Frente al mar turquesa y cerca del Parque Xcaret, la empresa Calica lleva extrayendo caliza desde 1986. El Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso instalar albercas turísticas para aprovechar esos socavones, pero documentos estatales muestran que el Gobierno de Quintana Roo, en manos de los Joaquín y los González, ya lo tenía proyectado desde entonces.
Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).– Para aprovechar los socavones en Playa del Carmen, generados por la empresa Calica (Legacy Vulcan) tras la extracción de caliza durante tres décadas para exportarla a Estados Unidos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso construir «albercas turísticas» en el predio, a sólo cinco kilómetros del Parque Xcaret.
Sin embargo, de acuerdo con documentos estatales, la idea de instalar un fraccionamiento turístico ya estaba proyectada desde la década de los ochenta y dosmiles. Es decir, desde el Gobierno de Quintana Roo, en manos de algunas de las familias más poderosas de la entidad, los Joaquín y los González, ya se tenía previsto este proyecto.
El Programa de Ordenamiento Ecológico de Cozumel (octubre 2008, página 111) muestra que la Unidad de Gestión Ambiental (A13) regulada, donde se encuentra la mayoría del polígono de Calizas Industriales del Carmen (Calica), tiene el uso predominante de minería, portuaria e industrial, pero los usos compatibles son turístico y comercial condicionados a la Manifestación de Impacto Ambiental aprobada en el 2000.
«Vi en el expediente [permisos solicitados] quiénes estaban detrás y obviamente eran intocables por parte del municipio por el poder de los Joaquín en Quintana Roo, sobre todo entonces de Don Nassim [padre de Pedro Joaquín Coldwell, fallecido en 2016], a quien había que pedirle permiso para hacer todo –le decían El Tatich/Jefe– y dominaba todo desde Cozumel», dijo una fuente cercana al Municipio de Solidaridad de esa época que pidió el anonimato. Su nombre aparece en documentos oficiales.
Cozumel lo gobernaba ese año Juan Carlos González Hernández, primo del entonces Gobernador estatal Felix González Canto (2008-2011) y quien en 2013 fue Delegado de Fonatur a la par de la devastación del manglar de Tajamar para instalar otro desarrollo inmobiliario.
Solidaridad, el municipio donde opera el resto del polígono de Calica (UGA-A14), estaba bajo la gestión de Carlos Joaquín González, medio hermano de Pedro Joaquín Coldwell y actual Gobernador de Quintana Roo.
El Programa de Ordenamiento Ecológico de Solidaridad (planeado desde 2005 y publicado en marzo 2009, página 35) coloca a esta UGA-A14 regulada en aprovechamiento sustentable con uso de suelo condicionado a urbano, turístico, ecoturístico, deportivo y parque recreativo. La condición son los términos que establece la Ley de Turismo del Estado de Quintana Roo, entonces de Félix González Canto.
Años antes de la publicación de los Programas de Ordenamiento de Cozumel y Solidaridad, dijo el exfuncionario público, ya había visto las vistas arquitectónicas del proyecto de Calica concebido como un desarrollo inmobiliario «con yate a la puerta», como muestra el mapa.
Dichos POEL requieren un convenio técnico entre los tres niveles de gobierno, incluyendo la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat).
«El Presidente dice que se pueden hacer albercas, pero ya estaba previsto como un proyecto de ese tipo; no es al azar que haya quedado así la distribución y las excavaciones», aseguró. «Si está siendo asesorado por alguien de la Semarnat de la vieja guardia, lo están induciendo a que él mismo autorice ese proyecto que desde el principio concibió Calica», alertó.
La semana pasada, el Presidente López Obrador propuso en conferencia matutina que, aún con el daño que se causó al subsuelo, podrían hacerse «albercas naturales» para aprovechar la zona con el agua turquesa que sale del banco donde han extraído el material.
«Es una de las propuestas que les estamos haciendo [a Legacy Vulcan]. Como ya escarbaron, el agua es turquesa por la piedra, entonces, con un poco de imaginación y de talento se podría utilizar como zona turística, casi albercas naturales, buscando un acuerdo. Pero que ya no se siga destruyendo y que retiren su demanda, porque no tiene fundamento legal», dijo el martes pasado.
La zona de la propuesta turística se ubica donde también estarán estaciones del proyecto federal del Tren Maya, que conectará hacia el Corredor del Istmo de Tehuantepec.
LOS JOAQUÍN Y LOS GONZÁLEZ
Desde Palacio Nacional el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló hace unos días como responsable de dar el permiso de impacto ambiental a Calica el 30 de noviembre de 2000 a la entonces Secretaria de Medio Ambiente, Julia Carabias Lillo, lo cual ella negó y precisó que la operación comenzó desde 1986 con permisos locales cuando el Gobernador de Quintana Roo era Pedro Joaquín Coldwell, exsecretario de Energía en el peñismo y medio hermano del actual Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.
La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) venció en el 2020, pero desde 2018 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró su banco de material por incumplir las condiciones de ese permiso, por lo que en diciembre de ese año la empresa demandó (CASO CIADI No. ARB/19/1) al Gobierno federal por una indemnización por mil 500 millones de dólares amparada en el T-MEC (entonces TLCAN). Si la empresa no acepta modificarlo a albercas turísticas, se recurriría a Naciones Unidas, dijo el Presidente.
Carabias negó a SinEmbargo tener responsabilidad alguna y mencionó que los permisos se dieron desde la década de los ochenta. En una carta más detallada, abundó que Calica ha extraído material pétreo de Playa del Carmen desde 1986 (antes dijo 1988) con permisos federales y estatales, autorizados por la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano, de Comunicaciones y Transportes y del Gobierno de Quintana Roo de Joaquín Coldwell.
Carabias expuso que en 1996 el Gobierno estatal de Mario Villanueva Madrid, detenido y extraditado a Estados Unidos por nexos con el narcotráfico, otorgó autorización a la empresa para ampliar la zona de explotación a dos predios nuevos, La Adelita y Corchalito, y cada cinco años se fue renovando hasta 2016.
Fue hasta el último día del Gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) cuando Fedro Carlos Guillén Rodríguez, titular de la Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental (de la Semarnat), otorgó «en un periodo récord de 36 días» la autorización para ampliar la extracción a ambos predios y usar roca caliza por debajo del manto freático a cielo abierto, práctica que genera pérdida o fracturas del subsuelo, riesgo de hundimientos y contaminación del agua, informó la Semarnat en un comunicado.
La autorización de impacto ambiental no incluyen las obras del puerto ni del camino a las instalaciones, muestra el Sistema de Información Geográfica para la Evaluación del Impacto Ambiental (SIGEIA) de la Semarnat.
A nivel municipal, abundó Carabias, en 2009 el Gobierno de Solidaridad modificó el Programa de Ordenamiento Ecológico (POEL) y declaró ambos predios incompatibles para la minería.
Pero dicho POEL y el Sistema de Información Geográfica para la Evaluación del Impacto Ambiental (SIGEIA) de la Semarnat muestran que gran parte del polígono donde Calica ha generado socavones no está bajo la regulación de ese programa, sino por el de Cozumel.
Ese municipio era gobernado entonces por Juan Carlos González Hernández, primo del exgobernador Félix González Canto y de 2018 a 2021 por Pedro Joaquín Delbouis, hijo de Pedro Joaquín Coldwell.
En 2017 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detectó que Calica no estaba cumpliendo con las condiciones de la autorización de impacto ambiental y en enero de 2018 clausuró parcialmente su banco de materiales que exporta a Estados Unidos.
«Es por esos hechos –la modificación de la legislación municipal y las actuaciones de la Profepa– entre otros, que la empresa alega la afectación de sus derechos y por lo que, en 2018, interpuso un arbitraje en CIADI en contra del Estado mexicano», escribió Julia Carabias.
Desde 2017, las bitácoras ambientales de Cozumel y Solidaridad, gestionadas actualmente por el Gobierno de Quintana Roo de Carlos Joaquín González, hermano de Joaquín Coldwell, no están completas, lo que viola el derecho a la transparencia y acceso a la información sobre el impacto en las costas y fauna marina.
Mientras tanto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió al Embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, establecer comunicación con la empresa por lo que viajó a Quintana Roo para constatar el daño en el suelo de la playa con mar turquesa y buscar la posibilidad de instalar albercas turísticas en los socavones provocados por la extracción de material.
