Los fiscales generales de 17 estados de Estados Unidos apoyaron la demanda que el Gobierno de México hizo contra nueve fabricantes de armas, a quienes acusó de saber que sus prácticas comerciales contribuyen al tráfico de armas entre los dos países.
NUEVA YORK (AP) — Los procuradores de 17 estados de Estados Unidos y más de una veintena de fiscales de distrito mostraron el jueves su apoyo a una demanda presentada por el Gobierno mexicano en la que se acusa a fabricantes de armas estadounidenses de contribuir al derramamiento de sangre en México.
Procuradores de estados como Nueva York, California, Connecticut, Massachusetts, Minnesota u Oregon presentaron una carta de 26 páginas en la corte federal de Massachusetts en la que se lleva a cabo la demanda pidiendo al Juez que deniegue el pedido de los fabricantes de armas de desestimar la querella.
El Gobierno mexicano sostiene que los fabricantes saben que sus prácticas contribuyen al tráfico de armas a México y lo facilitan. Las empresas demandadas son Smith & Wesson, Barrett Firearms, Beretta, Century International, Colt’s Manufacturing, Glock Inc., Sturm, Ruger & Co y Witmer Public Safety Group.
La demanda señala que México quiere acabar con los daños que causan los acusados al facilitar el tráfico ilegal de sus armas a los cárteles de la droga y otros criminales en México. Además, refiere que la amplia mayoría de las armas recogidas en escenas de crímenes en México provienen de Estados Unidos. En 2019, según estimaciones de la cancillería, al menos 17 mil homicidios estuvieron vinculados con esas armas.
Si la demanda es aceptada, la batalla legal podría durar años. México espera una compensación económica millonaria por parte de las empresas.
Los fabricantes y distribuidores demandados han asegurado que existen muchos actores en el negocio de la venta de armas, que es legítima, y que en ese proceso se diluye su responsabilidad. También aseguran que a través de una ley de protección del comercio de armas, el Congreso ha eliminado vías para que los estados les pidan rendición de cuentas.
La ley es conocida como Protection of Lawful Commerce in Arms Act (PLCAA). En su carta, los procuradores aseguran que PLCAA no es un obstáculo a la demanda de México, tal y como aseguran los fabricantes de armas.
«La demanda de México asegura que los acusados saben que han violado la ley común y las normas aplicables a la venta o el mercadeo de armas. PLCAA no es, entonces, una defensa válida ante la demanda de México», aseguran.
Algunos de los procuradores firmantes son Letitia James, Fiscal General del estado de Nueva York; Kwame Raoul, Fiscal General de Illinois y Rob Bonta, Fiscal General de California.
