El Fiscal federal Diego Luciani señala a la expresidenta «que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita piramidal» alcanzado hasta los niveles más altos de la política argentina; Fernández de Kirchner, por su parte, niega las acusaciones.
BUENOS AIRES, 1 de agosto (AP).— Un Fiscal federal acusó el lunes a la Vicepresidenta y exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner de haber encabezado un esquema corrupto de asignación de obras públicas durante su mandato en el juicio que enfrenta junto a otros exfuncionarios.
El Fiscal federal Diego Luciani apuntó contra la exgobernante (2007-2015) como líder de una “asociación ilícita” que favoreció con obras viales a un empresario allegado en la provincia sureña de Santa Cruz. Durante su alegato en el juicio el fiscal también incluyó en ese supuesto sistema de corrupción a Néstor Kirchner, fallecido marido de la dirigente peronista y Presidente entre 2003 y 2007.
Fernández de Kirchner, quien participó de la audiencia de forma virtual, es la principal imputada en el juicio que comenzó en 2019 y en el que están acusadas otras 12 personas, entre ellas varios exfuncionarios. La Vicepresidenta niega las acusaciones y sostiene que la investigación que derivó en este proceso es una persecución política en su contra.
“El Ministerio Público Fiscal tiene por acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de Estado”, afirmó Luciani.
El único juicio que ha afrontado hasta el momento Fernández de Kirchner se encuentra en la fase de los alegatos, en la que las partes piden las condenas o absoluciones de los acusados.
El Fiscal apuntó contra los Kirchner por las irregularidades que se habrían producido durante la concesión de medio centenar de obras públicas a compañías del empresario Lázaro Báez en Santa Cruz, donde el exmandatario se desempeñó como Gobernador antes de ejercer la presidencia. Los delitos imputados son asociación ilícita y defraudación a la administración pública.
El Fiscal hizo hincapié en la decisión de favorecer a Santa Cruz en el reparto de la obra pública, “pese a su baja densidad poblacional” y “en contra de los criterios de razonabilidad que deben regir las contrataciones administrativas”.
Días atrás Fernández de Kirchner sostuvo en redes sociales que el tribunal ya tiene «escrita y creo, a esta altura, hasta firmada” la sentencia y volvió a considerarse víctima de una persecución por parte de sectores de la justicia a los que vincula con su predecesor Mauricio Macri —Presidente entre 2015 y 2019— y uno de los referentes de la oposición.
La Vicepresidenta ha cuestionado en particular un fallo de la Corte Suprema de junio que rechazó todos los recursos presentados por su defensa y las medidas de prueba solicitadas en el marco del juicio.
La Oficina Anticorrupción renunció en junio a su condición de querellante en el juicio y la Unidad de Información Financiera pidió semanas atrás la absolución de la exmandataria.
La Vicepresidenta ha afrontado diversas investigaciones judiciales en los últimos años en las que fue absuelta sin llegar a juicio.
