Diversas organizaciones civiles aseguran que las desapariciones forzadas en México van en aumento y que la mayoría de los casos permanecen en la impunidad. Antes ello, manifestaron que el Gobierno mexicano no ha cumplido con las recomendaciones de la ONU, pues acusaron deficiencias en el mecanismo de búsqueda de desaparecidos y el registro de las mismas, la falta de recursos y la poca articulación en las instituciones en la materia. Y señalaron que persisten las prácticas «de estigmatizar y criminalizar a las víctimas o pedir sumas de dinero» para desincentivar la denuncia y evadir su responsabilidad de iniciar la búsqueda.
México, 5 de julio (SinEmbargo/EFE).- Organizaciones de la sociedad civil acusaron que el Estado mexicano «simula» el cumplimiento de las recomendaciones hechas por el Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED) en febrero de 2015.
En su «informe alternativo» al CED, las agrupaciones sostuvieron que las desapariciones en México van en aumento y la mayoría permanecen impunes, y que persisten la «estigmatización y criminalización» de las víctimas para justificar la falta de búsqueda e investigación.
Manifestaron asimismo «su preocupación por el hecho de que las desapariciones de personas continúan en aumento y la mayoría permanece en una situación de impunidad», indicó en un comunicado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, uno de los grupos firmantes del reporte.
Las organizaciones, que acompañan y representan a familiares de personas desaparecidas, sostienen que el «escrutinio internacional es una oportunidad para fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar la grave situación de desapariciones».
Además, instaron al Estado «a mostrar su voluntad política» aplicando las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado para el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa en septiembre de 2014 y del propio CED.
En febrero de 2015, el CED emitió sus observaciones finales a México y estableció tres recomendaciones sobre las que el Estado debía informar en un plazo de un año.
El Comité pidió que el Estado estableciera un registro único de personas desaparecidas, un mecanismo trasnacional de búsqueda y acceso a la justicia y medidas para fortalecer la búsqueda inmediata y, en caso de fallecimiento, la restitución digna de los restos.
El Estado mexicano presentó su respuesta sobre el cumplimiento de las recomendaciones en febrero de 2016.
Las organizaciones que presentaron este martes su informe fueron el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C., Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC), la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
En ese señalaron que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas «no cumple con los estándares del CED» y omite el número de personas encontradas con vida y sin vida.
Tampoco arroja información que «permita determinar si se trata de una desaparición forzada».
En lugar de establecer un solo registro como recomienda el CED, el Estado elabora nuevos registros para paliar las deficiencias del RNPED, lo cual abona a la confusión. Además, el RNDEP invisibiliza a las personas migrantes y a niños, niñas y adolescentes.
Además, el Registro hace invisibles a las personas migrantes y a niños, niñas y adolescentes.
Respecto al Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación consideraron que no aplica de manera correcta ya que carece de reglas operativas y de personal y la ausencia de colaboración eficaz por parte de áreas claves de la Procuraduría General de la República (PGR).
Las organizaciones celebraron la creación de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y la apertura de su titular, pero manifestaron su preocupación por la falta de recursos y personal, y «la resistencia a remitir casos que vinculan a la delincuencia organizada argumentando que debe investigarlos la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (Seido)».
Respecto a la Comisión forense, el comunicado del informe señala que es preocupante que en denuncias de desaparición se realicen actas circunstanciadas en vez de iniciar una investigación formal, además de que la PGR niega información relevante para la identificación de personas migrantes a la Comisión.
Sobre la búsqueda inmediata de personas desaparecidas consideraron que los cambios son «cosméticos y sin estructuras operativas que permitan su implementación».
A pesar del cambio de Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas a Fiscalía, esta instancia carece de recursos y personal suficiente y especializado. En el caso del Protocolo Homologado de Búsqueda e Investigación del Delito de Desaparición Forzada, en la práctica no existen las instancias de coordinación ni personal ministerial suficiente tanto a nivel federal como estatal. A esto se suma la colusión de autoridades y el hecho de que las autoridades competentes desconocen el protocolo.
Denunciaron que persisten las prácticas «de estigmatizar y criminalizar a las víctimas o pedir sumas de dinero» para desincentivar la denuncia y evadir su responsabilidad de iniciar la búsqueda.
Respecto a la identificación, las organizaciones sociales señalaron que las familias de desaparecidos han iniciado búsquedas por sus propios medios, en al menos siete estados, a pesar de los riesgos ante la dilación en la implementación de la base de datos Ante Mortem/Post Mortem y la falta de una política de exhumación e identificación de restos humanos en fosas clandestinas.
Una muestra es el reciente asesinato del señor José Jesús Jiménez Gaona, integrante de la Brigada Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas, asesinado en Poza Rica, Veracruz, el pasado 22 de junio. Su esposa Francisca Vázquez Mendoza fue gravemente herida, recordaron.
Para las ONGs otros de las qiue se dijeron preocupadas «son la falta de implementación de medidas cautelares; que la iniciativa de ley del Ejecutivo federal en la materia es deficiente para garantizar la búsqueda e investigación; la excesiva burocracia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la falta de actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Finalmente hicieron un llamado al Gobierno de México a mostrar su voluntad política, implementando las recomendaciones del GIEI, la CIDH y del propio CED.
LAS RECOMENDACIONES DE LA ONU
En julio del aó pasado, la ONU emitió sus recomendaciones a México en materia de desaprición forzada en aquella ocasión solicitó que se tipificara este delito en todas las entidades federativas conforme a los estándares internacionales.
Solicitó además una «pronta, independiente e imparcial» de este tipo de casos «Al respecto México ha recibido varias recomendaciones en las que se piden investigaciones prontas, independientes, imparciales y con perspectiva de género, en particular en los casos en los que las víctimas sean mujeres, niños(as) o personas con condición de refugiado, solicitantes de asilo o algún otro extranjero en territorio mexicano.89 Para ello, se solicita que
México reforme su legislación a fin de que sean los tribunales ordinarios los que juzguen este tipo de conductas», recordó la ONU.
Se solicitó reconocer la situación de desapariciones forzadas que vive México y que en la nueva ley de amparo se estableciera un concepto más amplio de víctima y las medidas adecuadas para proteger frente a desapariciones forzadas.
Además de que se eliminara la figura del arraigo por los riesgos de que a través de ésta se cometan desapariciones forzadas.
Proporcionar protección a los familiares y personas afectadas por la desaparición e informar con prontitud a los padres de familia cuando sus hijos o hijas sean detenidos y se les indique dónde se encuentran.
La ONU recomendó además a México crear un registro nacional de personas desaparecidas y un procedimiento ad hoc para la búsqueda de las mismas.
Así como la reparación del daño por la comisión de desapariciones forzadas y establecer un mecanismo de reparación integral que incluya entre otros, la restitución –es decir que se diga el paradero de la persona desaparecida–, la asistencia médica y psicológica a la persona que fue detenida y demás personas que se vieron afectadas por su desaparición, una indemnización, entre otras.
