Uno de los aspectos menos discutidos, y más riesgosos de la reforma hacendaria es la tentación de volver a centralizar lo poco que se había descentralizado. Gran problema de la transición, a no dudarlo, fue lo que algunos dieron por llamar la “feuderalización”, esto es, los estados convertidos en feudos, y los gobernadores en virreyes que disponían de los recursos públicos a su antojo, sin contrapesos reales en sus estados y ante la mirada pasiva de una federación atada de manos.
La descentralización tiene sus primeros pasos concretos en el sexenio de Zedillo, aunque ya antes se hablaba de ello. Fue en ese sexenio que se descentralizaron los servicios de educación y salud, lo cual aumentó enormemente la capacidad financiera de los estados y su margen de maniobra, y porque no decirlo, de corrupción. Con Fox se modifica además el acuerdo fiscal y le transfiere a los estados no solo más recursos directos del presupuesto sino un porcentaje de los excedentes petroleros. Es cierto, una buena parte de ellos terminó en burocracia inútil y camionetas de lujo y se nos fue la oportunidad de oro para el desarrollo del país. Pero lo que hizo el gobierno federal no fue muy distinto, quizá solo menos escandaloso.
El gobierno de Peña está empeñado en meter en cintura a los estados pero sobre todo en hacer política con la chequera. Quitarle a los estados el control del pago de nóminas de los maestros del llamado sistema federal y del sistema salud significa para algunas entidades arriba de 40 por ciento del presupuesto de egresos y por tanto del flujo. Si bien era dinero que “solo veían pasar” en la “pasada” sudaba, se atoraba y generaba. Los gobernadores se beneficiaban en dos cosas con estos recursos: los llamados ahorros o eficiencias que después usaban a disección, y la capacidad de endeudamiento de los estados que aumentó exponencialmente. Al recentralizar estas nóminas el gobierno Federal le quita margen de maniobra a los virreyes. Podemos estar o no de acuerdo con la política centralista de Peña, pero hay una lógica en esta jugada.
Lo que no tiene pies ni cabeza es centralizar el IFE y crear un solo Instituto Nacional Electoral. La única forma en que esta idea pudiera ser operativa es que hubiese un código electoral único para los estados, lo cual se ve francamente imposible. La realidad de Colima no tiene nada que ver con la de Nuevo León ni la de Tlaxcala con la de Jalisco. Pensar en una misma distritación para las dos elecciones, una sola fórmula de reparto de plurinominales y un mismo criterio para asignación de regidores en un país tan diverso y disímbolo es ir para atrás. Si el objetivo es bajar el costo, es un tema de eficiencia y vigilancia, no de homogenización.
El centro es el centro, pero el resto del país no solo existe sino que tiene sus propias maneras de existir.
