Don Roberto, el único habitante de Salaverna, Zacatecas, que se resiste a dejar su hogar y entregar el pueblo a una minera del magnate Carlos Slim, fue vinculado a proceso y este lunes enfrenta su audiencia en la cual podría ser encarcelado.
Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).– Don Roberto de la Rosa Dávila, el último habitante de Salaverna, Zacatecas, que se niega a desplazarse de su hogar para que una mina del magnate Carlos Slim Helú expanda su operación a cielo abierto, tendrá una audiencia este lunes 28 de febrero a las 11 de la mañana, por lo que exige no ser encarcelado por defender a su pueblo de la extracción de cobre en una zona semidesértica con estrés hídrico.
SinEmbargo informó previamente que este chivero fue vinculado a proceso por presunta amenaza a tres trabajadores de la empresa filial Ocampo Mining (Grupo Frisco), por lo que podría ser condenado hasta a cinco años de prisión. En abril de 2020, a inicios de la pandemia, don Beto, como se le conoce, tuvo un altercado con empleados de la minera, quienes se encontraban cercando la comunidad y electrificando el perímetro. El 3 de diciembre, la Jueza Blanca Aguilar le dictó como medida cautelar no acercarse a ellos, lo que le imposibilita acceder a su casa ya agrietada por las obras de desplazamiento de las otras familias.
En vísperas de la audiencia ante el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Concepción del Oro, fue a recargar su celular a un poblado y desde ahí llamó a este medio para mandar un mensaje.
«Encerrándonos pretenden destrozar la vida de los que aún resistimos», dijo. «No sé nada sobre la audiencia, nunca había estado en estos líos, pero mi abogado pretende sacar una salida alterna».
La alternativa, según su defensa legal, es ofrecer una indemnización a los empleados que supuestamente amenazó, pero el campesino no cuenta con el dinero para pagar sus terapias psicológicas.
«Que las pague el Estado, yo soy insolvente, no tengo dinero. [Grupo Frisco] tiene el mayor capital en América Latina y nosotros no tenemos nada, traigo –ríe– ropa regalada».
Mientras cientos de familias han sido desplazadas por el crimen organizado en Fresnillo y poblados aledaños, Roberto resiste a la presión de la minera de la personas más adinerada del país.
Desde agosto, está exiliado en un cabaña a sólo dos kilómetros abajo de Salaverna porque la entrada está bloqueada con una cerca y dos casetas de vigilancia, y a su hijo –también llamado a la audiencia– las autoridades municipales le advirtieron que “algo le iba a pasar” si intentaba volver al poblado, según denunció. Vive con sus chivas y unos perros. Dice que su hijo «ahí anda, agüitado», pero lo anima diciendo que deben defender a su pueblo.
«Si nos encierran, es una injusticia, pero nosotros hicimos lo debido», afirmó.
FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM
En Mazapil, el municipio minero donde está Salaverna con 44 por ciento en pobreza (Coneval, 2020), operan desde hace una década dos grandes proyectos mineros: Peñasquito, la mina de oro a cielo abierto más importante de América Latina de la compañía canadiense Goldcorp —que ya secó pozos de agricultores y afectó el cultivo de miel— y Tayahua, la mina subterránea de cobre que opera desde 1972 y que adquirió Slim en 1998, cuyos planes de convertirla en una de cielo abierto “implica la destrucción” de la comunidad de Salaverna, evaluó el artículo académico “Dos conflictos mineros en Mazapil”.
«No es justo que el invasor a nuestras tierras, que fue a derrumbar nuestro pueblo, ande suelto y ahora nos esté acusando de delincuentes a nosotros, cuando los daños que nos han causado son más graves», afirmó Don Roberto.
EL DESALOJO CON VIOLACIONES
En la víspera navideña de 2016, sin orden judicial la policía estatal y ministerial de Zacatecas, gobernado entonces por Alejandro Tello, desalojó a habitantes de Salaverna. Trabajadores con dos maquinarias tipo bulldozer destruyeron la iglesia, escuela y la casa de la señora Teresa y su hija Leticia aún con muebles dentro, “vulnerando con ello la legalidad y seguridad jurídica”, expuso la Comisión de Derechos Humanos estatal (CDHEZ/746/2016).
La población de Salaverna registraba 303 habitantes en 2010, año en que comenzó el conflicto. La mayoría era campesino o ganadero, y los otros laboraban en la mina. Pero tras el desalojo permanecían aproximadamente sólo 50 habitantes de cinco familias, entre ellas Don Roberto y su hijo Roberto Cuauhtémoc.
El resto fue orillado a abandonar la comunidad y por 15 mil pesos aceptaron ser reubicados en un fraccionamiento vecino a la cabecera municipal denominado “Nuevo Salaverna”, sin escuela, iglesia ni áreas verdes, el cual fue ofrecido en comodato por la minera Tayahua (Grupo Frisco), “hecho que se constituye como un evidente desplazamiento forzado”, determinó la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas.
Pero Don Beto no aceptó y, aunque su pueblo está en ruinas y con grietas por las detonaciones de la mina, no planea hacerlo. No por él, dijo, sino para evitar daños ambientales para la generación futura por la minería de cielo abierto que deja profundos tajos en el suelo y absorbe grandes cantidades de agua.
Desde hace una década la empresa de Carlos Slim planea convertir la mina en tajo abierto, pero el yacimiento está debajo de las casas de Salaverna. En esas mismas fechas, y en el marco de detonaciones internas, la compañía alegó que el lugar donde está asentado el poblado le pertenece legalmente y advirtió que existe un riesgo de hundimiento de suelo debido a “una falla geológica natural”, por lo cual solicitó al gobierno local las medidas de desalojo.
Pero los habitantes de Salaverna argumentaron que son posesionarios desde “tiempos inmemorables”, pues nacieron ahí y atribuyen los hundimientos, como el de 2012 en el Cerro “El Farito”, a diversas detonaciones y operación minera subterránea. Así consta la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos estatal.
Con apoyo del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), los inconformes llevaron el caso a la Secretaría de Desarrollo Agrícola Territorial y Urbano (SEDATU) para la regularización de 4 mil 650 hectáreas. Ya en la reunión en las oficinas en la Ciudad de México, comenzó a temblar. Era el 19 de septiembre de 2017.
Entre el terremoto, las elecciones de 2018 y la pandemia, a más de diez años de haber estallado el conflicto, no avanza el cambio de uso de suelo de mina subterránea a cielo abierto, por lo que el proyecto de expansión se mantiene frenado y Don Beto podría ser encarcelado.
