«Las ejecuciones debes ser paradas inmediatamente. La pena de muerte es una violación de los derechos humanos», señaló Rupert Abbott, director de Investigación de AI para el Sudeste Asiático y el Pacífico, en un comunicado.

De los presos, uno es de nacionalidad indonesia, mientras los cinco restantes son foráneos (un brasileño, un holandés, dos nigerianos y un vietnamita).

A pesar de que las autoridades indonesias no procedieron a la ejecución de ningún condenado durante 2014, para este año está prevista el fusilamiento de 20 prisioneros.

Con el cumplimiento de las sentencias, confirmadas el jueves por el fiscal general, se abrirá el capitulo de ejecutados durante el mandato del actual primer ministro, Joko Widodo, quien llegó al Ejecutivo el pasado octubre.

«Esto enviará un mensaje a los miembros de los sindicatos de droga. No hay clemencia para los traficantes», sentenció ante los medios Prasetyo, fiscal general indonesio.

Widodo, para quien los activistas supone una esperanza de un cambio en el país, ha insistido en que no perdonará las condenas a muerte de aquellos convictos relacionados con tráfico de drogas.

«El nuevo Gobierno indonesio juró el cargo con la promesa de mejorar el respeto por los derechos humanos, pero proceder con estas ejecuciones sería un movimiento regresivo (…) Deberían imponer de manera inmediata una moratoria en el uso de la pena de muerte con vistas a su eventual abolición», instó el representante de AI.

Las leyes indonesias contra los delitos relacionados con las drogas están entre las más duras del mundo, y cuentan con el respaldo de la ciudadanía.