El diario nicaragüense, el cual ha sido crítico al Gobierno del Presidente Daniel Ortega, señaló agresiones contra colaboradores, pues los domicilios de dos periodistas fueron allanados, mientras que dos choferes de La Prensa fueron encarcelados sin ningún motivo.
Por Gabriela Selser
CIUDAD DE MÉXICO, 9 de julio (AP).— La policía de Nicaragua mantiene en prisión a dos choferes del diario La Prensa y allanó las viviendas de dos periodistas, horas después de que estos cubrieran la salida del país de 18 monjas católicas expulsadas por el Gobierno del Presidente Daniel Ortega, se informó el viernes.
Un empleado de La Prensa confirmó a The Associated Press que el equipo periodístico que el jueves cubrió la expulsión de las monjas de la orden Misioneras de la Caridad —fundada por la madre Teresa de Calcuta—, cuya asociación en Nicaragua fue clausurada hace unos días, fue “perseguido” por la policía y sus viviendas fueron allanadas.
Asimismo, dos conductores del diario fueron arrestados y llevados a la cárcel policial de El Chipote, donde aún permanecen, dijo la fuente, que solicitó guardar el anonimato por motivos de seguridad. A los familiares no se les explicó por qué los detuvieron y a sus abogados no se les permite verlos, señaló.
El diario La Prensa es conocido por sus posiciones críticas al Gobierno de Ortega y en la actualidad sólo circula en forma digital, ya que sus instalaciones permanecen ocupadas por la policía desde hace casi un año.
? Estamos ante un ataque más para callarnos. Exigimos al régimen que respete las leyes. Que se libere a los detenidos y cese la persecución contra el personal del Diario. https://t.co/24bkfgX5Bs
— LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) July 8, 2022
Ambos choferes “están en El Chipote, lo sabemos porque a sus familiares les reciben el agua y la ropa que les han llevado. Les han dicho que están siendo investigados; no les dicen nada más”, agregó la fuente.
Dijo que si bien el diario cuenta con abogados para la defensa de los detenidos, “la dictadura no los reconoce y aparentemente les nombrarán defensores públicos”.
El Gobierno de Nicaragua no ha brindado información sobre los arrestos y allanamientos, que la dirección del periódico ya denunció ante la Sociedad Interamericana de Prensa, según la fuente. Dijo que la policía sustrajo una computadora de una de las viviendas allanadas.
En agosto de 2021, las instalaciones de La Prensa fueron ocupadas por la policía, que detuvo a su gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, en medio de una ola de arrestos de medio centenar de opositores. Todos continúan presos, entre ellos siete aspirantes a la presidencia que pretendían disputarle el poder a Ortega en las elecciones de noviembre pasado, en las que el mandatario de 76 años se reeligió para un cuarto mandato consecutivo.
Mientras tanto, el Gobierno de Nicaragua impidió el viernes el ingreso de una delegación de nueve diputados de partidos de izquierda latinoamericanos que pretendía “constatar la situación de los presos políticos”. Según la oposición, en el país hay unos 190 reos de conciencia, 180 de ellos detenidos tras las protestas sociales de 2018.
Mariano Rosa, coordinador de la llamada “Comisión por la vida y la libertad de las personas presas políticas en Nicaragua”, dijo que la policía del país movilizó a unos 300 efectivos a la frontera para bloquearles el paso cuando intentaron internarse desde la aduana de Peñas Blancas, Costa Rica.
“Montaron un operativo militar descomunal de policías y paramilitares, en una actitud intimidatoria y amenazante”, denunció Rosa. “Con esta acción el Gobierno demuestra que es una dictadura y que viola los derechos humanos”, añadió el legislador izquierdista.
El resto de diputados que intentaron visitar el país pertenecen a partidos de izquierda de Brasil, México, Costa Rica, República Dominicana y Panamá.
En otro suceso el viernes, la policía ocupó las instalaciones de la agrupación ecologista Centro Humboldt y de la organización no gubernamental feminista La Corriente, según denunciaron esas organizaciones en Managua. Ambos organismos fueron clausurados hace dos meses por el Gobierno, que ha cerrado casi 800 asociaciones sin fines de lucro, en su gran mayoría durante el último año.
Ortega argumenta que las organizaciones no gubernamentales, la oposición y la prensa independiente participaron en un “fallido golpe de Estado” mediante las protestas sociales de 2018. Esa rebelión fue sofocada con violencia por policías y paramilitares, lo que dejó 355 muertos, dos mil heridos y más de 100 mil exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
