Deuda, inseguridad y desconfianza son algunos de los principales problemas que enfrenta Coahuila, una entidad que desde siempre ha sido gobernada por el PRI, una situación que la convierte en algo que todos los partidos querrán ganar en 2023, ya que puede significar una derrota definitiva del PRI o el mensaje de éste continúa vivo. Esa es la batalla política, mientras que en las calles los problemas aquejan día a día.
Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- Los ciudadanos de Coahuila ocupan el cuarto lugar de los más endeudados de México. En los últimos años la deuda que han adquirido los gobiernos estatales coloca a la entidad como la quinta más endeudada del país, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En 2021, según las mismas cifras, la deuda ascendió a los 39 mil 896 millones de pesos y cada coahuilense debería pagar 11 mil 971 pesos para poder saldarla.
La consecuencia de esas decisiones es que a pesar de que Coahuila tiene una alta concentración de industria y es la entidad con mayor actividad minera —una industria que no ha estado exenta de abusos, como quedó demostrado con la tragedia de Sabinas—, su población en condiciones de pobreza no ha logrado bajar a menos del 20 por ciento al menos desde 2008 y su porcentaje de población en pobreza extrema ha ido en aumento desde el mismo año.
En 2023 se jugará su futuro político.
Se debatirá entre continuar bajo el mando del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que ha gobernado la entidad desde que era Partido Nacional Revolucionario (PNR), en 1929, hasta la fecha. La otra opción de los coahuilenses es apostar por otras fuerzas como el Acción Nacional (PAN), que no ha descartado ir en alianza con el tricolor en esta entidad, o Morena, el partido que más entidades ha ganado en los últimos tres años.
Como se ha visto en el Estado de México, los partidos políticos lucen concentrados en las victorias simbólicas y los problemas de estas dos entidades, bastiones priistas, aparecen en segundo plano.
Por un lado, el PRI busca colocar a Manolo Jiménez, un joven político cercano al actual Gobernador Miguel Riquelme y al exgobernador y actual Secretario General del PRI, Rubén Moreira. Manolo Jiménez, se perfila como candidato con el 28 por ciento de votos si fuera postulado por la coalición PAN-PRI-PRD, de acuerdo con la más reciente encuesta de El Financiero.
Eso es en caso de que se concrete la alianza que al menos en el Estado de México luce desdibujada. De ser así el PRI tendría que apostar por su propia estructura y nada más.
Por el lado de Morena, los posibles candidatos son Armando Guadiana a quien se le relaciona con el empresario dueño de la mina El Pinabete en donde hasta el día de hoy continúan atrapados 10 mineros; Luis Fernando Salazar, un político cercano al expresidente Felipe Calderón y Ricardo Mejía Berdeja, actual Subsecretario de Seguridad Pública y Ciudadana.
LA REALIDAD DE COAHUILA
Uno de los principales problemas de Coahuila es la deuda estatal y el tema remite directamente al PRI y en específico a los hermanos Moreira. La deuda pública que después de los Gobiernos de Humberto Moreira (2005-2011) y Rubén Moreira (2011-2017) es de 37 mil 089.6 millones de pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior del Estado (ASE).
La deuda fue contratada con una tasa ponderada promedio de 7.7 por ciento —la séptima más alta de las entidades federativas—. El monto creció durante 2011, año en que se eligió Gobernador, cuando pasó de 2 por ciento a 7.8 del PIBE (Producto Interno Bruto Estatal). El monto en pesos pasó de ocho mil 267.1 millones de pesos a 36 mil 509.6 millones, un incremento real de 327 por ciento en un año.
Para 2017, de acuerdo con Hacienda, la deuda se ubica en 37 mil 047.8 millones y para 2021 aumentó a 39 mil 896.8 millones de pesos.
El 99 por ciento de la deuda fue solicitada directamente por el Gobierno de la entidad y según los datos de Hacienda, el monto actual de la deuda equivale al 77 por ciento de sus ingresos totales.
Este peso de la deuda contrasta con las actividades productivas de la entidad: tiene mil 430 millones 361 mil 682 pesos de ingresos por suministro de bienes y servicios anuales, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esa cantidad viene aumentando desde 1998.
Tiene un total de 9 mil 436 unidades de industrias manufactureras; ocupa el primer lugar en producción minera con 43 mil 415 toneladas extraídas por mes y es el octavo en extracción de plata.
POBREZA
Sin embargo, las cifras de pobreza se han mantenido sin alteraciones significativas en los últimos 10 años.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el porcentaje de población en pobreza en 2008 fue de 32.7 por ciento; para 2022, la cifra se ubicó en 25.6 por ciento.
En lo que respecta a la pobreza extrema, lo que se ha medido es un aumento: en 2008 la población que estaba en esa condición se ubicó en 1.7 por ciento y para 2022 fue de 2.6 por ciento.
CORRUPCIÓN E INSEGURIDAD
Los datos del Inegi permiten medir la percepción de los habitantes de México respecto a la inseguridad y a la corrupción.
En el caso de Coahuila, tres de cada 10 habitantes refirieron actos de corrupción en los trámites que realizó; y 4 de cada 10, aseguraron creer o escuchar que existe corrupción en la entidad.
Las organizaciones de seguridad son unas de las más afectadas en cuanto a la confianza, ya que actualmente solo el 21 por ciento de los coahuilenses considera que el trabajo de la Policía Federal es muy efectivo; solo el 12.7 por ciento considera que el trabajo de la policía estatal es muy efectivo y solo el 15.6 por ciento considera que el Ministerio Público y procuradurías estatales hacen un trabajo muy efectivo.
Derivado de esto, Coahuila tiene una tasa de prevalencia delictiva de 20 mil 627 casos. La tasa delictiva para mujeres es de 22 mil 424 casos, mientras que para hombres es de 18 mil 613.
Más de la mitad de la población, el 53.4 por ciento considera que la entidad es insegura.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran una tendencia a la baja en materia de seguridad desde el año 2015, excepto en el caso de feminicidios.
La tasa por cada 100 mil habitantes en 2015 era de 1.06 y para 2021 fue de 1.35; a julio de 2022 se ubica en 0.85.
