Si bien las caravanas de migrantes han llamado la atención de la prensa, quienes participan en ellas representan un pequeño porcentaje del flujo migratorio que arriba a la frontera diariamente, generalmente con ayuda de contrabandistas.
Por Édgar H. Clemente
HUIXTLA, México (AP) — Varios miles de migrantes que partieron del sur de México hace dos días rumbo a Estados Unidos disolvieron su caravana el domingo después de que las autoridades mexicanas les entregaron unos tres mil permisos para estar temporalmente en el país.
Los extranjeros, en su mayoría venezolanos y centroamericanos, recibieron los permisos para permanecer en México por 30 días mientras continúan sus trámites de regularización migratoria, indicaron a la AP funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM). Esta fue la novena caravana que se forma en lo que va del año.
La migración ha vuelto a atraer la atención tras el descubrimiento esta semana de un camión de carga abandonado en San Antonio, Texas, con más de 60 migrantes en su interior, de los cuales murieron 53.
La tragedia del camión coincidió con un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en el que esta determinó que el Gobierno del Presidente Joe Biden puede anular la polémica medida de su antecesor Donald Trump que obligaba a los solicitantes de asilo a aguardar en México a ser convocados a audiencias en cortes estadounidenses de inmigración.
“De aquí vamos a seguir el paso, vamos a seguir para los Estados Unidos en buses porque ya tenemos el permiso, ya no necesitamos andar en marcha ni nada”, declaró el venezolano William Molina tras recibir el permiso temporal.
Molina tenía apenas dos días de haber llegado con diez familiares a la ciudad fronteriza de Tapachula, en el sur de México, cuando se encontró con la caravana y se incorporó a ella. El grupo partió de esa localidad el 1 de julio.
Si bien las caravanas de migrantes han llamado la atención de la prensa, quienes participan en ellas representan un pequeño porcentaje del flujo migratorio que arriba a la frontera diariamente, generalmente con ayuda de contrabandistas.
Otro venezolano, Francisco Daniel Marcano, indicó que espera que el formato migratorio le sirva para llegar al norte de México y pasar hacia territorio estadounidense, pero comentó que, si no logra ese objetivo, buscará quedarse en los estados norteños de Nuevo León o Coahuila para buscar trabajo y enviarle dinero a sus padres y tres hijos que dejó en Venezuela.
El salvadoreño Manuel Rodríguez, que desde hace seis años se quedó solo después que pandilleros asesinaron a su esposa y a su hija de 17 años, relató que desde esa fecha ha estado huyendo mientras reunía el dinero suficiente y se llenaba de valor para emprender la travesía hacia Estados Unidos. Ahora, tras recibir el documento migratorio mexicano, Rodríguez busca reiniciar su vida y cumplir el llamado sueño americano.
En los últimos 30 días al menos tres grupos numerosos han intentado partir caminando desde la frontera con Guatemala.
Muchos migrantes ya no soportan la estrategia mexicana de mantenerlos en el sur, lejos de la frontera con Estados Unidos. Se quejan de que el proceso de normalización de su estatus —generalmente mediante la solicitud de asilo— es demasiado largo y, dada la escasez de empleos, no pueden esperar tanto.
Las últimas caravanas, integradas en su mayoría por familias completas, sólo han logrado avanzar unos 45 kilómetros y llegar a Huixtla, donde se encuentra el Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo. En esa localidad el INM ha logrado disolverlas al entregarles permisos a los migrantes que han pasado semanas o meses varados en Tapachula.
El fallo de la Corte Suprema estadounidense tendría previsiblemente un escaso impacto inmediato porque el Gobierno de Biden rara vez ha aplicado la medida llamada “Permanecer en México”, la cual fue implementada por Trump.
Otra medida de Trump que sigue vigente, y que no fue afectada por el reciente fallo, le permite al Gobierno expulsar rápidamente a los migrantes sin darles oportunidad de solicitar asilo —a pesar de la ley estadounidense y un tratado internacional—, con el argumento de contener los contagios de COVID-19. Más de dos millones de personas han sido expulsadas de Estados Unidos desde que esa norma entró en vigor en marzo de 2020.
