Uno de los temas más delicados para el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) es el de la seguridad. Aquí se encuentran algunos de los más fuertes cuestionamientos a la actual administración, y de no atenderse el problema de forma efectiva, podría costarle al actual Presidente de México todas sus aspiraciones de transformar verdaderamente al país y de hacer de este sexenio su legado. Él parece estar consciente de ello y así lo reconoció con toda firmeza la semana pasada. Andrés Manuel López Obrador está en lo correcto: “si no se logra pacificar al país, por más que se haya hecho, no se podrá acreditar históricamente al gobierno de la Cuarta Transformación”.

Es cierto que la administración de López Obrador recibió un país en condiciones de emergencia y más que deplorables en materia de seguridad. La decisión de Felipe Calderón Hinojosa de declarar una “Guerra Contra las Drogas” de la mano de colaboradores que están acusados de vínculos directos con la delincuencia organizada (como Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, entre otros), cubrió de sangre al país y generó una dinámica perversa difícil de revertir hoy en día. Los “campos de exterminio” encontrados en fechas recientes, las masacres dirigidas hacia la sociedad civil, así como los actos de tortura, desaparición forzada e impunidad son el resultado de administraciones fallidas y extremadamente corruptas.

No obstante lo anterior, es la responsabilidad del presente gobierno hacer frente de manera exitosa a este flagelo. Por ello se les votó y eso fue lo que prometieron en campaña. Se debe resolver el problema, al tiempo que se deben sentar responsabilidades con relación a los crímenes cometidos en los últimos años y consignar sin miramientos a los culpables de centenas de miles de muertes, decenas de miles de desapariciones y la venta del país y sus recursos al mejor postor (casi todos ellos extranjeros). Es preciso reconocer que dichos crímenes continúan ocurriendo, y no obstante que el ciclo perverso fue generado durante la administración de Calderón y extendido por el gobierno de Enrique Peña Nieto, los resultados en los primeros años del gobierno de la llamada 4T no son nada alentadores. Podríamos incluso hablar de un fracaso visible en el combate a la delincuencia y una procuración de justicia selectiva en los tres primeros años de la actual administración.

Enfoquémonos, por ahora, en el tema de la procuración de justicia y en el muy desafortunado papel de la Fiscalía General de la República (FGR). Sugería Alejandro Páez Varela en una entrevista que le hicieron hace unos días que el papel de la Fiscalía definiría al gobierno de la 4T. Me pareció acertado ese comentario y lo discutimos en otro foro con el periodista Jesús Lemus. Estuvimos de acuerdo en lo fundamental: el tema de la procuración de justicia es clave en el intento de pacificar al país y combatir frontalmente la corrupción. Así, el papel de la FGR es clave en un contexto donde se reconocen las responsabilidades pasadas, pero específicamente el hecho de que la solución está en manos de este gobierno sin excusas, ni pretextos por lo sucedido en el pasado.

Desafortunadamente, en estos tres años, la institución enfocada a procurar la justicia en México no ha dado los resultados esperados, ni ha mostrado los tamaños que se requieren para promover la paz y la estabilidad a largo plazo, y construir un país en el que se haga valer la ley. El papel del titular de la fiscalía ha sido penoso en lo general, por decir lo menos. Alejandro Gertz Manero “no ha dado el ancho”, como se dice de manera coloquial, y lo que es peor, parece haber aprovechado su posición para dirimir vendettas personales y conseguir objetivos que le han sido favorables en lo individual. Recordemos, por ejemplo, su entrada al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en el nivel más alto posible (nivel III) después de años de intentos fallidos por supuestamente no cumplir con los requisitos y méritos que establecía como condición el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). El desafortunado papel que dicen algunos ha jugado Gertz Manero en el conflicto de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y las supuestas influencias que utilizó en un pleito familiar para hacer justicia a modo se suman a una serie de agravios que algunos enemigos personales y familiares del hoy Fiscal han denunciado severamente.

Más allá de las enemistades personales de Gertz Manero, parece ser que se multiplican las denuncias por utilización de influencias y una posición privilegiada en el gobierno mexicano para hacer su voluntad y sembrar triunfos personales que nada tienen que ver con las tareas de servidor público para las que fue seleccionado y ratificado por el Senado de la República. Pero más allá de estos eventos y de las críticas que han suscitado, es preciso señalar que los logros de la institución que encabeza Gertz Manero son demasiado limitados y ponen en duda su capacidad. Asimismo, existen casos en los que el actuar de la fiscalía resulta francamente deplorable. Tal es el caso de la investigación “express” realizada al General Salvador Cienfuegos Zepeda después de haber sido detenido en Estados Unidos por supuesta vinculación a grupos de delincuencia organizada (y otros delitos) y enviado a México. Parecen haber varias cuentas pendientes de este personaje en el país más allá de las acusaciones en Estados Unidos; de esto hablamos en otros textos. Sin embargo, un trabajo poco transparente y expedito por parte de la Fiscalía, logró su exoneración casi de inmediato.

El caso de Emilio Lozoya Austin, ex director de la empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX) también pone en duda la capacidad del Fiscal General de la República, al tiempo que cuestiona gravemente su compromiso con la procuración de justicia en el país. Recordemos que Lozoya Austin no ha pisado la cárcel hasta el día de hoy y se encuentra en negociaciones con la Fiscalía que reducirían sus penas a cambio de información que incriminaría a otros responsables de actos de corrupción de altísimo nivel y de un atroz atraco a la nación. No obstante estas negociaciones, no es posible olvidar la responsabilidad máxima de Lozoya Austin y sus socios más cercanos, quienes aún no han sido sometidos a proceso. Lozoya Austin no llegó a México a pagar por sus delitos, sino que fue protegido por las autoridades mexicanas, quienes lo trasladaron—con todo cuidado—al hospital para recibir la atención médica que supuestamente requería este “fino personaje”.

Se dice que el padre de este individuo, Emilio Lozoya Thalmann, habría negociado con la FGR la entrega de su hijo y un trato favorable al mismo a cambio de información beneficiosa para el gobierno de la 4T. Es importante destacar que, según diversos reportes de prensa, “el abogado Javier Coello Trejo reconoció que, a la par de fungir como abogado de Emilio Lozoya Austin, es representante legal y amigo de décadas de Alejandro Gertz Manero”. De este caso, se obtuvo supuestamente información muy valiosa para sentar responsabilidades a otros políticos y servidores públicos que causaron un daño tremendo al erario. Desafortunadamente, en la realidad todo ha quedado en un espectáculo mediático, sin mayores consecuencias para los responsables de un atraco a la nación de magnitudes sin precedentes.

La FGR al mando de Gertz Manero se ha vanagloriado de realizar detenciones espectaculares de figuras muy importantes, las cuales mostrarían un verdadero compromiso con la justicia, entre las que destacan las de Rosario Robles, Luis Cárdenas Palomino e Ildefonso Guajardo Villarreal, este último ex secretario de Economía durante la administración de Enrique Peña Nieto. Cabe destacar que los expedientes en muchos de estos casos parecieran estar endeblemente constituidos y podrían caerse de un momento a otro. A la fiscalía se le critica además por la aparente aplicación selectiva de la justicia y por la incapacidad de realizar investigaciones sustantivas y bien sustentadas con evidencias que no den lugar a dudas. Sorprende que, por ejemplo, el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca aún no llegue a término.

También sorprende que a Cárdenas Palomino se le haya detenido por el delito de tortura y que se utilice este hecho frente a delitos mucho más graves en los cuales está aparentemente involucrado quien fuera la mano derecha de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública en tiempos de Calderón. Nos referimos, entre otros delitos, a su posible participación (directa o indirecta) en ejecuciones de jefes policiacos, vinculación con diversos grupos del crimen organizado, enriquecimiento ilícito y conflicto de interés en la asignación de contratos a empresas de seguridad privada. Otro caso que muestra las muchas limitaciones de la fiscalía en relación a la procuración de justicia es el de Ildefonso Guajardo por enriquecimiento ilícito. Según lo destaca Jesús Lemus en una mesa de debate que tuvo lugar la semana pasada, el atraco que se le imputa a este personaje es por pocos millones de pesos, cuando parece estar involucrado con cantidades mucho más elevadas y delitos más graves, relacionados—según nos platicó Lemus—con contratos a compañías mineras. Es muy probable que Guajardo resulte libre de todo castigo después del recibir una sanción administrativa y pagar una multa razonable.

En resumen, los aparentes logros de la fiscalía en la procuración de justicia en México constituyen lo que se conoce como “mucho ruido y pocas nueces”. A muchos de los sujetos que se les vincula a proceso ahora mismo, quizás se les debió haber investigado mucho más allá de lo que está en la superficie. Parece también que la FGR no se coordina bien con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); algunos argumentan protagonismos, otra incompetencia y otros “mala fe”. Más preocupante aún, es que aparentemente Gertz Manero aplica selectivamente la justicia. Los escándalos familiares, denuncias de plagio, su supuesta intromisión en los problemas de la UDLAP y su llegada al SNI como nivel III le han valido serias críticas y acusaciones sobre posible conflicto de interés. Muchos afirman que el actual Fiscal General de la República pasa mucho de su tiempo trabajando en proyectos y venganzas personales, sacando provecho de su gran influencia y posición.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador parece defender a capa y espada a uno de sus colaboradores más importantes y menos efectivos; esto podría costarle muy caro. Como dijimos antes, es posible que el desempeño de la Fiscalía defina en última instancia al gobierno de la 4T. El papel de esta institución es clave para la solución de uno de los problemas más apremiantes de México: el combate a la delincuencia en sus distintas fases. Muchos no entendemos el apoyo aparentemente incondicional que le brinda López Obrador a Gertz Manero. Su cuestionable desempeño no es de celebrarse. Por otro lado, el actuar del actual Fiscal de la República mexicano no parece ir de la mano de la propuesta anti-corrupción del gobierno de la 4T.

Gertz Manero tampoco parece ser parte de la lógica de una administración que aspira a cambiar al país desde sus bases sociales. El hoy fiscal no parece ser un hombre comprometido con los sectores más vulnerables, ni con los pobres en México. Su trayectoria deja ver más bien sus conexiones históricas con un cúmulo de intereses en los sectores de la élite mexicana que el Presidente dice no favorecer. En una conversación el jueves pasado, Jesús Lemus nos recordó que Gertz Manero fue rector de una universidad privada a la que asisten jóvenes bastante privilegiados. Además, nos explica cómo el Fiscal parece ser uno de los principales interlocutores de grandes grupos de poder político y económico en la Ciudad de México vinculados al sector inmobiliario. También nos explica que fue uno de principales colaboradores de Vicente Fox, y como Diputado Federal (representando al MC) avaló la desastrosa administración de Felipe Calderón.

Alejandro Gertz Manero se ostenta como de izquierda por su cercanía con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, pues fue Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. No obstante lo anterior, los vínculos del pasado y del presente de este personaje parecen estar más cerca de sus intereses personales, de las élites económicas y políticas del país, y no de la gente o del pueblo de México en lo general. Para muchos, el papel de la FGR ha dado mucho que desear y otros incluso aseguran que en lugar de procurar la justicia, al interior de la Fiscalía al mando de Gertz Manero se ha avalado una red de complicidades y se ha generado un pacto de impunidad a través del cual se aplica la justicia de forma selectiva y para fines esencialmente políticos.

Según el presente análisis, el Fiscal General de la República parece ser un personaje siniestro que resulta incómodo para el proyecto transformador de López Obrador. ¿Por qué entonces mantenerlo en el puesto con la cantidad de cuestionamientos tan delicados y los pobrísimos resultados de su gestión? Como dicen muchos, el actual desempeño de la FGR parece ser la mayor piedra en el zapato del gobierno de la 4T. Si se aspira a avanzar hacia la paz y la justicia en nuestro país durante los tres últimos años de este gobierno, México quizás debería estrenar nuevo Fiscal. Esta es una pieza clave para el cambio, que hoy en día parece no funcionar. Por ello, es recomendable cambiarla. El tiempo apremia; no se puede esperar.

Guadalupe Correa-Cabrera

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Guadalupe Correa-Cabrera. Profesora-investigadora de Política y Gobierno, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos. Autora de Los Zetas Inc.

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