San Salvador, 13 oct (EFE).- La Cámara Segunda de lo Civil de la capital salvadoreña resolvió hoy abrir un proceso judicial contra el diputado Reynaldo Antonio López Cardoza y su esposa, Alma Yaneth Gutiérrez de López, señalados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de enriquecimiento ilícito.
Dicha resolución surge luego de que el pasado 5 de octubre la CSJ en pleno designó a dicha instancia para que “evaluara la posibilidad” de abrir un proceso con base a un informe de la Sección de Probidad en el que se detectaron “supuestas irregularidades”, informó el Centro Judicial Isidro Menéndez.
“La Cámara ordenó notificar al Fiscal General de la República la resolución para que en un plazo de 20 días hábiles (…) intervenga en el presente proceso a efecto de defender los intereses del Estado”, detalló la fuente.
Igualmente mandó al Centro Nacional de Registros (CNR) y a dos bancos locales congelar terrenos pertenecientes al imputado en 5 municipios y a dos bancos locales “inmovilizar” tres cuentas a nombre de López Cardoza y su esposa.
La fuente expuso que en 20 días se realizará una “audiencia preparatoria” donde el diputado y su esposa serán notificados del proceso en su contra y estos tendrán otros 20 días para “contestar la demanda”.
No obstante, el proceso iniciado por el referido tribunal es de carácter civil y para que el diputado pueda ser juzgado penalmente es necesario que la Asamblea Legislativa le retire la inmunidad parlamentaria previa solicitud de la Fiscalía.
Según el Supremo, López Cardoza “ha realizado varios depósitos a plazo fijo que ascienden a la cantidad de 220 mil dólares cancelados y 85 mil dólares vigentes que no fueron declarados ni se han justificado de dónde provienen los fondos”.
La Sección de Probidad de este órgano estableció que el diputado adquirió inmuebles “sin recurrir a la constitución de créditos y sin registrar retiros de fondos de sus cuentas bancarias”.
Agregó que los precios de compra de los inmuebles son “sustancialmente bajos, considerando su extensión y ubicación, y los valores declarados de los bienes poco tiempo después son significativamente superiores, sin justificar el aumento del valor”, entre otras supuestas anomalías.
Por su parte, López Cardoza declaró la semana anterior que la CSJ violó su derecho constitucional de defensa y hubo “falta de responsabilidad” en el manejo de su caso.
“He sido víctima de una condena pública sin que me hayan brindado plenamente la garantía constitucional del derecho de audiencia y defensa que me asiste”, lamentó el diputado del minoritario Partido de Concertación Nacional (PCN), de centro derecha.