Académicos urgen un sistema judicial que castigue a «personas de más alto nivel»

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).– El Presidente Enrique Peña Nieto anunció en los primeros días de su mandato que lanzaría una serie de reformas estructurales para “Mover a México”; sin embargo, ni en 2013 ni en 2014 reestructuró el sistema judicial, mismo que ha permitido que los actos de corrupción no sean procesados debidamente, afirmó Francisco Javier Jiménez Ruiz, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El catedrático recomendó la creación de un Tribunal de Cuentas, pues aseguró que no sólo sirve para fiscalizar y sancionar el manejo de los recursos públicos de los partidos políticos; revocar los resultados de una elección o declararla como no válida; sancionar y quitar registros a partidos políticos, “también sirve para perseguir a las figuras del más alto nivel”.

Ejemplificó con el caso de la infanta Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI de España, quien está en medio de un proceso judicial por dos presuntos delitos fiscales. Desde 2010 se investiga al Instituto Nóos, una fundación sin fines de lucro que presidió Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta, en la que supuestamente se desviaron 6.1 millones de euros de fondos públicos entre 2004 y 2007.

Habló de Jordi Pujol, destacado y emblemático líder catalán que “también es una figura pública y está puesto en el banquillo de los acusados. Se le exigen cuentas y que transparente su riqueza”, afirmó.

Sin embargo, en México, “no tenemos un solo caso de un político de alto nivel a quien se le ponga bajo la lupa de investigación del sistema judicial”.

El académico recordó que en 2008, durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa, en México se reformó el sistema judicial penal. Sin embargo, sólo se modificaron las leyes y el Poder Legislativo estableció un plazo de ocho años para su implementación en todo el país, cosa que hasta el momento sólo ha ocurrido en el 43.7 por ciento del territorio.

“No solamente en materia penal habría que llevar a cabo esas grandes transformaciones y modificaciones. Hay que reestructurar en su totalidad el supremo Poder Judicial de este país. Los casos de corrupción cometidos por políticos importantes tienen una proporción directa con la incapacidad del sistema judicial de procesar a estas personas”, afirmó.

REFORMA A DESTIEMPO

Miguel Moguel Valdés, investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, aseguró que uno de los problemas de esta reforma es que se llegó tarde pues desde los años 80, en América del Sur comenzó a renovarse y cuando México decidió entrarle al tema “llegamos con referentes y diagnósticos no favorables en términos de indicadores”.

Hace seis años, cuando fue aprobada la Reforma, se pretendía que todas las instituciones del país participaran en la implementación de las modificaciones, sin embargo, sólo han tenido dificultades y actualmente hay un rezago fuerte en la puesta en marcha.

“Muy probablemente en junio de 2016 tengamos muchos sistemas de justicia conviviendo al mismo tiempo y eso hace más difícil que se pueda implementar de una manera mucho más armónica, integral y estructural como se había pensando”, afirmó.

El investigador del área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana afirmó que el mayor reto sigue siendo el contrarrestar las dinámicas institucionales que durante siglos han funcionado, tanto para el Poder Judicial como para otros poderes.

“Verdaderamente es necesario un cambio de chip. Cambiarles el chip a las personas que durante décadas han impartido la justicia con una visión y ahora la tienen que hacer con otra”, dijo.

La parte más importante, dijo, es la capacitación y con la formación de los operadores, que no es sólo son los jueces, son los trabajadores en los poderes judiciales, en los ministerios públicos, en las procuradurías. «Es una tarea titánica. No estamos hablando de algo fácil y creo que ésta implementación y ésta reforma que hubo nos daba la oportunidad de lo que hay que hacer porque hay recursos, había ganas y se extinguió mucho».

«Tenemos 43.7 es el porcentaje de entidades que ya lo adoptaron en algún sentido; el 43.7 es el que todavía lo está intentando y el resto apenas está entrando a la fase de planeación e implementación de medias para incorporar sus sistemas de justicia. Ya pasaron seis años y no llevamos ni la mitad hay una diferencia sustantiva», finalizó.