Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- Marcelo Bergman hace una revisión de cómo funciona el negocio de la droga en diversos países de América Latina como México. Examina también el por qué no ha podido ser eliminada esta problemática en estas naciones ni tampoco contenida. Bergman hace un análisis de las tendencias del consumo y del narcotráfico en la actualidad; y aborda los temas más relevantes sobre el tráfico de drogas; las consecuencias sociales que trae; la economía del mundo de las drogas y las distintas opciones políticas y administrativas que implementan los países para combatirlas. Puntos y Comas trae para sus lectores un fragmento del libro Drogas, narcotráfico y poder en América Latina con autorización del autor y del Fondo de Cultura Económica.
IV. Diversificación criminal y corrupción en el negocio de la droga
Por Marcelo Bergman
LA MAYOR amenaza del narcotráfico a la seguridad pública es la diversificación criminal. En efecto, más allá de los trastornos en la salud pública como consecuencia del consumo de drogas, y de las ilegalidades y los delitos que el tráfico y el consumo producen, un reto formidable que produce el narcotráfico es la consolidación de bandas criminales que se inician en el negocio de la droga y que luego diversifican sus actividades delictivas. Así, van sembrando terror y amenazas sobre un creciente número de individuos. Robos, extorsión, secuestros, trata de personas son, en muchos casos, conducidos por redes, bandas y pandillas que se habrían iniciado en el negocio de la droga (Garzón, 2008).
América Latina ha sido muy vulnerable a la proliferación de este tipo de organizaciones. En algunos casos, bajo la mirada cómplice y partícipe de la policía
o simplemente frente a su ausencia, y en otros, por la herencia de legados sociales o históricos. Maras, pandillas, grupos rebeldes, e incluso guerrillas o ejércitos paralelos que han proliferado en la región, han terminado vinculados al negocio de la droga y se han diversificado hacia otras actividades delictivas. Tal es el caso de Sendero Luminoso en Perú; el m-19, las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) y las paramilitares en Colombia; la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 en El Salvador y Honduras; o el Ejército Popular Revolucionario (EPR), Guerreros Unidos y Familia Michoacana en México.
El narcotráfico genera condiciones propicias para explorar numerosas “industrias extractivas”. Dado que las instituciones muestran toda su debilidad, y los grupos vinculados al negocio de la droga ya tienen una “infraestructura” delincuencial desarrollada, les resulta relativamente sencillo a ciertos grupos diversificar la “cartera” de negocios criminal. Así, al desnudar el Estado toda su impotencia frente al narcotráfico, genera los incentivos entre ciertos delincuentes para cometer delitos extorsivos que incrementan de forma exponencial la violencia.
1. LOS DELITOS EXTORSIVOS
En Colombia, la tasa de homicidios supera el promedio de treinta por cada cien mil habitantes. Pero solo unos pocos están vinculados al tráfico de drogas de forma directa. La gran mayoría de ellos son el resultado de conflictos interpersonales, extorsiones y secuestros. En El Salvador, Guatemala y Honduras, que tienen tasas de más de cuarenta, cincuenta y ochenta homicidios por cada cien mil personas, respectivamente, la gran mayoría de ellos resultan del negocio de la extorsión y los ajustes de cuentas entre pandillas. En Venezuela, por su parte, la gran mayoría de los 23 mil homicidios cometidos en 2012 están asociados al delito común. Es decir, aun en el homicidio, que es el delito más grave, la droga no es el gran factor que explica el crecimiento de la violencia, sino el deterioro que produce en las fuerzas de seguridad su capacidad para enfrentar bandas criminales.
En Colombia el número de secuestros reconocidos por la autoridad entre 1990 y 2010 fue de 36,805, un promedio de 1,800 por año o cinco por día.1 Las encuestas de victimización en México reportan que el número de secuestros en 2012 superó las cien mil personas (Envipe, 2012). Aún cuando esta cifra pudiera ser controversial, su magnitud habla por sí misma.2 En El Salvador, el número de personas extorsionadas supera los diez mil por año, aunque las extorsiones graves reportadas a la policía (una muy marcada minoría) tuvieron un promedio anual de 3,517 entre 2009 y 2012 (World Bank, 2014: 24). La trata de migrantes en México produce cuantiosas ganancias a bandas que cobran “peajes” a migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos. En resumen, en aquellos países donde la descomposición de las fuerzas de seguridad ha sido importante, los “negocios” extorsivos adquieren proporciones escandalosas. Y al mismo tiempo, una buena fuente de ingresos para los diversos grupos.
A pesar de su reputación como cártel de la droga, los principales ingresos de Los Zetas en México no parecen provenir del narcotráfico (Grayson y Logan, 2015; Mazzitelli, 2012). Este grupo nació como brazo armado del cartel del Golfo, que sí era uno de los principales grupos que traficaban cocaína colombiana a Estados Unidos. Los Zetas crecieron a partir de la brutalidad de sus actos creando una estructura extorsiva paralela —que está documentada en distintas fuentes—, a través de la cual reclutaban agentes para controlar una plaza para cobrar peajes, protección, tráfico de migrantes y secuestros extorsivos.
A mitad de la década pasada, la agrupación llamada Familia Michoacana también incursionó en la extorsión y el tráfico de personas para acumular poder. Si bien se dedicaron al negocio de las drogas de diseño, muchos de sus miembros presionaron a los habitantes del estado hasta provocar una auténtica rebelión en la forma de grupos de “autodefensa”. En Brasil, el poderoso Primer Comando de la Capital (PCC) monopoliza el comercio de drogas en San Pablo, pero fundamentalmente controla la vasta industria criminal, desde los robos hasta los despojos bajo coerción.
¿Por qué los grandes cárteles de la droga incursionan en estas empresas criminales? ¿Es acaso el negocio de la extorsión y el secuestro tan rentable como el del tráfico de estupefacientes? La respuesta simple es un no rotundo. Para los grandes cárteles, estos delitos no producen ni una fracción de las rentas que se extraen de operaciones exitosas de tráfico. Hacen falta cientos de secuestros con importantes rescates para equiparar las ganancias de un cargamento mediano de cocaína puesto en Estados Unidos o en Europa. De hecho, si asumimos que un secuestro exitoso genera en promedio 10,000 dólares, se necesitará secuestrar a 250 personas para obtener un ingreso bruto equivalente a solo 100 kilogramos de cocaína. Es por ello que los grandes cárteles como el de Sinaloa, el del Golfo o el de Juárez rara vez incursionaron en los secuestros para obtener ganancias, ya que son mucho más riesgosos y tienen menos utilidad.
Sin embargo, lo que no era negocio para «El Chapo» Guzmán, para los hermanos Rodríguez Orejuela o para Carrillo Fuentes lo es para sectores vinculados a los cárteles. Este tipo de delitos extorsivos se volvió rentable para las segundas líneas de estas organizaciones o, más precisamente, para los grupos y sicarios que brindan servicios a las grandes organizaciones. El narcotráfico propicia las condiciones para que grupos subalternos irrumpan en la escena y se enfrenten por la obtención de rentas extractivas.
Por lo general, las organizaciones dedicadas a la extorsión, el secuestro y la trata también incursionan en otras industrias criminales. En Colombia, por ejemplo, lo han hecho en el robo de minerales y de petróleo. En México, la suma robada de petróleo desde los mismos ductos o de los camiones cisternas llegó a ser, en 2014, del orden de los 1,150 millones de dólares (BBC, 2015). Muchas de las empresas de robo de autos, los de alta gama en particular, son ramificaciones del negocio narco que sirven para pagos de servicios prestados. Por ejemplo, las camionetas 4×4 y los autos de alta gama robados en Argentina y Brasil son luego utilizados o comercializados en Bolivia y Paraguay, en algunos casos por personas sospechadas de estar vinculadas al negocio de la droga. La gran mayoría de estos delitos predatorios son muy violentos, y, en varias ocasiones, han terminado en homicidios.
¿Por qué proliferan bandas dedicadas a estas industrias extorsivas? ¿Por qué son más comunes en México y Colombia que en Chile o Argentina? ¿Por qué es más habitual verlas en ciertas zonas del país y no en otras? (Por ejemplo, es más factible observarlas en Michoacán, Medellín o Rosario, que en el DF, en Bogotá o en Buenos Aires.) He aquí la clave y tal vez el principal peligro que produce el narcotráfico.
En primer lugar, las bandas crecen y se organizan porque constituyen milicias de apoyo a las grandes organizaciones, pero como no están vinculadas de forma orgánica, poseen autonomía de acción. Al ser bandas que prestan “servicios” al crimen organizado, desarrollan un saber especializado (know-how) de redes y conexiones, lo que les permite adquirir un creciente poder de fuego que neutraliza los poderes policiales locales. A su vez, estas bandas constitutivamente violentas despliegan un “menú” de actividades rentables que multiplican sus ingresos.
Los cárteles, como se ha dicho, no son grandes corporaciones de decenas de miles de empleados con un gerenciamiento vertical y disciplinado que desarrolla un plan de negocios. Son más bien un conjunto de líderes, decenas de administradores (entre los que se incluyen los financistas que lavan el dinero) y un pequeño ejército de guardaespaldas, que a su vez “subcontratan” servicios y que, por supuesto, los pagan muy bien. Compran la droga a productores y en algunos casos la terminan de procesar (el procesamiento final de la cocaína requiere de la protección de los grandes cárteles). Desarrollan vías y rutas de traslado de la droga contratando transportistas, pilotos, conductores y guardias de seguridad que los protegen. En muchos casos, pagan por estos servicios en “especie”, es decir, con droga que los propios prestadores de servicio luego canalizan en un emergente mercado doméstico.
Los grandes cárteles tienen ejércitos “modestos”, pero alianzas poderosas con células o grupos paramilitares que se van constituyendo a la luz de las grandes rentas que el narcotráfico va produciendo. Esto genera gran inestabilidad, ya que hay frecuentes escisiones, desmembramientos y nuevos grupos que rivalizan entre sí. De hecho, gran parte de la violencia en México y Colombia es el resultado de esta atomización del poder de fuego. Las luchas entre grupos paramilitares y con las FARC, luego de la caída de los dos grandes cárteles (el de Cali y el de Medellín), han provocado miles de muertes. En México, como se ha señalado, las fracturas entre La Familia Michoacana y Los Zetas, o las peleas entre el cártel de los Beltrán Leyva (lugarteniente del «Chapo» Guzmán) y éste último derivaron en sangrientas luchas que terminaron con Beltrán y su milicia.
El negocio del narcotráfico produce también las condiciones para la generación de bandas y grupos armados que pueden reclutar “mano de obra barata” para enrolarse en estas milicias amorfas. Estos pequeños ejércitos no son, por lo general, estructuras piramidales y jerárquicas, sino más bien una sumatoria de células medianamente disciplinadas que se mueven al calor de las alianzas y los recursos. En resumen, se trata de bandas mercenarias al servicio de los cárteles. Hay, por supuesto, excepciones como las de Los Zetas y Los Kaibiles guatemaltecos, que tienen sus orígenes en los respectivos ejércitos de los países y que, por lo tanto, procuran desarrollar estructuras militares disciplinadas y más tradicionales. Sin embargo, estos son, al menos en sus orígenes, grupos de apoyo y ejércitos “contratados” por los grandes cárteles.
El segundo factor disruptivo es la neutralización de los servidores de la ley: policías, jueces, fiscales y agentes del orden. Este factor es muy importante porque donde se observan altas tasas de violencia también se está en presencia de un marcado debilitamiento del Estado. Algunos autores han incluso utilizado el concepto de “Estados fallidos” (como se verá más adelante, esta aseveración es errónea) para señalar el control que estas milicias y el crimen organizado ejercen sobre un territorio. En realidad, aquí están actuando el desmoronamiento de la capacidad disuasoria del Estado y el creciente control efectivo de estas bandas. En algunas áreas estratégicas de ciertos países, la policía no solo es cooptada y sobornada, sino que es neutralizada por las bandas criminales.
Vale la pena distinguir entre la policía corrupta y la policía neutralizada. En el primer caso, la policía puede ser “socia” de las rentas de la ilegalidad, puede recibir una cuota de las ganancias a cambio de la protección que brinda o del “dejar hacer”. En el segundo caso, estamos frente al colapso de la policía y, por supuesto, es una situación infinitamente más grave para la seguridad ciudadana. Lo que en Argentina se denomina “zona liberada” ilustra el primer fenómeno. Una zona liberada de policías es un territorio para que los delincuentes roben o extorsionen libremente, lo que constituye un caso de corrupción policial. Al ser “liberada” significa que esa zona puede ser potencialmente “recuperada”, que la policía posee bastante poder de coacción y al menos está en pie de igualdad con las bandas delincuenciales. En la Ciudad Juárez de 2010, en el Medellín de fines de la década de 1980, en los barrios de San Salvador o en muchas de las favelas del nordeste de Brasil, la policía colapsó, y la criminalidad es exponencialmente superior. Por lo tanto, es conveniente distinguir entre equilibrios donde la policía conserva cierta capacidad disuasoria y aquellos donde la perdió. En estos últimos se propagan muy rápido las industrias de la criminalidad extractiva. Ésta es, sin duda, la gran amenaza que plantea el narcotráfico: el riesgo del desmoronamiento de la disuasión que imponen las fuerzas del orden público, en especial la policía.
La diversificación criminal es el resultado de la incursión de bandas y milicias en actividades extractivas e ilícitas porque no existe un buen sistema de disuasión, que habría colapsado por la efectiva capacidad predatoria del narcotráfico. Si bien los grandes cárteles se dedican al rentable tráfico de drogas, en
su desarrollo van alimentando la creación de grupos autónomos con gran poder de fuego que terminan socavando la efectividad de la autoridad legal.
Un grupo que presta servicios de protección y transporte de drogas y que recibe como pago armas y drogas para vender en un mercado local dispone también de una infraestructura local para extorsionar, robar o secuestrar. Una vez que la policía es neutralizada o que se convierte en socia de estas bandas, es “natural” diversificar las actividades. Éste es el caldo de cultivo de la diversificación criminal más peligrosa: estructuras semiautónomas, atomizadas frente a una marcada debilidad institucional.
2. CORRUPCIÓN Y PENETRACIÓN DEL ESTADO
Por ser ilegales y muy demandadas, las drogas producen fuertes incentivos para que algunas personas lucren con ellas, al mismo tiempo que ese lucro estimula a quienes están llamados a controlarlas a usufructuar de tales rentas. En otras palabras, la corrupción es inherente al negocio de la ilegalidad. Aun en países donde hay un gran acatamiento de la Ley como en Estados Unidos, Alemania o Japón, existen agentes corruptos.3
Las drogas prohibidas tienen características similares a otros bienes y servicios demandados. Históricamente, la prostitución tuvo los mismos actores: quienes venden sexo (las prostitutas), pero también los organizadores del negocio (cafisho o proxenetas, madamas) y la policía que brinda protección a cambio de favores o rentas (dependiendo de la escala). En muchas ocasiones se contó con la connivencia política para su ejercicio, ya sea porque era conveniente para un gran número de actores, o porque la prostitución no producía serios trastornos sociales o políticos.
Otros giros ilegales tienen estructuras similares (aun con sus particularidades), como el juego, en ciertas sociedades el alcohol, el tráfico de órganos y de personas. Sin embargo, la droga es hoy el bien que mayor corrupción produce dada su alta demanda y las enormes utilidades que produce.
La corrupción es entendida como el intercambio de favores entre agentes del Estado que violan su mandato y permiten actividades ilícitas a cambio de pagos indebidos u otros beneficios. Hay, por supuesto, un enorme rango, desde pequeñas coimas o mordidas por permitir la venta en una esquina, hasta sobornos de enormes sumas e incluso financiamientos de campañas electorales por permitir la conformación de grandes entramados y negocios. El soborno es, desde luego, simétrico al cargo que ostenta quien da el permiso, y, por lo general, es el resultado de una típica negociación de mercado donde se establecen los parámetros o la “tasa” de retorno para los agentes públicos, que la mayor parte de las veces es una fracción de las utilidades esperadas.
Sin embargo, a pesar de que la corrupción es inherente a la circulación de bienes ilegales y demandados, hay sociedades en donde los sobornos son más extendidos que en otras, lo que se puede explicar por el arraigo cultural que dispone el accionar diario de los agentes. Sin embargo, esa cultura está apoyada en el tipo de control legal (aplicación de la Ley) que preexiste: la corrupción varía en función de la capacidad de los Estados de disciplinar a sus agentes para que acaten las reglas. Si esto se logra, la conducta debida se va incorporando como patrón cultural. No existe la “genética” de la corrupción o del acatamiento a la Ley. Los alemanes o los japoneses no están genéticamente más predispuestos a cumplir las leyes, sino que han evolucionado en un sistema que en algún momento castigó con severidad a los violadores de las reglas y, por lo tanto, convirtió el acatamiento en un comportamiento natural. Esto genera una “trayectoria dependiente” (path dependence) de todos los actores y, al mismo tiempo, facilita la identificación de “las manzanas podridas”. En cambio, cuando todas las manzanas ya están contaminadas, es muy difícil depurar. La corrupción es endógena a la dimensión del problema (Bergman, 2009).
En sociedades de alto acatamiento a las normas, los agentes de aplicación de las leyes (policías, jueces, funcionarios) están más sujetos a controles internos y externos, y pagan un precio muy alto si son detectados en actos de corrupción. Esto, por un lado, incrementa el valor de los sobornos y, por otro, encarece el valor de los bienes. Es decir, existe un trade-off entre los niveles de corrupción y el valor de los bienes. Aunque no está bien documentado, es muy probable que el alto valor de venta de las drogas en Europa, Asia y Estados Unidos contenga una parte de este trade-off.
No solo el costo es alto porque los vendedores de drogas tienen que incorporar la prima de riesgo en la venta (si un dealer es aprehendido difícilmente pueda sobornar a la policía para evitar la detención y el severo castigo de muchos años de cárcel), sino también porque la prima del soborno debe ser muy significativa para que un agente se arriesgue a tomarla.
Las grandes utilidades de las drogas amenazan la estabilidad, ya que incrementan la escala del problema y pueden subvertir el equilibrio virtuoso de agentes poco proclives a la corrupción. En Estados Unidos todos los años más de cien agentes de la policía de frontera son removidos o encarcelados al ser comprobada su vinculación con la corrupción.4 En América Latina el problema es desde luego más extendido.
Hay versiones y testimonios que indican que los dos grandes cárteles colombianos (Medellín y Cali) financiaron campañas electorales, y han puesto y quitado funcionarios. En México, se rumorea que el hermano del Presidente Carlos Salinas prestó servicios a los cárteles. Y en Perú, parte del dinero del narcotráfico
fue canalizado a Vladimiro Montecinos, la mano de derecha del entonces Presidente Alberto Fujimori.
La corrupción se manifiesta en distintos estamentos. Desde el policía de a pie hasta el funcionario más encumbrado. Cuanto más sistémica, es decir, más enraizada está en el sistema de pagos a distintos niveles, más difícil resulta su eliminación. El gran poder del negocio de la droga no radica en la corrupción callejera, sino cuando llega a estamentos más altos donde se convierte en sistémica. La mayor amenaza se produce cuando jefes policiales, fiscales o jueces encargados de combatir las drogas eluden su trabajo a cambio de sobornos, o cuando funcionarios y políticos encargados de regular disposiciones legales negocian favores con los empresarios de la droga. En América Latina ambas amenazas están muy latentes, incluso en el Cono Sur, que hasta hace algunos lustros estaba exento de estas.
En 2013, en seis países de la región, se realizó una encuesta a presos juzgados por delitos relacionadosa la comercialización de drogas. Ante la pregunta “¿Algún agente policial o judicial le ha solicitado dinero o alguna de sus pertenencias en la etapa de la detención?”, la respuesta afirmativa fue del 23% en Argentina, 22% en San Pablo, 20% en Chile, 9% en El Salvador, 30% en México y 37% en Perú. Cuando se les preguntó: “¿Si hubiera tenido suficiente dinero o influencias, cree que hubiera podido ser liberado por la policía cuando fue detenido?”, menos del 40% contestó afirmativamente en Chile, el 66% en San Pablo, el 62% en Argentina y el 69% en México. La corrupción en la etapa de la detención indica que esta práctica está bastante extendida y es probable que muchos logren eludir ser arrestados.
En resumen, la existencia de sobornos parece ser alta, y la evidencia indica que estamos en presencia de una corrupción sistémica. Ésta es una de las amenazas más serias del narcotráfico, ya que su erradicación se torna muy difícil. Este tipo de corrupción, además, tiene dos externalidades negativas adicionales. La primera es que la prima de la corrupción queda incluida en los costos fijos de los bienes ilegales, aumentando su costo y generando mayores utilidades para los actores. La segunda, y más importante, es que la corrupción alinea los incentivos de los agentes de control hacia otros objetivos y, por lo tanto, socava tareas muy elementales del Estado. La corrupción sistémica tiene el potencial de hacer colapsar las funciones del Estado en lapsos muy breves, como lo demuestran los casos de México entre 2007 y 2010, o de Colombia en la década de 1980.
Es probable que las grandes utilidades del narcotráfico no permitan eliminar los sobornos; sin embargo, los Estados, a través de un efectivo control sobre sus agentes, pueden limitarlos. La corrupción es endémica a la transacción de bienes ilegales muy demandados. En su gran mayoría, los países de la región arrastran problemas de corrupción endémica que se han exacerbado con las grandes utilidades que producen las drogas. El gran desafío es impedir una corrupción sistémica que altere las funciones más elementales de los Estados.
3. EL NORTE Y EL SUR
Cualitativamente, la amenaza del narcotráfico y su capacidad disruptiva es mucho más seria en algunos países de la región que en otros. Mientras que México, Honduras y Colombia son países con extrema violencia, altos niveles de corrupción y de diversificación criminal, Uruguay, Argentina y Chile tienen un nivel de amenaza muy inferior. Una mirada inicial muestra que hay diferencias muy notorias en el grado de descomposición institucional y niveles de criminalidad. Los datos son bastante claros.
Menos obvios son los factores que producen el deterioro institucional y el crecimiento de la diversificación criminal. Es decir, si bien Uruguay o Argentina distan muchísimo de ser Guatemala o Colombia, ¿cuán probable es que puedan llegar a serlo si el negocio de la droga avanza? En los capítulos finales se abordará este tema. Aunque no haya respuestas definitivas, allí se subraya que si bien ningún país está exento de caer en la trampa del descontrol criminal, las condiciones que genera la letal diversificación criminal son tres: las altas tasas de rentabilidad del narcotráfico, la falta de reacción del aparato de justicia penal y el deterioro significativo de las condiciones sociales entre los grupos con mayor desventaja.
La primera condición (rentas) incide en la producción de importantes utilidades que se distribuyen entre distintos sectores con poder de fuego, que corrompen autoridades y que generan incentivos a emprendedores para que entren al negocio de la ilegalidad. Cuanto más rentables sean los mercados ilegales, más gente estará dispuesta a participar. Si alguien desiste por razones morales o por temor a ingresar a un rentable negocio ilegal, habrá muchos otros listos para ocupar su lugar. En forma muy simplificada, una utilidad esperada de cien va a generar muchos más incentivos a tomar riesgos que una de diez. Sin tomar en cuenta el efecto de las demás variables, los países donde las rentas de la droga son más grandes van a tener mayor probabilidad de que ese negocio se expanda.
La segunda condición, la reacción inicial de las autoridades, ha sido poco estudiada, aunque es de suma importancia. La reacción errática, tardía y complaciente frente a las grandes ganancias ilegales puede ser letal para los países. Por ejemplo, cuando la amenaza del narcotráfico a gran escala creció de modo significativo en Colombia en los años ochenta y en México a principios de este siglo, las autoridades reaccionaron muy tarde y con instrumentos poco efectivos. La situación se deterioró en pocos años y se consolidaron las organizaciones criminales. Un proceso similar puede observarse en Venezuela, en Honduras y en el nordeste de Brasil: el abandono de ciertos espacios por parte de las autoridades facilitó la propagación de la diversificación criminal. El temor en Argentina es que haya displicencia y reacción errática, lo que permitiría la consolidación de bandas criminales en algunas ciudades. Sin embargo, las rentas del mercado son aún pequeñas (comparativamente) y hay espacios de reacción institucional más desarrollados que en los otros casos. Chile, que tiene niveles de consumo de drogas similares a los de Argentina, es la contracara del caso trasandino, ya que, por lo general, la policía y los tribunales reaccionan rápido ante desbordes.
Por último, la tercera condición es la marginalidad y las desventajas sociales y su efecto en la proliferación de la diversificación criminal. Este es un factor coadyuvante, es decir, si bien no produce la diversificación, la puede potenciar. Es importante insistir que en muchos países del globo existe pobreza grave y
desigualdad y no por eso todos tienen problemas de diversificación criminal. Sin embargo, también es notorio que los problemas del crecimiento del consumo y las adicciones se han dado sobre todo en sectores con serias desventajas sociales. El reclutamiento de “soldaditos de a pie”, “halcones” y quienes se ocupan de la venta prolifera entre estos sectores que, por razones estructurales, asimismo tienen grandes dificultades para insertarse en mercados laborales legales y para acceder a una digna movilidad social.
En resumen, la mayoría de los países de América Latina han sido más proclives a ser víctimas de la escalada del narcotráfico y su letal efecto para potenciar la diversificación criminal. En cambio, tanto los países del Cono Sur, como el sur de Brasil y algunas regiones andinas han logrado resistir los embates más letales de esta gran amenaza. Sin embargo, los efectos conjuntos de estos tres factores han producido niveles de mucha violencia en zonas o ciudades de países con criminalidad relativamente baja.
4. A MODO DE CONCLUSIÓN
Este capítulo ha tenido por objeto describir las dos principales amenazas del narcotráfico: la diversificación criminal y la corrupción sistémica. Frente a Estados históricamente débiles en la región, estas amenazas se hacen más palpables.
Existen otros desafíos y amenazas que plantean las drogas ilegales: los que atañen a la salud pública, los de la violencia endémica de las transacciones y los de los costos individuales y sociales de la drogadicción. Estos retos son, por supuesto, muy serios y exigen de muchas políticas públicas para atenderlos. Sin embargo, todos estos desafíos pueden ser mitigados e incluso contenidos aun con la existencia del narcotráfico.
Por otro lado, una enorme mayoría de las transacciones de droga no son violentas, los consumidores por lo general son consumidores recreativos y pueden mantener trabajos y una vida familiar. El efecto de las drogas en la salud pública es bastante menor que, por ejemplo, el del alcohol y el tabaco. A pesar de los desafíos que plantean las drogas ilegales, estos pueden ser manejables.
Desde una perspectiva de la economía política del narcotráfico, en este capítulo señalo dos amenazas muy serias para Estados débiles como los de la región: 1) la tendencia a la diversificación criminal dada la estructura del negocio, y 2) la potencial profundización de la corrupción sistémica que el narcotráfico puede generar. La experiencia indica que estas dos consecuencias, de no ser atendidas como corresponde, pueden socavar algunas funciones elementales del sector público, incrementando la sensación de desamparo ciudadano e inhibiendo aún más las capacidades estatales.
