Esta Ley podría ser un primer paso para poner orden en las ciudades del país.
Tras un largo proceso de consulta el Senado presenta un proyecto de Ley que da la espalada a la propia consulta pública. En 2010 se inició un proceso de consulta ciudadana y con especialistas para trabajar sobre un proyecto de Reforma Urbana que iniciara un marco, un orden al desarrollo de nuestras ciudades. En el proceso se incluyeron elementos para transformar el actual modelo de desarrollo. Sin embargo, la discusión se detuvo y algunos elementos se retomaron en otro debate posterior (más o menos entre los años 2012 y 2016) sobre una reforma a la Ley de Asentamientos, que está vigente desde hace cuarenta años.
Por eso llama la atención que en el proyecto de Ley recién aprobado en la Cámara Alta, se ignoraron los procesos participativos anteriores, incluyendo elementos fundamentales que tienen que ver con la movilidad en las ciudades, sobre cómo nos transportamos, sobre el consumo energético y la contaminación que respiramos día a día. El tráfico y la contaminación están acabando con las principales ciudades y dañando la salud de la población, especialmente, la de los niños que nacen y crecen respirando un aire que rebasa las concentraciones recomendadas internacionalmente para proteger su salud. Por lo pronto, varios estudios ponen ya a la ciudad de México como la que mayores problemas de movilidad presenta en el mundo.
La movilidad está en el centro de la problemática. Una movilidad más sustentable mejora la calidad del aire y la calidad de vida de la población asentada en las ciudades, protege la economía familiar y coadyuva al combate al cambio climático. Todo ello ya había sido acordado en conjunto por especialistas, sociedad civil y gobierno.
Las Senadoras y los Senadores de todos los grupos parlamentarios aprobaron recientemente en la Ciudad de México un dictamen de Ley que -de ser votado en Cámara de Diputados- definirá legalmente el uso del territorio y los asentamientos humanos en todo el país. Es decir, definirá las condiciones sobre las cuáles todas y todos construimos nuestras comunidades, nuestros barrios, nuestras ciudades. ¿Por qué la Cámara de Senadores al mismo tiempo reconoce que se hizo un amplio consenso para trabajar en este proyecto de Ley y, por el otro lado, desecha el resultado de dicho trabajo, acordado con especialistas y sociedad civil?
Si bien el Dictamen aprobado reconoce la necesidad de contar con un modelo de desarrollo urbano y ordenamiento territorial ambientalmente más sustentable y capaz de hacer frente a los retos que representa el cambio climático, no propone instrumentos o mecanismos claros para cumplir con ello. No establece, por ejemplo, metas y acciones concretas que permita que la política pública en materia de planeación territorial garantice las condiciones para el mejoramiento del transporte público y la movilidad, la planeación urbana enfocada a la reducción de gases de efecto invernadero o que los asentamientos humanos sean resilientes frente a las amenazas de la variabilidad climática y los fenómenos meteorológicos asociados.
De acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones (INEGEI) del 2010, el sector transporte es el principal responsable de las emisiones de gases efecto invernadero (22.2% del total nacional). De continuar con el modelo de desarrollo urbano centrado en promover el transporte privado, como en el Dictamen aprobado, se espera que durante los próximos 15 años su alto nivel de emisión aumente a una tasa anual del 3% al 2030. Para muestra de la nula sustentabilidad del modelo de desarrollo urbano, otro ejemplo: de 1990 a 2010 el consumo energético del sector transporte aumentó en un 50% debido a la intensificación de las tasas de motorización. El rezago del transporte público y la movilidad no motorizada frente al incremento de la infraestructura para el automóvil y el aumento del parque vehicular, aumentan los tiempos de traslado de las personas, aumentan la contaminación, aumentan las emisiones de gases invernadero, deshumanizan más la ciudad, la vuelven más violenta, deterioran la calidad de vida.
El tráfico y las emisiones en el sector transporte se deben principalmente al diseño de las ciudades, determinadas por las políticas de movilidad y desarrollo urbano. En las zonas urbanas y especialmente en las ciudades grandes y medianas, se concentra alrededor del 77% de la población en México y el 80% de las actividades económicas del país. Esta concentración es causada por un mal diseño legal de los procesos urbanos, promovida -además- por malas decisiones políticas que privilegian este modelo. De acuerdo con el Instituto de Políticas para el Trasporte y el Desarrollo, en el 2015 sólo el 23% del gasto público de utilizó para el desarrollo de transporte público y transporte no-motorizado, el resto fue para continuar promoviendo el uso del transporte privado.
El modelo de desarrollo que ha generado estos problemas no se resuelve con el Dictamen aprobado. Este modelo ejerce fuertes presiones sobre los recursos naturales, la calidad del aire, la salud pública y aleja sensiblemente la posibilidad de que mejoremos nuestras ciudades, evitando una mayor degradación, evita que México cumpla con las metas de mitigación establecidas en la Ley General de Cambio Climático y con los compromisos internacionales, como el Acuerdo de París, recientemente ratificado por el Senado de la República. Si, las mismas y los mismos Senadores que acaban de aprobar este Dictamen, son los que aprobaron el instrumento internacional más importante en materia climática en los últimos años. Aprueban una Ley que contradice el instrumento internacional en materia climática que ellos mismos aprobaron anteriormente.
¿Aprobaron las Senadoras y los Senadores este instrumento legal para que el gobierno federal o ellas/ellos mismos lo “presuman” en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sustentable (Hábitat III) que se realizará este mes en Quito, Ecuador? Si quieren repetir el esquema de haber anunciado la Ley de Transición Energética (LTE) en la COP 21 de París, están equivocados. La Ley de Transición Energética contiene metas claras de participación de energías limpias que reducen el consumo de fuentes fósiles en la generación eléctrica, reduciendo de forma importante las emisiones de gases invernadero en el sector. Por su importancia la LTE fue, además, una iniciativa discutida ampliamente durante dos años, con una fuerte participación de la sociedad y los expertos.
La apuesta de repetir el esquema es equivocada. Primero porque se ha ignorado el proceso de consulta que se hizo sobre un tema tan importante para el futuro del país. Segundo, porque el dictamen aprobado no responde (en lo operativo) a los principios de la Nueva Agenda Urbana de Hábitat III. Especialmente en el principio “C” sobre “Sostenibilidad medioambiental”, que exhorta a todos los gobiernos al desarrollo de energías limpias, el uso sostenible de la tierra y de los recursos en el desarrollo urbano, así como proteger los ecosistemas y la biodiversidad, incluyendo la adopción de estilos de vida saludables en armonía con la naturaleza; promoviendo patrones sostenibles de consumo y de producción; construyendo resiliencia urbana; reduciendo los riesgos de desastres; y mitigando y adaptándose al cambio climático. Tampoco responde al Objetivo 11 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible que busca construir ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
¿Qué intereses motivaron a las Senadoras y los Senadores a aprobar una Ley de tanta importancia para ésta y futuras generaciones sin comprometerse a los procesos de discusión pública amplia, federada e incluyente? ¿La Cámara de Diputados cometerá la misma falta? ¿Aprobarán una herramienta legal que no está alineada con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente o con la Ley General de Cambio Climático? ¿O que no responde a las principales agendas ambientales en el mundo? No solo es necesario una clara respuesta pública, es indispensable dar una amplia discusión en la materia. Esperamos que la Cámara de Diputados no cometa el mismo error y convoque a amplios sectores -en todo el país- para discutir cómo queremos las ciudades y el territorio en el futuro y respete esos acuerdos.
