Un boletín del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) firmado por quince organizaciones más denuncia que el caso de la muerte de 22 civiles a manos de militares en Tlatlaya, Estado de México el 30 de junio de 2014 estuvo «plagado de impunidad».
México, 29 jun (EFE).- Una quincena de ONGs denunciaron hoy que el caso Tlatlaya, en el que al menos siete militares mexicanos estuvieron implicados en la muerte de 22 civiles, está «sumido en la impunidad» por la ineficacia de la Fiscalía en investigar el suceso.
«A dos años de la masacre de Tlatlaya, Estado de México, las organizaciones firmantes denunciamos la falta de efectividad de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Poder Judicial», destacó un boletín del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Ello «frente a un Ejército renuente a la rendición de cuentas», lo que «llevó a la consolidación de la impunidad», agregó la organización.
Las ONGs recordaron que a día de hoy no hay ningún responsable de esta «grave violación de derechos humanos» procesado y tampoco se llevan a cabo «las diligencias responsable para fincar responsabilidades».
Según la versión inicial ofrecida por la Secretaría de la Defensa sobre lo ocurrido el 30 de junio de 2014, 22 presuntos delincuentes murieron en un enfrentamiento armado con militares.
Sin embargo, dicha versión fue desmentida por una de las tres sobrevivientes, Clara Gómez, quien aseguró que un civil había muerto en el choque y los demás habían sido asesinados después de un interrogatorio, lo que desencadenó la detención de los militares y su procesamiento en los fueros civil y castrense.
De acuerdo con la PGR, 14 personas murieron en el enfrentamiento y las 8 restantes, algunas heridas, fueron asesinadas por los militares, cifra que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) estimó en 15.
En septiembre de 2014 fueron detenidos ocho militares, incluido un oficial, pero uno quedó en libertad poco después al demostrarse que había sido herido y nunca llegó a entrar en la bodega donde se produjeron las muertes.
Un juez ordenó en octubre pasado liberar a cuatro de los militares implicados en la matanza tras considerar que la Fiscalía no había sido clara a la hora de explicar los hechos por los que estaban acusados, y tres más que enfrentaban cargos en el fuero civil fueron liberados por falta de pruebas este mayo.
«Esto es producto de una acusación deficiente y falta de investigación por parte de la Procuraduría Federal», denunciaron los organismos.
Y una prueba de ello, según explicaron, es que no se investigó la la orden que instruyó a la unidad militar a «abatir delincuentes en horas de oscuridad».
«Ahora que el Sexto Tribunal Unitario devolvió la investigación a la PGR, exigimos que esta vez las averiguaciones se conduzcan con eficiencia y de acuerdo a los más altos estándares en la materia, de manera que los responsables de esta grave violación a los derechos humanos respondan ante la justicia», señalaron.
Las ONGs recordaron también que la ONU expresó su «profunda preocupación» por la comisión de graves violaciones de derechos humanos en Tlatlaya.
«El caso sigue sumido en la impunidad y a las víctimas se les sigue negando su derecho a la justicia y la verdad», zanjaron las asociaciones sobre este caso de ejecuciones extrajudiciales en los que, además, se ha intentado «revictimizar» a Clara Gómez.
«Sin la valentía de Clara, quien rindió testimonio de los hechos, la verdad no habría salido a la luz. El caso Tlatlaya continúa abierto hasta en tanto no se esclarezcan los hechos y no sean sancionados los responsables», concluyeron. EFE
