Jesús Murillo Karam es acusado por los delitos de tortura, contra la administración de la justicia y hasta de desaparición forzada por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- «Ya se derrotó la presunción de inocencia», declaró el exprocurador Jesús Murillo Karam, luego de que un Juez de Control le dictara prisión preventiva al considerar como válidos los argumentos de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre que el exfuncionario cuenta con los recursos suficientes para fugarse.
En una audiencia de más de 12 horas, el Juez Marco Antonio Fuerte Tapia consideró que hay elementos suficientes para temer el riesgo de fuga, pues dijo que se trata de una figura de alto perfil y que la Fiscalía entregó indicios objetivos que hacen suponer que puede abandonar el país, porque tiene vigente su pasaporte. Además, hay antecedente de que ha salido del país en vuelos privados y que cuenta con solvencia económica para hacerlo.
La Fiscalía acusa al titular de la Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio de Enrique Peña Nieto por los delitos de tortura y contra la administración de la justicia –en calidad de intelectual– y hasta de desaparición forzada –en calidad de autor material– en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
La próxima audiencia será el próximo 24 de agosto a las 08:00 horas, en donde el Juez Marco Antonio Fuerte Tapia determinará si vincula o no a proceso a Murillo Karam por los delitos antes mencionados. En tanto, el exfuncionario deberá permanecer en el Reclusorio Norte.
Los abogados de Murillo Karam esperaban que pudiera enfrentar su proceso en libertad bajo el argumento de que el exfuncinario tiene enfermedades crónicas como hipertensión arterial, insuficiencias vascular cerebral, y enfermedad pulmonar crónica (por fumar), pero el Juez no concedió esta medida.
Murillo Karam fue detenido el pasado 19 de agosto en la colonia Lomas de Chapultepec, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014.
Ante la presión pública para que se aclarara un crimen que generó conmoción dentro y fuera de México, Murillo Karam fue quien calificó como “verdad histórica” su versión de los hechos: que los jóvenes fueron capturados por policías locales y entregados a criminales, y que éstos los mataron, los quemaron a todos en una gran hoguera en un basurero y arrojaron los restos a un río.
Sin embargo, un grupo de expertos internacionales y la actual Fiscalía mexicana echaron por tierra la versión del basurero, confirmaron que en el crimen participaron distintas autoridades, fuerzas de seguridad y militares, que hubo manipulación de pruebas y que se torturó a decenas de detenidos, lo que unido a otras irregularidades derivó en que muchos de los procesados quedaran en libertad.
En 2020, el actual Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, acusó a Murillo Karam de “orquestar un engaño mediático masivo”. Dos años después fue detenido en su casa en la Ciudad de México y, según el comunicado oficial, sin que opusiera resistencia. Se convertía en el primer exprocurador General mexicano en ser capturado por la institución que él mismo dirigió.
#FGRInforma | #FGR obtuvo 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa en Iguala, autoridades de Guerrero; policías estatales, policías municipales y 14 miembros del grupo Guerreros Unidos, vinculados al caso Ayotzinapa.
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— FGR México (@FGRMexico) August 20, 2022
Horas después de la captura de Murillo Karam, la Fiscalía informó en un comunicado de la emisión de 83 órdenes de captura, 20 de ellas de militares y el resto de policías, funcionarios estatales o delincuentes, por distintos delitos vinculados con el caso: delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.
Murillo Karam, exlegislador y exgobernador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de 74 años, dirigió la entonces Procuraduría General de la República de 2012 a febrero de 2015, durante la primera mitad del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. Dejó el cargo cinco meses después del crimen, tras haberse convertido en una de las personas más criticadas por los padres de los estudiantes, que desde hace años habían pedido su arresto. En una ocasión dio por terminada una conferencia de prensa con el argumento de que ya se había cansado de dar explicaciones.
-Con información de Sugeyry Romina Gándara y AP
