El Gobernador Ramírez Bedolla solicitó una auditoría para determinar qué ocurrió en ese rubro con más de dos mil millones de pesos durante la administración anterior.
Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).- Alfredo Ramírez Bedolla, actual Gobernador del estado de Michoacán, compartió en conferencia de prensa que ha solicitado una auditoría sobre recursos para obras públicas presuntamente «perdidos» durante la administración anterior.
La cifra asciende a dos mil 229 millones de pesos que estaban destinados a obras públicas de municipios que participaron en un programa del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum) mientras el estado se encontraba bajo la dirigencia de Silvano Aureoles Conejo.
A los municipios les fueron asignados tres mil 267 millones de pesos para el periodo 2018-2021, pero sólo se pagaron mil 69 millones de pesos, razón por la que se dejó de realizar obra pública.
«En 2019, es decir, con el Gobierno anterior, tenemos que al Fondo se les presupuesta 870 millones de pesos y sólo se les dan 504, para 2020 ya fue el acabose porque se presupuestaron 821 mdp y sólo dieron 116, o sea, una octava parte», ahondó el actual Gobernador.
2022 es un año histórico en la repartición de recursos para los municipios. Desde que se creó el Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM), nunca se había invertido tanto obras públicas en Michoacán. pic.twitter.com/i0f9618h2J
— Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) July 5, 2022
El presunto mal manejo de recursos llevado a cabo por Silvano Aureoles lo estaría viendo la Contraloría del estado, así como la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
«Tenemos 12 denuncias por mal manejo de recursos en la administración pasada, 10 fueron puestas con la Fiscalía General de la República y dos a nivel local. Las investigaciones van avanzando bien», indicó.
No es la primera vez que el exgobernador de Michoacán es ligado a un manejo incorrecto de los recursos públicos, ya que se le ha señalado de enriquecimiento ilícito con anterioridad.
MÁS DINERO DESAPARECIDO
El presunto desfalco del que es acusado el exgobernador Silvano Aureoles ascendería a un monto entre los 50 mil y 60 mil millones de pesos en diversos rubros que van desde la seguridad pública hasta el sector salud y económico, según estimaciones preliminares del Gobierno de Michoacán.
La Contralora del estado, Azucena Marín Correa, indicó el pasado mes de marzo en entrevista con SinEmbargo que las cifras son aún estimaciones, pero indicó que el desfalco podría ser mayor a los 50 mil o incluso 60 mil millones, sin embargo, dijo que con la documentación que llevan, hasta el momento sólo se pueden sustentar al menos 6 mil millones de pesos que son los que engloban las denuncias penales que han interpuesto hasta la fecha.
“Ahorita tenemos ya acreditado o comprobado 6 mil millones de pesos. A qué me refiero con acreditado, que ya lo puedo llevar a una instancia de justicia, pero ya con documentos, no es nada más decir: ‘es una tarea pendiente de investigación’. Ahorita el universo total sería aproximadamente de 6 mil millones de pesos, los que tengo acreditados ante instancias o que voy acreditar en los próximos días”, señaló la funcionaria.
La actual Contraloría de Michoacán ha recibido desde octubre a la fecha al menos 148 denuncias o señalamientos por irregularidades o posibles desvíos dentro de la administración de Aureoles, las cuales se derivarán en al menos 18 denuncias penales, según estimó la dependencia. Hasta el momento el Gobierno estatal ya ha interpuesto 11 denuncias: cuatro ante instancias federales y siete ante la Fiscalía General de Justicia de Michoacán.
El Secretario de Gobierno confirmó, a pregunta expresa de este medio, que estas cuatro denuncias tienen que ver con el hallazgo de un presunto fraude por 5 mil 186 millones de pesos en la construcción, arrendamiento y la compra de cuarteles regionales de la policía estatal.
Los delitos que se denunciaron son: enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, asociación delictuosa, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado son por ejercicio indebido de funciones, cohecho y peculado, debido a que se detectaron documentos alterados, cheques extraordinarios a sus percepciones salariales y transferencias a empresas calificadas como irregulares por la SHCP.
Con respecto a las irregularidades en la Secretaría de Salud, el Diputado federal dijo que se habrían destinado recursos por más de 350 millones de pesos a esta dependencia, los cuales fueron entregados a empresas por la vía de adjudicación directa, pero éstas no entregaron los recursos, sino que los redireccionaron a otras o a particulares que están relacionados con el medio Latinus.
«El conflicto (en ese caso) recae directamente en el sentido de que entregaron dinero por adjudicaciones, digamos de servicios que nunca fueron prestados como distribución de medicamentos, equipamiento, etcétera, los cuales fueron entregados (a la Secretaría de Salud) y los recursos fueron redireccionados a empresas ligadas a Latinus«.
En marzo del año pasado, una investigación del periodista Álvaro Delgado publicada en SinEmbargo reveló que un grupo de políticos, entre ellos Silvano Aureoles, estaban detrás del financiamiento de este medio.
El Diputado agregó que —entre las presuntas irregularidades— también hay una adjudicación directa en los últimos días del Gobierno de Silvano Aureoles por más de 137 millones de pesos. «En fin, hay hallazgos en cada una de las áreas, principalmente en salud, y seguridad, relacionados con la renta de patrullas y helicópteros».
-Con información de Romina Gándara, de SinEmbargo