Fueron menos de siete minutos. No necesitó más. En siete minutos, Andrés Manuel López Obrador anunció la renuncia de las instituciones civiles para hacerse cargo de la seguridad de su población.

El anuncio de “pasar por completo” la Guardia Nacional a la Sedena lo hizo el Presidente en la «mañanera» de este lunes. Aunque el camino para ello no es del todo claro, López Obrador ofreció algunos detalles. Dijo, por ejemplo, que enviará al Congreso una iniciativa de reforma y que, para apurar su proceso, pronto emitirá “un acuerdo de la Presidencia”.

Se trata de un error profundo. Con esta decisión, el Estado mexicano claudica a la posibilidad de crear una policía federal de carácter civil. Es una determinación que, de cumplirse, será muy difícil de revocar. Es, también una traición a la promesa de campaña de avanzar hacia la progresiva devolución de estas tareas a instituciones civiles —una tarea que, en sí misma, entraña riesgos importantes y que he valorado recientemente en otro espacio.[1]

Ya habrá tiempo para desmenuzar la propuesta del Presidente, apuntar sus contradicciones e imaginar las posibles consecuencias en el corto, mediano y largo plazo. Además, imagino que correrá mucha tinta enfatizando los problemas constitucionales de esta decisión que, ya de entrada, parece condenada a la impugnación. Recordemos que la Carta Magna señala no solo que la Guardia Nacional será de carácter civil, sino que estará adscrita a “la secretaría del ramo de seguridad pública”. Insisto: ya habrá tiempo para hablar del tema con más detalle.

Por ahora quiero concentrarme en una de las posibles consecuencias del “acuerdo de la Presidencia”. De superar el escollo de la constitucionalidad —y solo en caso de superarlo— la decisión del Presidente supondría, en los hechos, un cambio profundo en el Ejercito que, de facto, lo desnaturalizaría por completo. En palabras algo menos rimbombantes: el Ejército mexicano desaparecería en la práctica tal como lo conocemos. Se trataría del cambio más profundo de esta institución desde el final de la Revolución mexicana.

Un amigo que sigue muy atento este proceso me lo explicó mejor, casi con peras y manzanas: al meter a la Guardia Nacional en el Ejército, este último pierde su naturaleza de fuerza asociada a los conceptos básicos de seguridad nacional: integridad territorial y soberanía. Con el decreto Presidencial, el Ejército se dividiría, de facto, en dos (simplifico, aunque no demasiado): una parte dedicada a tareas de obra pública e infraestructura en todo el país (y haciendo buenos negocios) y otra parte, la que vendría de Guardia Nacional, centrada en tareas de seguridad pública, tal como lo ha hecho hasta ahora. El Ejército perdería así su razón exclusiva de seguridad nacional para volverse la única institución federal encargada de tareas de seguridad pública.

No están del todo equivocados los críticos del Gobierno que advierten en la decisión del Presidente López Obrador “un paso más a la militarización”. Pierden de vista, sin embargo, una paradoja sugerente que hace énfasis en el correlato de este primer proceso: al volver al Ejército la única institución federal al frente de la seguridad pública y al mimetizar sus funciones, este se policializa.

No es casual que en la misma mañanera en la que el Presidente diera a conocer su plan para la Guardia Nacional, el mandatario anunciara también que el tradicional desfile del 16 de septiembre estará “predominantemente orientado a la seguridad pública”. Sus actores principales, agregó, “van a ser los integrantes de la Guardia Nacional”.  ¿Cuál es el mensaje que se envía con esa decisión? No parece difícil adivinarlo.

De ejecutarse y de superar una difícil acción de inconstitucionalidad, la decisión del Presidente no supondrá la desaparición del Ejército (ni mucho menos), pero sí su desnaturalización. En este horizonte se corren riesgos enormes, pero también oportunidades, no del todo obvias, que exploraré la próxima semana en esta misma columna. Nos leemos el siguiente martes.

[1] Véase: Carlos Pérez Ricart, “(Des)militarización y control de armas: un encuentro inevitable», Sentido Común”, 18 de julio de 2022. Disponible en:

Carlos A. Pérez Ricart

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Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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