La Fiscalía General de la República (FGR) informó ayer sobre la existencia de tres líneas de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Esto ocurre semanas después de que se hicieran públicas las primeras denuncias formales en su contra, las cuales fueron interpuestas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por el presunto manejo de millones de dólares en fondos posiblemente ilegales.
Ciudad de México, 3 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este miércoles que le corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) decidir si el expresidente Enrique Peña Nieto, sobre quien hay tres carpetas de investigación abiertas por delitos federales, debe regresar a México para enfrentar las acusaciones en su contra.
“Eso lo tiene que decidir la Fiscalía. No me corresponde a mí y no es mi fuerte la venganza, y no es sólo el expresidente [Enrique] Peña [Nieto], es también el expresidente [Felipe] Calderón. Si no, ya hubiésemos presentado denuncia en contra de Calderón, o contra de [Vicente] Fox, o de [Ernesto] Zedillo, o de [Carlos] Salinas. De alguno de ellos yo ya las presenté cuando estaba en la oposición, pero ya creo que están en los archivos. Pero eso es lo que puedo comentar”, dijo.
Ayer, la FGR confirmó que tiene abierta una investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) por diversos delitos federales, tales como su presunta participación en el caso de las denuncias de sobornos de la transnacional española OHL y enriquecimiento ilícito.
“Yo creo que la Fiscalía dio a conocer esta información porque en la mañana se nos preguntó y dijimos que seguramente la Fiscalía iba a informar porque son ellos los que llevan estos casos. Es la Fiscalía la responsable de hacer estas indagatorias. Aquí nada más aclarar que la Fiscalía da a conocer que existen estas denuncias y yo creo que la misma Fiscalía habla de que se están estudiando, analizando”, añadió hoy López Obrador.
Durante su habitual conferencia de prensa matutina, fue cuestionado por su postura política respecto al tema, la cual, aseguró, ha definido muchas veces. «Yo planteé que el Ejecutivo, el Presidente de la República iba a presentar denuncias si la gente lo pedía en una consulta pública. Entonces sí nosotros íbamos a presentar denuncias desde Salinas a la fecha, pasando por Zedillo, Fox, Calderón y el Presidente Peña Nieto», recordó.
El mandatario también reiteró que su opinión era mirar «hacia adelante y que se procurara no repetir actos ilegales y de corrupción, que la justicia también es prevenir y no hacer lo mismo, no caer en lo espectacular y hacer lo mismo; sino que se iniciara una etapa nueva y con todo el peso y rigor de la Ley se nos castigara a nosotros si actuábamos de manera ilegal y en forma corrupta, pero que no nos quedáramos anclados».
“Por eso cuando ya se vencía el plazo para solicitar la consulta sobre este asunto, si el pueblo quería o no, si le importaba o no que se castigara a los expresidentes, tomé la decisión de presentar yo la solicitud, porque si no lo hubiese yo hecho, ahorita los conservadores, adversarios, corruptos, a los que apoyaron todos los expresidentes, porque son hasta eso, malagradecidos, traidores, porque ese grupo estaría diciendo que por qué no pedí que el pueblo decidiera», sostuvo.
Desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal relató que como ya los conoce, dijo «no» y prefirió pedir que se hiciera la consulta popular para que fuera la gente la que decidiera. «Claro, se hizo la consulta y no se llegó al número que se requiere para que fuese una consulta vinculatoria», señaló.
«De todas maneras, también lo he dicho, los procesos existen, tienen que tener su curso. Nosotros no podemos decirle al Fiscal que no actúe o a una dependencia que tenga una carpeta sobre irregularidades o posibles irregularidades, ‘no presentes nada’. No, que presente y que la autoridad resuelva, pero eso es muy distinto a que nosotros por voluntad de la gente estuviésemos metidos, presentando las denuncias», aclaró en su intervención.
LA PESQUISA CONTRA EPN
Enrique Peña Nieto es investigado por presuntos delitos de carácter electoral, de lavado de dinero y de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, el hecho de que la FGR haya informado públicamente sobre las investigaciones aún no implica el inicio de un proceso penal. La dependencia no detalló desde hace cuánto tiempo están abiertas las indagaciones.
A pesar que el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que la lucha contra la corrupción es un asunto prioritario en su Gobierno y ha arremetido contra sus predecesores, en lo que va de su administración no se ha actuado contra ninguno de ellos.
#FGRInforma | #FGR mantiene tres carpetas de investigación por delitos federales en contra de Enrique "P", por delitos de carácter electoral, patrimoniales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y transferencias internacionales ilegales.
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— FGR México (@FGRMexico) August 2, 2022
Según el comunicado de la Fiscalía, el primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la constructora española OHL, que en 2016 fue multada por las autoridades bancarias mexicanas por diversas irregularidades contables.
En esta investigación se buscan posibles delitos de carácter electoral y patrimoniales, y en ella «los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos”, agregó la nota de prensa.
El segundo caso tiene como origen denuncias presentadas por las autoridades fiscales “por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales”. La Fiscalía explicó que antes de judicializar el caso, se precisan “dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables» para, eventualmente, poder abrir un proceso.
Un funcionario federal, que pidió el anonimato al no poder comentar sobre la pesquisa en marcha, aclaró a The Associated Press que esta investigación se origina de las denuncias de la agencia mexicana contra el lavado de dinero, que fue la primera acusación formal contra Peña Nieto, a pesar de una lluvia de denuncias de corrupción que hubo durante su Gobierno.
La tercera pesquisa tiene que ver con un presunto delito de enriquecimiento ilícito, en la cual se están desahogando los dictámenes fiscales y patrimoniales. Según el funcionario, se originó por una denuncia presentada por un particular para comprobar si durante su Presidencia Peña Nieto acumuló más patrimonio del declarado.
Peña Nieto se mudó a España después de dejar el cargo. En julio, tras las acusaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo a través de su cuenta oficial de Twitter que estaba convencido de que las autoridades competentes le permitirían “aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo”.
“Expreso mi confianza en las instituciones de procuración y administración de Justicia”, agregó en ese momento.
Emilio Lozoya, director de la empresa petrolera estatal durante su Gobierno, afirmó que Peña Nieto y su mano derecha, el entonces Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le ordenaron sobornar a legisladores, incluidos cinco senadores, para apoyar una controvertida Reforma Energética y otros proyectos estructurales en 2013 y 2014.
Lozoya, en proceso por delitos de corrupción pero que está colaborando con la justicia desde la cárcel, también involucró a Videgaray en el supuesto uso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht con fines electorales en la campaña de 2012, la que ganó Peña Nieto.
Videgaray negó las acusaciones. En 2021 fue inhabilitado por 10 años por “falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales”.
Ese mismo año se inició un proceso contra Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía durante el Gobierno de Peña Nieto, por supuesto enriquecimiento ilícito. Actualmente es Diputado federal y, por lo tanto, no le afecta porque tiene fuero.
La exsecretaria de Desarrollo Social de Peña Nieto, Rosario Robles, está en prisión preventiva desde 2019 acusada de “ejercicio indebido del servicio público” relacionado con el supuesto desvío de hasta 260 millones de dólares de fondos públicos.
demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales.
Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de Justicia.— Enrique Peña Nieto (@EPN) July 7, 2022
El hecho de que aún no se haya condenado a ningún alto funcionario de gobiernos anteriores ha suscitado críticas y alentado conjeturas de un posible pacto de caballeros entre López Obrador y Peña Nieto, en el que se le habría garantizado impunidad a cambio de reconocer rápidamente su triunfo en las elecciones de 2018 y garantizar una transición pacífica de poderes.
-Con información de AP
