El capo nacido en Sinaloa, quien ha permanecido durante los últimos 11 años en una celda, desea acortar su condena.
Los Ángeles, 7 de julio (LaOpinión).- Benjamín Arellano Félix, exintegrante del Cártel de los Arellano Félix y en su momento, uno de los narcotraficantes más poderosos de México, continúa con sus intenciones de salir de prisión de manera anticipada.
El capo nacido en Sinaloa, quien fue extraditado a Estados Unidos y ha permanecido durante los últimos 11 años en una celda, desea acortar su condena, la cual terminaría hasta 2033.
Es por eso que el delincuente solicitó a un Juez federal de San Diego la “libertad compasiva”, argumentando el riesgo de contraer COVID-19 en la cárcel como la razón principal de su solicitud de reducción de condena.
Asimismo, señaló en su solicitud que ha cumplido una cantidad “suficiente” de tiempo entre rejas por sus delitos, según los registros judiciales.
Aunque esta petición permanece sellada y la resolución final correrá a cargo de un Juez, los fiscales Randy Grossman y Joseph Green presentaron una respuesta de 19 páginas, en la que explican por qué sería una mala idea otorgar la libertad anticipada.
La fiscalía recordó al Juez que Arellano Félix dirigía un cártel internacional de drogas y, desde esa posición, “supervisó la importación de toneladas de narcóticos a los Estados Unidos”.
Además, el delincuente se encargó de dirigir innumerables secuestros y asesinatos para promover a la organización criminal, que por varios años protagonizó una despiadada guerra en contra del Cártel de Sinaloa, en ese entonces liderado por Joaquín «El Chapo» Guzmán.
Dadas sus acciones, los fiscales consideran que la naturaleza y circunstancias de los delitos no respaldan la reducción de la sentencia que el demandado acusa. Además, un tercer argumento señala la necesidad de disuasión, pues liberarlo o reducirle su condena daría un mal ejemplo a otros delincuentes.
Benjamín Arellano fue detenido por el ejército mexicano el 9 de marzo del 2002 en el estado de Puebla, y nueve años después, en 2011, fue entregado a las autoridades de Estados Unidos. Una vez extraditado a San Diego, se declaró culpable de cargos de crimen organizado y blanqueo de dinero, y aceptó perder 100 millones de dólares como parte del acuerdo. Ahora cumple su condena en una prisión federal de alta seguridad en el condado de Lee, Virginia.
