Desde que la violencia nos arrasó en la siempre mal llamada guerra al narco la pregunta más socorrida ha sido quién es el responsable, quién abrió dejó salir a los perros, a quién se le fue de las manos el problema, lo cual nos llevó a tener respuestas cada vez más simplistas y simplificadoras y nos alejó en un entendimiento cabal del problema.
Guillermo Valdés Castellanos, quien fuera director del CISEN durante primeros cinco años de Felipe Calderón, se planteó una pregunta distinta, no preguntó quién es el culpable sino qué nos pasó y eso dio pie a un extraordinario trabajo, Historia del narcotráfico en México (editorial Aguilar) en el que, con toda la bibliografía disponible, desde los múltiples trabajos periodísticos, investigaciones académicas, fuentes hemerográficas y documentos púbicos, reconstruye, paso a paso, cien años de narcotráfico en México tratando de entender cómo se construyó y alimentó el monstruo que ahora enfrentamos.
De entre las muchas causas de la descomposición que plantea Guillermo Valdés en el texto hay una que llama particularmente la atención y tiene que ver con la relación que hay entre la debilidad institucional y el crecimiento del poder de los cárteles. Aunque parezca una verdad de perogrullo, la conversión de los grupos de tráfico de droga tolerados y organizados desde el Estado en verdaderos ejércitos territoriales está vinculado a la debilidad de las instituciones y, esto lo planteo yo, ésta debilidad a una transición democrática concentrada en lo electoral. En países con instituciones fuertes y alto consumo, como Estados Unidos, la droga se mueve a través de organizaciones celulares, sumamente flexibles y vulnerables a los embates del Estado. Aparecen, desaparecen y reaparecen porque hay un mercado que las requiere, pero hay una claridad de que el Estado es más fuerte que ellas y las va a perseguir. En México las instituciones fueron superadas y los carteles asumieron muchas de las funciones que el Estado no fue capaz de asumir, fundamentalmente la seguridad y la impartición de justicia.
Es momento que la generación de la transición democrática en México, (esa misma que Ciro Gómez Leyva ha llamado con algo de dramatismo “la generación del fracaso”) rindamos cuentas y hagamos un revisión autocrítica de la transición. O bien no fuimos capaces de ver la debilidad institucional derivada de una gobierno autoritario o concentrados en construir un aparato electoral a toda prueba, olvidamos que la democracia requiere mucho más que un IFE. Lo cierto es que en la medida en que el gobierno autoritario fue cediendo, ya desde la mitad del gobierno de Zedillo, los carteles se fueron apoderando de los espacios que dejó el presidencialismo autocrático. Hoy, paradójicamente, nuestra energía sigue concentrada en las reformas electorales, cinco de 1990 a la fecha y esta semana la última de ellas, y las instituciones de justicia siguen siendo esencialmente las mismas de hace 30 años y las se seguridad padeciendo las mismas debilidades.
¿Qué nos pasó? Quizá simplemente que en esta democracia sin demócratas, como diría Fernando González, nos quedamos esperando que los problemas los resolviera el presidente… y perdimos.
